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La diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT) presentó ante el pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reconocer la llamada violencia vicaria y tipificarla como delito mediante una reforma al artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En la tribuna del Legislativo, la diputada petista reclamó al bloque mayoritario, integrado por PAN, PRI y MC, que hasta la fecha no se haya aprobado una tipología penal que sancione la violencia ejercida a través de los hijos.

“¿No les da vergüenza ser el único estado que no ha legislado violencia vicaria?”, exclamó la diputada, quien representa al Distrito VI con cabecera en Juárez.

Al presentar su proyecto legislativo, explicó que el objetivo es instaurar la violencia vicaria como un tipo específico de violencia contra las mujeres que se ejerce al utilizar a hijas, hijos u otras personas cercanas como instrumentos de daño.

Es una forma de ejercer control, intimidación o castigo hacia las mujeres, reiteró.

La iniciativa recibió el apoyo de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, pero no de quien fuera su compañera de grupo parlamentario, América Aguilar Gil. Tampoco se sumaron las diputadas del PAN ni la de Movimiento Ciudadano.

Las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) efectuaron un despliegue en la cabecera municipal de Guachochi, un día después de que grupos delictivos se enfrentaran a balazos durante varias horas en diversos puntos de esa demarcación durante la tarde del lunes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que las fuerzas desplegadas en el municipio de Guachochi atendieron un reporte sobre un enfrentamiento entre civiles armados, ocurrido la noche de ayer lunes en la cabecera municipal.

Efectivos de la Agencia Estatal de Investigación, en conjunto con miembros del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, realizaron un despliegue operativo en el mencionado lugar, pero no encontraron personas heridas ni fallecidas a causa de impactos de bala.

Hasta la tarde de este martes, sólo se habían asegurado vehículos y armamento que los gatilleros dejaron abandonados antes de fugarse del lugar.

Entre esos objetos, está una camioneta pick up marca Ford, línea F150, modelo 2013 de color gris con reporte de robo en la ciudad de Chihuahua desde el 20 de octubre pasado. Tenía impactos producidos por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, en la calle Pascual Orozco, Policías Investigadores aseguraron un fusil calibre 7.62×39, abastecido con tres cartuchos, así como un chaleco táctico color negro.

Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

En tanto, las autoridades mantienen las acciones de seguridad y de búsqueda de indicios del evento armado, ubicar a los probables responsables, y así como para reestablecer el orden y la paz.

Habitantes de Guachochi reportaron al número 911 que había un tiroteo tanto en la cabecera como en las zonas aledañas.

Vecinos reportan que, entre los sonidos del combate, se escucharon fuertes explosiones, además de las detonaciones de arma de fuego.

En redes sociales se difundieron videos donde se podían apreciar los disparos entre civiles presuntamente vinculados a algún grupo delictivo.

El enfrentamiento ocurre a menos de un mes de que siete personas fueran asesinadas en Guachochi en un tiroteo iniciado por gatilleros que dispararon a mansalva contra personas que estaban desarmadas. Entre las víctimas se encontraba un maestro de primaria.

Integrantes de la organización “Retén Ciudadano” tuvieron un altercado con guardias de seguridad de la Torre Legislativa del Congreso del Estado cuando intentaron ingresar al edificio para exigir a las coordinaciones parlamentarias una respuesta sobre su petición de reducir el cobro del Derecho Vehicular para el año 2026.

Después de varias horas de espera en la Plaza de Armas, frente a la Torre Legislativa, el contingente intentó entrar por la fuerza justo en el momento en que se celebraba la sesión ordinaria del Congreso. Sin embargo, fueron contenidos por los guardias, quienes dejaron la puerta entrecerrada y se colocaron frente a ella para impedir cualquier ingreso.

Rocío Martínez, en representación de Retén Ciudadano, informó que su organización ha solicitado reunirse con representantes de las seis fracciones parlamentarias del Congreso del Estado, pero hasta este martes 25 ninguna de ellas los había recibido.

