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La gobernadora Maru Campos encabezó esta mañana la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde supervisó las estrategias implementadas durante las últimas horas por las distintas autoridades para garantizar la paz y tranquilidad en la entidad.

A través de un comunicado de prensa, se informó que como parte de la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, la mandataria evaluó los decomisos y detenciones más relevantes que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.

Además, le dio seguimiento puntual a los operativos que se llevaron a cabo en municipios de la Sierra Tarahumara, como es el caso de Moris, donde se intensificó la vigilancia con la Célula BOII y se reforzó la colaboración institucional en beneficio de los chihuahuenses.

Maru Campos exhortó a los titulares de las corporaciones de seguridad a redoblar esfuerzos para fortalecer los instrumentos y procesos que salvaguardan la integridad de las mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad en toda la entidad.

Al encuentro asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el titular de la SSPE, Gilberto Loya; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y los generales de brigada de Estado Mayor, Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente.

También acudió la delegada de programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez; el fiscal federal en la entidad, Ramón Ernesto Badillo; el coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; y el secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila.

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, informó que se reunirá este martes con representantes del gobierno de los Estados Unidos para “estrechar lazos” de colaboración en materia de combate al delito.

En videoconferencia enviada desde la ciudad de Medellín, Colombia, Loya Chávez informó que mañana estará en la capital colombiana, Bogotá, para conocer un centro de inteligencia con el que cuenta Estados Unidos en ese país.

El plan consiste en que la SSPE instale un centro de mando igual a este en la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, dijo.

El funcionario destacó la confianza que el Gobierno de Estados Unidos ha depositado en la administración de Maru Campos al invitar a la entidad a conocer un centro de inteligencia que opera en Colombia.

Desde Medellín, donde participa en el Encuentro Nacional de Innovación en Seguridad, Loya explicó que Chihuahua fue convocado como ponente para exponer la experiencia con la Plataforma Centinela y su aplicación en el combate al crimen organizado.

De la invitación expresa a que visite el centro de inteligencia del gobierno estadounidense, dijo que ello refleja “la confianza que tiene el gobierno estadounidense en Chihuahua y en la gobernadora Maru Campos”.

El funcionario adelantó que la visita permitirá obtener información y modelos de operación para replicar en la Torre Centinela un centro estatal de mando que refuerce la capacidad de reacción ante grupos delictivos.

“Nos dará una ventaja táctica esta colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, pero sobre todo nos permitirá conocer un esquema que ha funcionado exitosamente, para adaptarlo y fusionarlo con las tecnologías que ya empleamos en Chihuahua mediante la Plataforma Centinela”, subrayó.

Loya Chávez añadió que también se están estrechando vínculos con la Policía Nacional de Colombia, lo que abonará a la estrategia de modernización de los sistemas de seguridad en el estado.

Tras su visita a Bogotá, regresará de inmediato a Chihuahua para continuar con la agenda de seguridad estatal y aplicar lo que observe en el centro de inteligencia estadounidense.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, obtuvo una sentencia condenatoria contra José Luis “L”, alias “El Jabón”, por su responsabilidad en el secuestro y asesinato de siete personas, incluido Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia, en un caso que estremeció a México en marzo de 2011.

A través de un comunicado de prensa, la FGR informó que un juez federal le impuso una sentencia de 293 años de prisión y una multa de 2 millones 530 mil 386 pesos por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La FGR recordó que los hechos ocurrieron en Jiutepec, Morelos, cuando un grupo de individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado y otros integrantes de una organización criminal, privaron de la libertad a las siete víctimas.

Ese mismo día, en la colonia Villas del Descanso, los delincuentes asesinaron a las personas secuestradas y trasladaron sus cuerpos a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, Morelos.Tras diversos procedimientos legales, el Ministerio Público Federal (MPF) ejerció acción penal contra José Luis “L”, se indicó.

El caso, que conmocionó a la sociedad mexicana, dio origen al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier Sicilia, quien transformó su dolor en una lucha por visibilizar a las víctimas de la violencia en el país.

La Caravana por la paz de Sicilia

Tras la tragedia, Sicilia organizó la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad, que comenzó el 5 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, y culminó el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, con la participación de más de 200 mil personas.

Esta movilización, silenciosa y cargada de simbolismo, incluyó consignas como “¡Estamos hasta la madre!” y “No más sangre”, reflejando la indignación colectiva por la violencia que, para entonces, había dejado cerca de 40 mil muertos desde el inicio de la estrategia antidrogas del presidente Felipe Calderón en 2006.

En el Zócalo, Sicilia exigió la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y presentó un pacto nacional de seis puntos para reconstruir el tejido social y priorizar la justicia.

En junio de 2011, Sicilia lideró la Caravana por la Paz, que recorrió estados gravemente afectados por la violencia, como Morelia, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Monterrey y Ciudad Juárez, considerada el epicentro de la guerra contra el narcotráfico.

La caravana buscó visibilizar a las víctimas, darles voz y promover la solidaridad entre las familias afectadas.

En Juárez, Sicilia convocó a ciudadanos, empresarios, la Iglesia y políticos a firmar un pacto por la paz, denunciando la “guerra absurda” de Calderón, según consta en los archivos periodísticos.

El movimiento también se extendió internacionalmente, con protestas simultáneas en ciudades como Berlín, París, Montreal, Zúrich y Ámsterdam.

(mr)

El boxeador Julio César Chávez Jr. continuará su proceso en libertad, luego de que un juez federal de Sonora así lo determinara en audiencia celebrada el 23 de agosto de 2025, pese a las acusaciones que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.

El juez Enrique Hernández fijó un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria, por lo que en las próximas horas se prevé que Chávez Jr. abandone el Cefereso 11 de Hermosillo, donde permanecía recluido. La audiencia se realizó de manera virtual por motivos de seguridad, a petición de la directora del penal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Chávez Jr. enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas, debido a presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La orden de aprehensión en su contra fue emitida en marzo de 2023, aunque fue detenido hasta este año por autoridades estadounidenses. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo consideró una amenaza para la seguridad y detectó declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia permanente.

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