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Con el objetivo de evitar que los hechos violentos registrados en días recientes en Parral escalen o generen un clima de inseguridad en la región, la gobernadora Maru Campos encabezó una sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en aquel municipio, donde se acordó redirigir y focalizar operativos contra personas generadoras de violencia.

La reunión tuvo como propósito evaluar la efectividad de las estrategias actuales y corregir rutas de acción entre los tres niveles de Gobierno. Aunque las autoridades coincidieron en que los sucesos recientes se tratan de eventos aislados y no de un patrón de violencia generalizada, reconocieron la necesidad de anticiparse, reforzar vigilancia y cerrar espacios a células delictivas.

Entre los acuerdos principales se determinó incrementar las labores coordinadas en materia preventiva, con patrullajes mixtos y trabajo de inteligencia orientado a inhibir delitos y garantizar tranquilidad a la población del sur del estado, una región clave por su conexión con vías carreteras y zonas serranas vulnerables al trasiego y movilización criminal.

En la mesa participaron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; así como los comandantes de la 5/a y 42/a zonas militares, Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez.

También asistieron el delegado de la FGR, Ramón Badillo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el comandante del 32 Batallón de la GN, William Chavarría; el representante de la SSPC federal, Fernando Ávila; la delegada de Bienestar, Mayra Chávez; y el alcalde de Parral, Salvador Calderón.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua, Román Alcántar Alvídrez, afirmó que las manifestaciones en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales tienen un interés político-partidista, ya que ninguno de los señalamientos que hacen sus opositores está contemplado en dicho proyecto legislativo.

En conferencia de prensa, el funcionario federal negó categóricamente que la nueva legislación en materia hidráulica contemple la pérdida de los derechos o concesiones que actualmente tienen los productores agrícolas o pecuarios.

Asimismo, acusó a actores políticos opositores al Gobierno de México de engañar a la población y, en particular, a los usuarios del agua para uso agrícola, con supuestos artículos que afectarían sus intereses.

Cuestionado acerca del presunto favoritismo hacia familiares de funcionarios federales, rechazó categóricamente las acusaciones de tráfico de influencias dentro de la dependencia.

A ese respecto, señaló que detrás de los señalamientos existe una “guerra organizada” por parte de despachos privados que se oponen a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

“Es totalmente falso. Aquí no hay ningún tráfico de influencias en lo absoluto”, afirmó al ser cuestionado sobre presuntas denuncias ventiladas por la diputada federal Rocío González, del PAN.

Aseguró que, si existiera alguna queja o prueba, la dependencia está dispuesta a recibirla y turnarla a las instancias correspondientes.

El funcionario afirmó que los verdaderos productores “no tienen de qué preocuparse”, y que quienes se oponen a la reforma son los que lucran con el agua.

“Ellos son los que están preocupados porque se les va a acabar el negocio”, sostuvo.

Aseguró que los derechos de los usuarios están garantizados, tanto para heredar como para vender, siempre y cuando se realicen los trámites de forma legal ante Conagua.

Acusa a despachos de “desinformar” y lucrar con usuarios

Alcántar Alvídrez comentó que, desde que asumió el cargo, se detectaron prácticas de corrupción y la operación de un mercado negro de trámites alimentado por despachos que intermediaban entre usuarios y la Conagua.

“Dejamos de recibir intermediarios. Trabajamos directamente con los usuarios de los títulos de concesión”, explicó.

Según el funcionario, estos despachos impulsan foros y campañas de desinformación sobre la reforma, pues buscan atraer clientes para litigios o trámites que —insistió— en Conagua son completamente gratuitos.

“Aquí vienen tramitadores a gritarnos para que les recibamos reuniones. Nosotros no hacemos eso”, señaló.

Sin embargo, reconoció que el mercado negro del agua mediante el mal uso de permisos de uso de mantos y ríos es “muy grave”.

El directivo admitió que la entidad enfrenta un problema serio: la compraventa ilegal de volúmenes de agua, especialmente títulos agrícolas que después se usan para fines industriales o habitacionales.

“Anda como en 15 o 20 pesos el metro cúbico”, explicó.

Ejemplificó que la venta de 250 mil metros cúbicos puede representar alrededor de 5 millones de pesos por operación.

La Conagua ha detectado que muchas solicitudes de relocalización de pozos o transmisiones parciales esconden compraventas ilegales. Estimó que podrían existir entre 3 mil y 4 mil casos de este tipo.

