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La reforma presidencial para crear una aerolínea del Estado operada por militares fue aprobada, por unanimidad, por Morena y sus aliados durante la sesión ordinaria que concluyó la madrugada de este sábado.

La propuesta, aprobada con 64 votos a favor y una abstención, plantea que el Gobierno Federal pueda operar una línea aérea mediante la figura de asignación directa, es decir, no entraría a un proceso de licitación.

Asimismo, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, las cuales están encaminadas a recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea.

El proyecto elimina la figura del cabotaje que permitía a aerolíneas extranjeras prestar servicio en rutas regionales, la cual se incluía en la propuesta original.

Además, propone diversas acciones para recuperar la Categoría 1, entre las que destacan nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para autorizar, regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil.

Será este organismo quien emitirá las reglas de tránsito aéreo, asigne horarios de aterrizaje y despegue y defina las prioridades de turno de las aeronaves en los aeropuertos civiles declarados en condiciones de saturación, además estará a cargo del programa de seguridad de los servicios de control de tránsito aéreo.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pidió al Poder Legislativo dejar de lado cualquier interés político y centrar su atención en los derechos de las personas.

Afirmó que las Senadoras y los Senadores están llamados a responder a la sociedad a la que representan.

Dijo que por la falta de consenso en el Senado de la República para el nombramiento de uno de tres integrantes del INAI se vulnera el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

En un comunicado, el organismo indicó que por disposición constitucional tiene el deber de proteger y tutelar el órgano garante, pues el pleno del Inai continuará sin el quórum previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para poder sesionar.

Explicó que por la falta de nombramientos, se deja a la sociedad sin un medio de defensa cuando vean afectados sus derechos, ya que si bien las personas pueden presentar sus quejas, el Instituto no puede desahogarlas y emitir las resoluciones correspondientes, ya sea para ordenar la apertura de información o para hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales.

“Debe quedar claro que no está en riesgo la institución, sino la tutela de estos dos derechos humanos, consagrados en la Constitución mexicana y fundamentales en todo régimen democrático, por lo que no deben ser violados o interrumpidos”, sostuvo.

Este viernes, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, afirmó que no hay ninguna posibilidad de que el Senado designe aunque sea a un comisionado INAI.

“Ya no tengo posibilidades, ya agoté las mías, para qué mentirle. Intenté hacerlo, pero yo ya estoy agotado en ese sentido. Sí, el tema del INAI es intransitable, no hay forma de que yo pueda responder positivamente, porque el grupo parlamentario (de Morena) ya decidió”, expuso.

El político zacatecano enfatizó también que “no me atrevería a hacer ningún compromiso ya, sobre el tema del INAI. Si ellos (los senadores de Morena) creen que eso es intransitable, pues no nos podemos mover, nadie, esa es la verdad”.

Sin la presencia de la oposición la avala el senado; la reforma presidencial fue enviada a los Congresos locales para su ratificación

Morena y sus aliados aprobaron la reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que permite que quienes tengan 18 años puedan contender para el cargo de diputado federal.

Sin la presencia de la oposición y vía “fast track” que se aplicó a todas las reformas para su aprobación, se emitieron 45 a favor, 9 en contra y 12 en abstenciones, por lo que la reforma presidencial fue enviada a los Congresos locales para su ratificación.

La iniciativa que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también plantea que para ser secretario “se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos”.

La senadora Gloria Sánchez Hernández y María Antonia Cárdenas, Ernesto Pérez Astorga, entre otros, votaron en contra, mientras que la senadora Margarita Valdéz y Martha Márquez, se abstuvieron. Quienes criticaron la iniciativa presidencial y sus alcances fueron abucheados por el resto de la bancada que incluso lanzaron algunos gritos y silbidos.

Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó las reformas para regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para uso industrial en la minería, y así recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos de la nación.

La reforma presidencial fue aprobada sin discusión por Morena, PT, PVEM y PES en la sesión ordinaria en la sede alterna de la Vieja Casona de Xicoténcatl, en el centro histórico.

La reforma, enviada al Ejecutivo Federal, modifica las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De Morena, el senador Napoleón Gómez Urrutia señaló que se debe acabar con la explotación irracional de los recursos naturales y de la mano de obra en el país, así como dar el lugar y respeto que se merecen las comunidades, “y este es un primer paso importante, pero vamos por una reforma integral a la Ley Minera”.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó lo trascendente de la aprobación de este dictamen a la Ley Minera, porque se logró el compromiso de todas y todos los legisladores de establecer las reformas más profundas que se han hecho en esta materia en las últimas tres décadas, pues destaca la protección a las comunidades mineras, al medio ambiente y recuperar la rectoría del Estado sobre el sector minero.

Entre otros objetivos, el documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la legislación vigente para recuperar de esa manera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la Nación.