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Hugo Amed Schultz Alcaraz, uno de los sentenciados por el homicidio de Miroslava Breach Velducea, periodista de Norte de Juárez y corresponsal de La Jornada, espera el veredicto que le otorgue, o la libertad condicional, o la permanencia en prisión por otros cuatro años.

Tras dos días de deliberaciones y la presentación de dos testimoniales, de al menos cuatro recesos y un período de deliberaciones, el fallo aún está en espera y, por tanto, la condición jurídica del sentenciado.

La juez de la causa, María Elena López Morales, ha rechazado la presentación de testimoniales, ofrecidas por la defensa de Hugo Amed, que darían cuenta de los supuestos actos de tortura que recibió el testigo clave que aportó la evidencia para sentenciar a su defendido.

Al igual que en la sesión del miércoles, la juzgadora ha insistido en que el asunto es cosa juzgada y que, en la audiencia en curso, se determinará si es apto para recibir el beneficio de la libertad condicional.

Resumen del caso

A más de ocho años del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017, dos personas han sido condenadas por su participación en el crimen. Sin embargo, para la familia de la víctima y la organización Propuesta Cívica, la justicia sigue incompleta: al menos cuatro personas siguen prófugas y dos figuras clave del PAN en Chihuahua no han sido presentadas ante un juez, pese a los indicios de su implicación.

Hugo Amed fue presidente municipal de Chínipas durante el trienio 2013–2016, postulado por el Partido Acción Nacional. Posteriormente, durante el Gobierno estatal de Javier Corral Jurado (PAN), ocupó un cargo en la Secretaría de Educación y Deporte como coordinador de Educación en la Sierra.

A pesar de que su nombre fue mencionado desde las primeras indagatorias como uno de los posibles autores intelectuales del crimen, permaneció en el cargo prácticamente hasta su detención, el 17 de diciembre de 2020.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó cargos relacionados con su colaboración en el delito, en calidad de “facilitador”.

El 15 de junio de 2021, Schultz fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado, en el cual aceptó su culpabilidad. A cambio, recibió una reducción del 50 por ciento en la pena, ya que de 16 años, fue condenado a solo 8. Además, se comprometió a cumplir con la reparación integral del daño a los familiares de la víctima y a ofrecer una disculpa pública.

En su declaración, expresó “lamento mucho que cualquier acción de mi parte haya contribuido a su lamentable homicidio. Quiero transmitir este mensaje a la familia de Miroslava, en el que reconozco que mi aportación afectó los derechos de Miroslava y lamento las consecuencias que generaron. La ausencia de Miroslava Breach como voz crítica del periodismo, sin duda alguna, afectó el derecho de la sociedad a la información pública.”

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) llevó la acusación y ha continuado el proceso en esa misma calidad.

Schultz renunció, en audiencia, a su derecho de apelar la sentencia. Conforme al artículo 95 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las partes también renunciaron a ese recurso, por lo que el fallo quedó firme y se procedió a la etapa de ejecución de la sentencia.

El asesinato de Miroslava Breach ha derivado hasta ahora en la condena de dos personas. El otro sentenciado es Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, considerado autor intelectual del crimen. Fue detenido en diciembre de 2017 y sentenciado en agosto de 2020 a 50 años de prisión.

No obstante, aún hay otros implicados con órdenes de aprehensión pendientes. Uno es Crispín Salazar Zamorano, alias El Tío Pin, presunto líder del cártel de Los Salazar y señalado como autor intelectual.

Otro, Jasiel Vega Villa, sobrino de Salazar, acusado de encargarse de la logística del ataque.

Otro partícipe, Andrés Zavala Corral, fue quien disparó el arma que terminó con la vida de la periodista aquella mañana. Fue asesinado en diciembre de 2017. Su cuerpo fue hallado en un camino rural cercano a Álamos, Sonora.

Sin embargo, para la familia de la periodista y la organización Propuesta Cívica, aún hay dos personas que deben ser llevadas ante un juez: José Luévano, quien era presidente estatal del PAN, y Alfredo Piñera, entonces vocero del partido en Chihuahua. Ambos tuvieron participación en los hechos previos al crimen, particularmente en la difusión de una grabación obtenida sin consentimiento de Breach, que fue utilizada para exponerla ante actores criminales.