La Policía Nacional de España desarticuló una presunta “oficina” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en ese país como centro logístico para tráfico de droga, lavado de dinero y manejo de criptomonedas. El golpe dejó 20 detenidos, además de un amplio decomiso de estupefacientes, armas y efectivo.

De acuerdo con la autoridad española, el operativo —coordinado con la DEA de Estados Unidos y cuerpos policiales de otros países europeos— permitió asegurar 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275 mil euros en efectivo, así como criptomonedas equivalentes a 15 mil USDT. También se incautaron tres armas cortas, 15 vehículos y 14 kilos de plata.

Las autoridades españolas no han difundido la lista completa de nacionalidades de los detenidos; sin embargo, fuentes policiales y medios europeos confirmaron que entre los arrestados hay españoles, italianos, colombianos y mexicanos. Uno de ellos es un empresario español presuntamente vinculado al lavado de dinero; otros operaban como parte de la Camorra italiana; además fueron detenidos mexicanos enviados por el CJNG y colombianos relacionados con la red operativa.

La organización, según la policía, habría montado una estructura establecida en territorio español para importar droga desde Sudamérica y distribuirla en Europa. Además, operaba un sistema paralelo de movimiento de dinero mediante criptodivisas y metales preciosos para evadir controles financieros.

El operativo incluyó cateos simultáneos, vigilancia de meses y colaboración con agencias antidrogas de Estados Unidos. Las autoridades investigan ahora si este centro funcionaba como eslabón clave para el CJNG en el continente europeo.

España se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de cocaína hacia Europa, y en repetidas ocasiones autoridades han señalado la presencia de estructuras vinculadas a cárteles mexicanos, aunque pocas veces se había logrado un decomiso de esta magnitud.

La Policía Nacional divulgó un video del momento en que agentes irrumpen en uno de los inmuebles intervenidos, donde se localizaron parte de las sustancias y el dinero.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Zona Centro, Marissa Yahaira Domínguez Núñez, confirmó que uno de los detenidos por los robos y asaltos registrados en la carretera vía corta, Parral–Chihuahua, servidor público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de Hugo M., excoordinador de Ministerios Públicos de Santa Isabel, quien ya está detenido y judicializado por su presunta participación en la red de asaltos a automovilistas en las carreteras del sur del estado.

En conferencia de prensa, Domínguez Núñez señaló que, hasta este martes 18 de noviembre, nueve personas han sido detenidas por su presunta participación en estos hechos, incluido el exfuncionario antes mencionado.

En al menos dos o tres carpetas de investigación, los indicios llevaron a que el caso fuera turnado a la unidad correspondiente de Asuntos Internos, debido al involucramiento del funcionario, expuso.

La funcionaria detalló la información sobre el caso de los asaltantes a automovilistas durante una rueda de prensa convocada por el fiscal Zona Centro, Heliodoro Araiza, quien inicialmente había sido cuestionado sobre ese tema.

El fiscal refirió el operativo conjunto que emprendieron las fuerzas del orden de los tres órdenes de gobierno para detener la oleada de asaltos en la vía corta Parral– Chihuahua.

En ese sentido, aseguró que, desde que se emprendió ese operativo, solo ha ocurrido un evento, y fue el del 9 de noviembre, cuando dos familias fueron asaltadas a la altura de Satevó y despojadas de los vehículos en los que viajaban.

Cateo reveló evidencia de más vehículos robados

Marissa Yahaira Domínguez informó que, como parte de las diligencias, se ejecutó un cateo en una granja de Santa Isabel, donde se localizó evidencia relacionada con otros vehículos previamente robados en ese mismo tramo carretero.

Asimismo, recordó que, tras una serie de denuncias, se realizó un operativo conjunto en el que participaron cerca de 180 efectivos de diversas corporaciones y se revisaron más de 90 vehículos. Como resultado, durante varios meses no se registraron nuevos robos con el mismo modus operandi.

No obstante, el 9 de noviembre se reportó nuevamente un incidente similar, lo que activó otra vez la coordinación entre la Fiscalía Zona Centro, la Zona Sur y otras corporaciones de seguridad.

“Hemos estado en comunicación constante y operando de manera conjunta. Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de otro evento”, añadió.

Varias de las causas penales avanzan hacia juicio

Respecto a los detenidos, Domínguez explicó que algunas carpetas se encuentran en investigación complementaria, mientras otras ya están en la fase de determinar si avanzan a juicio oral o a un procedimiento abreviado.

La Fiscalía no ofreció más detalles sobre la participación del funcionario detenido, debido a que el caso se encuentra bajo investigación de la unidad interna correspondiente.

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