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A petición de las personas interesadas y que previamente habían recibido el apoyo de despensas, el Gobierno del Estado implementará una nueva estrategia de ayuda, consistente en la entrega de mil 100 pesos mensuales para personas con discapacidad.

Conforme a un comunicado de prensa emitido este día, se informó que este programa emanado en la administración de la gobernadora Maru Campos, es para facilitar la distribución de apoyos alimentarios a personas con discapacidad en la capital, y se realizará a través de una tarjeta electrónica.

Este método sustituirá la entrega directa de despensas, y surgió a solicitud de las y los beneficiarios, quienes señalaron que este recurso también les puede ser útil para cubrir otros gastos, informó el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera.

El uso de la tarjeta tendrá algunas restricciones, pues no se permitirá la compra de tabaco y alcohol. En esta fase inicial el programa beneficiará a mil personas y a otras 400 que fueron incorporadas en un periodo extraordinario, indicó.

El funcionario dijo que para la implementación de este nuevo proyecto se destinó una inversión adicional de 5 millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 30 por ciento, del presupuesto asignado a este sector.

Añadió que este esquema se implementará de primera instancia en la capital, ya que en varios municipios aún no se cuenta con la infraestructura de Internet, que es necesaria para la operación de las tarjetas.

Al cierre del presente año, se levantará una encuesta para evaluar la efectividad del programa y definir si permanece, se regresará a la entrega directa de despensas, o en su caso, adaptarlo de forma híbrida, añadió.

Loera destacó que la entrega de las tarjetas se hará mediante las brigadas de los “Chalecos Azules”, que visitarán los domicilios para corroborar la información socioeconómica, lo que evitara cualquier tipo de intermediación.

Al momento la entrega de estos vales electrónicos registra un avance superior al 50 por ciento, con más de 550 unidades distribuidas.

La repartición continuará este miércoles en colonias como Villas del Rey, Porvenir, Pedro Domínguez, 20 Aniversario, Progreso Nacional, Chihuahua 2000, Praderas del Sur, Cerro Grande, Felipe Ángeles, 3 de Mayo, Villa Juárez, Margot, entre otras.

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado presentará una iniciativa de reformas al Código Penal para castigar con hasta siete años de cárcel a quien dé un trato inadecuado a los restos mortales de las personas.

La propuesta, que será turnada al pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones, responde a la necesidad de legislar en la materia luego del caso del crematorio Plenitud, donde se hallaron 380 cuerpos embalsamados acumulados.

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada morenista, informó que el proyecto contempla sanciones de entre tres, como penalidad mínima, y hasta siete años de prisión. Actualmente, la penalidad por maltrato a un cadáver va de seis meses a dos años de cárcel.

El legislador consideró que no sería conveniente establecer penas más largas, pues podrían ser declaradas desproporcionadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha sucedido en otros casos.

Actualmente, el Código Penal estatal contempla sanciones en sus artículos 202 y 203, centradas principalmente en actos de inhumación o exhumación sin los requisitos legales, así como en la profanación de cadáveres.

El artículo 202 establece penas de seis meses a dos años de prisión o de 30 a 90 días de multa a quien oculte, destruya o sepulte un cadáver sin autorización, o exhume restos humanos violando la ley. Las sanciones se agravan si se trata de muertes violentas o si la manipulación busca dificultar su identificación, llegando en este caso a penas de cuatro a 10 años de prisión.

Por su parte, el artículo 203 sanciona con seis meses a dos años de prisión o trabajo comunitario a quien viole un túmulo, sepulcro o féretro, así como a quien profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado 174 denuncias de hechos o ampliaciones turnadas a la autoridad penal en los últimos seis años, informó el titular del organismo, Héctor Acosta Félix.

En sesión de trabajo con la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, durante la entrega del Informe Anual de Avances, el auditor mencionó que, además de las vistas a la autoridad por la probable comisión de delitos, se aplicó una cantidad sin precedentes de sanciones administrativas.

En total, son 2 mil 194 denuncias administrativas desde 2019 a la fecha, cifra que equivale a dos por cada día hábil transcurrido desde que inició su gestión.

Acosta detalló que, de los expedientes enviados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), 114 personas están sujetas a procedimiento: 93 servidores públicos y 21 particulares.

Precisó que las denuncias incluyen mil 967 casos por faltas no graves y 227 por faltas graves, más los señalamientos que podrían derivar en acciones penales mencionadas con anterioridad.