Los gobernadores de Chihuahua y Texas Maru Campos y Greg Abbott, respectivamente, sostuvieron una reunión en la ciudad de Austin, capital del estado texano, para analizar una serie de temas prioritario con el fin de fortalecer la relación bilateral.

En el encuentro se abordaron estrategias en los rubros de desarrollo económico, seguridad fronteriza y migración, con la visión conjunta de definir acciones que deriven en el bienestar de las y los habitantes de las respectivas entidades, se informó por medio de un comunicado de prensa.

Campos acordó con Abbott mantener la suma de voluntades y seguir con la coordinación para enriquecer la relación entre Chihuahua y Texas, en torno a un paradigma de responsabilidad compartida para dar soluciones binacionales y transnacionales, se indicó.

Maru Campos refrendó su compromiso de coadyuvar para generar las condiciones necesarias, para que el estado sea un lugar óptimo para la inversión y el desarrollo integral de las familias chihuahuenses, añade el comunicado.

Como parte de la comitiva estatal, la gobernadora estuvo acompañada por los secretarios de Seguridad Pública, Gilberto Loya y de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández; también asistió Raúl de León, presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), en representación del empresariado local.

Por parte del Gobierno de Texas, estuvieron presentes Jane Nelson, secretaria de Estado; Adriana Cruz, directora para la Oficina de Desarrollo Económico y Turismo; Freeman Martin, director del Departamento de Seguridad Pública; Carlos Ealy, subsecretario para Asuntos Mexicanos y Fronterizos y James Taylor, director de la Oficina de Texas en México.

A ocho años de haber sido reportados como desaparecidos en Cuauhtémoc, tres hermanos fueron localizados por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

A través de un comunicado de prensa, se informó que desde el año 2017, cuando aún eran menores de edad, se fugaron de un albergue, sin embargo, tras localizarlos, se concluye la carpeta de investigación iniciada por el reporte de desaparición.

Las personas localizadas son Rafael C. G., de 21 años de edad, Armando C. G., de 24 años y Esmeralda C. G., de 19 años, quienes hace 8 años se salieron de un albergue en el municipio de Cuauhtémoc, a donde fueron llevados debido al fallecimiento de sus padres, se indicó.

Al ser localizados, los dos hombres indicaron a la autoridad que durante algún tiempo estuvieron en situación de calle, luego empezaron a trabajar en actividades agrícolas en el municipio de Cuauhtémoc y en diferentes comunidades de la región, mientras que su hermana se fue a Ciudad Juárez.

Recientemente, pudieron contactar vía telefónica a su hermana Esmeralda, ahora de 19 años, quien manifestó que se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales, se dio a conocer.

Los tres dijeron que durante todo este tiempo en que estuvieron en calidad de desaparecidos no fueron víctimas de algún delito, apunta el comunicado.

El Congreso del Estado de Chihuahua instaló este martes las Comisiones Unidas de Justicia y Salud, para analizar y en su caso dictaminar dos iniciativas promovidas por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Una de esas propuestas legislativas, conocida como “Ley de los Dos Corazones”, busca penalizar el aborto desde la detección del latido cardíaco del embrión, aproximadamente a las seis semanas de gestación, con excepciones previstas por la ley y sin criminalizar a la mujer.

La primera iniciativa que se analizará es una reforma a la Constitución Política y el Código Penal del Estado para ampliar la protección jurídica al personal de salud, tomando como referencia criterios internacionales.

Ambas propuestas serán analizadas en las siguientes reuniones de las comisiones.

Las Comisiones Unidas serán presididas por la diputada Yesenia Reyes (PAN) y con el diputado Francisco Sánchez (MC) como secretario.

En la sesión de instalación estuvieron presentes las diputadas Herminia Gómez, Xóchitl Contreras y los diputados Guillermo Ramírez y Pedro Torres, mientras que el diputado Francisco Sánchez participó de manera remota.

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