La reunión tiene como objetivo plantear la necesidad de revisar el cobro del Derecho Vehicular y ajustar a la baja las tarifas que se aplican a las personas de bajos ingresos, pues —señaló— la Constitución establece que las contribuciones deben ser proporcionales al ingreso de las y los ciudadanos.

“Reclamamos sobre el derecho de circulación vehicular, que es el origen de todos los males”, expresó la manifestante, mientras otros integrantes de la organización intentaban, sin éxito, entrar al edificio legislativo.

“Queremos hablar con los diputados y las diputadas, pero vea: nos han dejado plantados una y otra vez. Dijeron que nos iban a hablar y nunca nos hablaron”, reclamó.

En entrevista con Norte Digital, la representante reiteró la postura que Retén Ciudadano ha sostenido desde hace años: que el cobro del Derecho Vehicular sea proporcional al aumento del Salario Mínimo General.

Sin embargo —agregó— siempre reciben como respuesta que el Gobierno del Estado no tiene recursos suficientes y no puede prescindir de esos ingresos.

Finalmente, advirtió que Retén Ciudadano mantendrá su petición de reunirse con diputados de todos los partidos antes de que se dictamine el Paquete Económico del Gobierno del Estado para 2026, en el cual se incluirán los cobros vehiculares, entre otros gravámenes.

El 25 de noviembre de 2017, Brenda Micaela Barattini (26 años entonces) convirtió su departamento de Nueva Córdoba en el escenario de uno de los crímenes más brutales que se recuerdan en la provincia. Con una tijera de podar que había escondido bajo la cama, le cortó casi por completo el pene a Sergio F., su amante de 40 años, mientras él tenía los ojos vendados.

El hombre salió desnudo y desangrándose a la calle, gritando por ayuda. Lo que siguió fueron dos años de juicio mediático, una condena de 13 años y, este 19 de noviembre de 2025, la libertad condicional anticipada de quien la prensa bautizó como “la mujer de la tijera”.

El Tribunal de la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba nunca compró la versión inicial de legítima defensa. Los jueces determinaron que fue un ataque premeditado, motivado por la difusión de un video sexual que Sergio había grabado y compartido sin consentimiento de Brenda.

“Quería que sintiera dolor como yo sentí humillación”, declaró ella misma en el debate oral de 2019. El fallo fue claro: tentativa de homicidio calificado por el vínculo (relación extramatrimonial) y por alevosía. Trece años de prisión efectiva.

Durante casi ocho años, Barattini cumplió en el penal de Bouwer. Aprobó 10 materias de Derecho y 8 de Letras Modernas, trabajó en panadería, peluquería y talleres de reinserción.

Los informes psicológicos y de conducta fueron impecables. El 19 de noviembre pasado, el juez Facundo Moyano Centeno firmó su libertad condicional: había cumplido más de dos tercios de la pena y demostraba “bajo riesgo de reincidencia”.

Ayer, Brenda aterrizó en Comodoro Rivadavia, su ciudad natal. Vive con su madre, tiene prohibido acercarse a menos de mil metros de la víctima, debe presentarse cada 30 días ante la Justicia y continuar tratamiento psicológico hasta 2030. Su abogado, Ramiro Fresneda, resumió: “Pagó su deuda con la sociedad y hoy busca reconstruir su vida”.

Sergio F., la víctima, nunca habló públicamente después del juicio. Se sabe que logró una reconstrucción parcial, pero las secuelas físicas y psicológicas son irreversibles.

El caso Barattini vuelve a abrir la grieta: para algunos es la historia de una mujer que reaccionó ante la violencia simbólica de la “porno-venganza”; para otros, un acto de crueldad que no admite atenuantes. Lo que nadie discute es que, ocho años después, Brenda ya no está tras las rejas.

Y mientras Córdoba recuerda con estremecimiento aquella tarde de noviembre, en el viento patagónico de Comodoro Rivadavia una mujer de 34 años intenta, por primera vez en casi una década, empezar de nuevo.