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De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud de Chihuahua, hasta el 26 de mayo en la entidad se han detectado 107 casos de tosferina.

Esta entidad, en conjunto con Aguascalientes y Ciudad de México, son las que más casos tienen detectados a nivel nacional.

De los datos estatales se desprende que Juárez es el municipio más afectado con la detección de 41 casos, seguido de Aldama, con 20; Chihuahua, con 13; Cuauhtémoc y Guachochi, con cuatro cada uno; Allende y Ascensión, con tres, y Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Janos, Nuevo Casas Grandes, Bocoyna y Carichí con un caso en cada uno.

Respecto a los grupos de población más afectados, se indicó que la mayor cantidad se ha detectado en bebés de entre menos de un año y niños de hasta 4 años, dando un total de 80 contagios.

Después, siguen los niños de entre 5 a 14 años con 16 casos confirmados y las personas de entre 25 y 44 años con 5 casos.

Acerca de las defunciones, se informó que ha habido cinco; tres en el municipio de Chihuahua, uno en Ascensión y otro en Guachochi.

La estadística nacional, recopilada por la Secretaría de Salud federal con corte hasta el 23 de mayo, indica que la entidad estaba empatada con la Ciudad de México en el primer lugar con mayor número de contagios, ambos con 99, seguido de Aguascalientes, que tiene un total de 96.

Hasta el 23 de mayo la Secretaría de Salud tenía contabilizado, a nivel nacional, 978 casos, una cifra que prácticamente duplica la cantidad de casos que se presentó en todo 2024.

Cómo detectar la tos ferina

Según las autoridades sanitarias, esta es una infección respiratoria aguda, cuya característica principal es su alta contagiabilidad y que es causada por la bacteria Bortodella pertussis.

Se mencionó que se contrae mediante contacto directo con aquellas personas infectadas, quienes al toser o estornudar, esparcen la enfermedad por el ambiente.

Esta enfermedad tarda, en promedio, alrededor de 10 días de incubación y se compone de 3 etapas: fase catarral, en la que se presentan síntomas similares a una gripa o resfriado común, y que tiene una duración de entre una y dos semanas.

La fase paroxística, que dura aproximadamente un mes y se caracteriza porque la persona sufre de fuertes ataques de tos, acompañado de insomnio. Finalmente, la fase de convalecencia, que se puede prolongar por semanas y meses, en la que la tos comienza a ceder gradualmente.

En el caso de los bebés, se indicó que las principales son que haya apnea, tos severa, fiebre o que haya signos de problemas severos en la respiración.

Se señaló que es importante que, en caso de sospechar que un familiar cercano tenga esta enfermedad, se acuda inmediatamente a un centro de salud para recibir atención médica y, de igual manera, se hagan los análisis correspondientes para confirmar que no se tenga la enfermedad.

Además, se pidió a las familias que, quienes tienen bebés pequeños o recién nacidos, se cercioren de que se tiene la inoculación contra le enfermedad, en caso contrario, acudir  inmediatamente a un centro de salud.

El senador Javier Corral Jurado acusó este lunes al Poder Judicial de Chihuahua de favorecer al exgobernador César Duarte Jáquez, mediante la devolución de propiedades previamente aseguradas durante su administración.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en el programa Los Periodistas, Corral sostuvo que Duarte Jáquez ha disfrutado de una protección judicial proporcionada por jueces “corruptos” lo que ha permitido que bienes embargados al exmandatario sean restituidos, aseguró.

Agregó que quien fuera su antecesor en el Gobierno del Estado “anda paseándose por Chihuahua acompañado de sus cómplices”, exhibiendo la protección que le brinda la administración estatal.

Le aseguraron 139 propiedades…y ya se las regresaron

Corral Jurado, quien ganara la elección de gobernador en el año 2016, postulado por el PAN, recordó que, como parte de la llamada Operación Justicia para Chihuahua, impulsada en su sexenio, se aseguraron 139 propiedades, entre ellas 87 inmuebles urbanos y rurales y más de 50 predios rústicos, que sumaban en conjunto cerca de 37 mil 900 hectáreas, además de maquinaria, ganado y vehículos.

Entre las propiedades que, según el senador, ya fueron devueltas a Duarte, mencionó los ranchos:

  • El Saucito (600 ha)
  • Mesa de las Adjuntas (1,095 ha)
  • El Taray (1,211 ha)
  • De en Medio (551 ha)
  • La Mesa (500 ha)

Todas esas propiedades ubicadas en el municipio de Balleza y la región de Parral.

De acuerdo con Corral, en algunos casos las restituciones se han hecho por resoluciones judiciales locales o federales, pero que, detrás de cada fallo, hay lo que llamó “protección política y judicial”.

Asimismo, reveló que Duarte intentó construir una presa de gran tamaño dentro del rancho El Saucito durante su gestión, con trámites iniciados ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El proyecto debió suspenderse ante las protestas de productores de la región, quienes veían cómo esa obra en el rancho del entonces gobernador los dejaría sin agua.