“Antes de 2019 no se había presentado ni una sola denuncia de tipo administrativo. La vía administrativa nunca se había explorado”, subrayó el auditor, al destacar la importancia de que la fiscalización de cuentas públicas tenga consecuencias cuando se detectan irregularidades.

Sin embargo, advirtió que las faltas no graves, que deben ser atendidas por los Órganos Internos de Control de cada ente, están quedando sin seguimiento: de los asuntos iniciados, solo 440 han sido concluidos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Leticia Ortega Máynez, reconoció el avance en el trabajo de la ASE y destacó que contribuye a despolitizar la fiscalización. “Es muy importante que así permanezca en el futuro”, afirmó.

Por su parte, los diputados Carla Rivas Martínez y Carlos Olson San Vicente agradecieron la labor del órgano fiscalizador y ofrecieron su colaboración legislativa para mejorar la atención y sanción de las faltas detectadas.

En la reunión también participaron las diputadas Alma Yesenia Portillo Lerma y Brenda Ríos Prieto, así como los diputados Saúl Mireles Corral y Roberto Arturo Medina Aguirre, integrantes de la Comisión de Fiscalización, junto con el grupo directivo de la ASE.

Cinco datos que no conviene olvidar

1.⁠ ⁠- 174 denuncias penales por probables delitos en la administración pública estatal en seis años.

2.⁠ – ⁠2,194 denuncias administrativas desde 2019, el equivalente a dos por cada día hábil.

3.⁠ – ⁠114 personas procesadas: 93 funcionarios y 21 particulares.

4.⁠ ⁠Más de 1,900 faltas no graves pendientes de resolución por los Órganos Internos de Control.

5.⁠ ⁠- Antes de 2019 no existía ni una sola denuncia administrativa en Chihuahua.

El coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, defendió este miércoles el mecanismo convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum para construir una propuesta de reforma político-electoral, frente a las críticas de figuras opositoras como el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa, Estrada subrayó que la comisión creada por el Ejecutivo federal “no es un órgano legislativo”, sino una instancia de consulta previa para escuchar a diversos sectores antes de que la iniciativa llegue al Congreso de la Unión.

“Todavía ni siquiera hay una coma en la propuesta y muchos ya dicen que es autoritaria”, cuestionó. “La presidenta podría enviar una iniciativa sin convocar a nadie, pero en lugar de eso abre la puerta a la participación de quien quiera opinar sobre el tema”.

El legislador acusó a la oposición de confundir la labor de la Comisión con el proceso legislativo formal y recordó que cualquier partido o legislador puede presentar su propia propuesta en la materia.

“No hay limitación alguna para que el PAN, el PRI o Movimiento Ciudadano presenten su iniciativa”, puntualizó.

En Chihuahua, proponen mantener pluris… pero sin lista

Estrada Sotelo recordó que la bancada morenista ya presentó una iniciativa para reformar la legislación electoral local, en la que plantea mantener la representación proporcional, pero eliminando la lista.

La propuesta establece que la asignación de diputaciones plurinominales se realice mediante el método de “prelación”, es decir, que se otorguen a los candidatos que hayan alcanzado las votaciones más altas sin ganar su distrito.

De esa forma, aseguró, se acabaría con la figura de los “diputados de dedazo”.

Actualmente, el Congreso de Chihuahua está integrado por 33 legisladores, de los cuales 11 son de representación proporcional.

“Puede opinar quien quiera”

Sobre las críticas a la composición de la comisión –integrada mayoritariamente por personas cercanas a la Presidencia–, Estrada sostuvo que ello no excluye la participación de otros sectores: “Porque la comisión esté conformada por gente de confianza de la presidenta no significa que nadie más pueda opinar o acudir a los foros”.

El morenista también rechazó las comparaciones entre el titular de la comisión, Pablo Gómez, y Lorenzo Córdova, al señalar que sus trayectorias y posturas son muy distintas, calificando de “desproporcionado” equipararlos.

Acusó a Córdova de no desmentir expresiones discriminatorias contra comunidades indígenas, reveladas en un audio, y criticó que la Suprema Corte de Justicia haya ordenado eliminar toda referencia a ese episodio en los libros de texto gratuitos.

“No se puede poner en los libros que Lorenzo Córdova discriminó y fue clasista, porque si lo ponemos, dicen, discriminamos a Lorenzo. Es una de las últimas aberraciones de la Corte de Norma Piña en su retiro”, afirmó.

Estrada insistió en que la convocatoria de Sheinbaum busca sumar diversas voces y que, lejos de ser un acto de autoritarismo, representa una apertura inédita para construir una iniciativa de reforma político-electoral desde el Ejecutivo.