“El Rancho El Saucito perdió el aseguramiento local, pero la Fiscalía General de la República lo volvió a asegurar dentro de una carpeta federal.

“Ahí están los presones y pozos ilegales con los que Duarte no sólo se robó el dinero del pueblo, sino también el agua”, declaró Corral.

Finalmente, el senador alertó sobre el riesgo de impunidad en el caso Duarte, ante lo que consideró una estrategia sistemática para devolverle propiedades y permitirle operar nuevamente con los recursos naturales del estado.

El abogado defensor del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, acusó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de haber irrumpido de forma ilegal en el rancho El Saucito, ubicado en el municipio de Balleza, a pesar de que, según dijo, existe una suspensión provisional otorgada por una jueza federal que prohibía intervenir en esa propiedad.

En un pronunciamiento emitido este martes, el licenciado Juan Carlos Mendoza Luján, representante legal de Duarte, confirmó que el lunes 26 de mayo fue notificado por personal de Conagua sobre la ejecución de un mandato administrativo en El Saucito.

Sin embargo, aseguró que tanto él como su cliente hicieron del conocimiento de la autoridad que actualmente ninguno de los dos posee legalmente dicha propiedad, ya que se encuentra asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mendoza sostuvo que la acción de Conagua fue realizada de madrugada, con acompañamiento de personal de la Fiscalía estatal, y sin la autorización de un poseedor legítimo del rancho.

El abogado también aseguró tener conocimiento de que un grupo de ejidatarios vecinos al rancho, así como hermanos indígenas que dependen del agua que cruza por esa zona para consumo humano y de ganado, promovieron un juicio de amparo.

Como resultado, dijo, una jueza federal habría otorgado una suspensión provisional contra la ejecución de los actos de demolición y clausura.

Según su declaración, la suspensión fue ignorada por las autoridades, lo cual considera una violación en perjuicio de los promoventes.

Además, Mendoza Luján desmintió las afirmaciones del Gobierno federal en torno al volumen de agua presuntamente retenido por la infraestructura hidráulica construida en el rancho.

Afirmó que la obra mostrada por Conagua —una barda de mampostería rústica de apenas 1.20 metros de altura— tiene más de 40 años en el lugar y que es “absolutamente imposible” que tuviera capacidad para almacenar 700 mil metros cúbicos de agua, como lo declaró la autoridad federal.

“Lamentamos enormemente la desinformación que equívocamente le fue otorgada a la presidenta de la República”, concluyó el abogado.

El pronunciamiento ocurre un día después de que la Conagua informara sobre la demolición de represas, clausura de pozos y recuperación de cauces dentro del rancho El Saucito, como parte de un procedimiento administrativo en firme, que —según la versión oficial— ya había sido confirmado por el Poder Judicial al negarle el amparo al exmandatario estatal.

Cabe mencionar que la postura oficial de la Conagua era en el sentido de que todavía al miércoles 28, al mediodía, no estaban notificados de esa suspensión.

La elección de este 1 de junio no nació de un esfuerzo democrático para mejorar la impartición de justicia, “sino de un intento por controlar al Poder Judicial”, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.

“Lo que debería ser una transformación hacia un Poder Judicial fuerte, transparente y profesional ha derivado en un proceso opaco, improvisado y manipulado”, afirmó el posicionamiento del sindicato patronal.

Adelantó que el resultado de este ejercicio será un sistema “debilitado, expuesto a intereses partidistas y del crimen organizado”.

En el estado de Chihuahua se van a elegir más de 800 cargos judiciales de los cuales, poco más de 300 corresponden al Distrito Bravos con sede en Ciudad Juárez.

El organismo empresarial planteó que la ausencia de criterios técnicos claros, la improvisación del proceso electivo y la falta de un diagnóstico serio previo, derivaron en un modelo “débil, permeable a intereses políticos y vulnerable a la desconfianza ciudadana”.

No partió de un diagnóstico técnico de mejora institucional sino de una lógica de control, la lealtad política sobre la idoneidad profesional, advirtió.

A poco más de 72 horas de que se declare iniciada la jornada electoral del domingo, Coparmex reiteró su oposición al proceso, enfatizando que “no fue consensuado con las distintas fuerzas políticas”.

Criticó el hecho de que fue imposible que la ciudadanía conociera a las y los candidatos por la falta de un proceso transparente de difusión de perfiles y propuestas.

La falta de difusión pública, estructurada y confiable -planteó- “impide ejercer un voto razonado”.

Ante ese escenario la Coparmex desplegó una estrategia nacional de observación con más de 215 observadores que se sumarán a las más de 139 mil registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se informó.

El propósito de la observación electoral, apuntó el comunicado, es documentar irregularidades y denunciar todo intento de manipulación.

En este contexto, sostuvo, “la observación electoral es el último dique frente al debilitamiento de la justicia”.

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