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El nombre de Benito Molina R. circuló en los pasillos policiacos de la región sur de Chihuahua durante la última década. No era un personaje conocido más allá de los expedientes judiciales y los informes internos; sin embargo, en Hidalgo del Parral su alias —“El 8-4”— era referencia obligada cuando se hablaba de jefaturas criminales o disputas territoriales.

La primera aparición formal de Molina ante la autoridad se registró el 15 de mayo de 2021, cuando la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

La acusación se remontaba a un caso ocurrido el 18 de octubre de 2015: la privación de la libertad de un joven en el rancho Maturana, y su asesinato dos días después en Jiménez, donde el cuerpo fue encontrado con impactos de bala. Aquella detención no solo reveló su identidad completa; también fue la primera vez que el Estado lo colocó como “líder delincuencial” y objetivo prioritario en el sur del estado.

A partir de entonces, se convirtió en una pieza recurrente de notas policiacas y reportes filtrados desde corporaciones de seguridad. En ese terreno —siempre extraoficial— Molina fue señalado como jefe de plaza o principal operador de la célula conocida como Los Salgueiro, un grupo vinculado al Cártel de Sinaloa con presencia en Parral y municipios cercanos.

Ninguna autoridad judicial lo acreditó formalmente en ese rol, pero su alias aparecía con insistencia en las narrativas internas del combate al crimen organizado.

Su protagonismo volvió a los encabezados el 15 de noviembre de 2025, cuando un comando armado irrumpió en el carril Santa Teresa, sobre la carretera Parral–Jiménez, y abrió fuego en pleno evento de carreras de caballos.

El ataque dejó al menos siete personas asesinadas y más de una decena heridas. Minutos después, vehículos atravesados bloquearon la carretera para impedir el arribo de las autoridades.

En las horas siguientes surgió la versión —publicada por múltiples medios y atribuida a fuentes de seguridad— de que entre las víctimas se encontraba Benito Molina, “El 8-4”. Hasta ahora, la Fiscalía de Distrito Zona Sur únicamente ha confirmado la identidad civil de seis fallecidos, sin asociar oficialmente nombres con alias o jerarquías criminales. La presunta muerte del operador, por tanto, permanece en el terreno de la información extraoficial, aunque ampliamente difundida.

Entre detenciones, señalamientos y disputas regionales, Benito Molina se movió en los márgenes: lejos de la notoriedad pública, pero dentro del engranaje criminal que sostiene la violencia cotidiana en Parral y laregión.

Su vida se mantuvo en relativo silencio; su muerte —aún sin confirmar—, en cambio, llegó envuelta en el estruendo de un multihomicidio que volvió a exponer la fragilidad de la seguridad en el sur de la entidad.

El techo del mundo guarda un secreto macabro: al menos 200 cadáveres congelados yacen dispersos en sus laderas, convertidos en hitos silenciosos para quienes intentan alcanzar los 8 mil 848 metros de altitud.

Según datos recopilados por la Himalayan Database y confirmados por expediciones comerciales y autoridades nepalíes, desde la primera ascensión exitosa en 1953 hasta hoy se han registrado más de 330 muertes en el Everest.

La gran mayoría de estos cuerpos nunca han sido recuperados y permanecen exactamente donde cayeron, preservados por temperaturas que pueden descender hasta los -60 °C en la llamada “zona de la muerte” (por encima de los 8.000 metros).

“Green Boots”, “Sleeping Beauty” y “El Saludo” son algunos de los nombres con los que los escaladores han bautizado a los cadáveres más conocidos. El primero, presumiblemente el indio Tsewang Paljor, fallecido en 1996, estuvo durante décadas en la cueva que marca la ruta clásica del collado norte hasta que desapareció (probablemente arrastrado por el hielo o retirado en secreto).

El cambio climático está acelerando un fenómeno inquietante: el retroceso de los glaciares del Khumbu y Rongbuk está dejando al descubierto restos que llevaban décadas sepultados.

En 2024, una operación de limpieza liderada por el Ejército nepalí recuperó cinco cuerpos y más de 11 toneladas de basura entre los campos base y el Campo 4, la mayor remoción en años.

Retirar un cuerpo del Everest es una misión casi suicida. Un cadáver congelado puede pesar más de 150 kilogramos y requiere entre 8 y 12 sherpas, cuerdas fijas y un presupuesto que supera los 100 mil dólares.

“Muchos familiares prefieren que queden allí. Para ellos, el Everest se convierte en su tumba definitiva”, explica Ang Tshering Sherpa, expresidente de la Asociación Nepalí de Montañismo.

Este año 2025, con más de 600 permisos expedidos solo por la cara sur, el número de fallecidos ya asciende a 11, varios de cuyos cuerpos permanecerán para siempre en la montaña.

El Everest no solo es el sueño de miles de alpinistas; también es el cementerio helado más grande y más inaccesible del planeta.

El Gobierno de Canadá actualizó este lunes su aviso de alerta para viaje para México y mantuvo la recomendación de “ejercer un alto grado de precaución” en todo el país, al tiempo que elevó a “evitar todo viaje no esencial” en 14 estados de México, incluido Chihuahua, debido a la persistencia de violencia relacionada con el crimen organizado, secuestros y enfrentamientos armados.

Entre los estados con la máxima restricción se encuentran Chiapas, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, además de zonas específicas de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Sonora.

Solo destinos turísticos como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Ixtapa/Zihuatanejo y ciertas áreas de la Ciudad de México se mantienen fuera de la categoría de mayor riesgo.

En el caso de Chihuahua, la alerta fue lanzada para todo el estado, a excepción de la ciudad capital; los demás municipios son considerados de riesgo.

El aviso destaca que, aunque las zonas turísticas generalmente presentan menor incidencia de violencia entre cárteles, los incidentes pueden ocurrir en cualquier momento y lugar, incluidos hoteles, restaurantes y clubes nocturnos.

En los últimos meses se han registrado tiroteos en playas de Quintana Roo y enfrentamientos en Mazatlán y Culiacán que han dejado decenas de muertos y bloqueos carreteros.

Secuestros y “secuestros exprés”, una amenaza creciente

Canadá advierte que los secuestros —tanto físicos como virtuales— siguen siendo una práctica común.

Los delincuentes contactan a familiares de turistas mediante redes sociales o llamadas telefónicas para exigir rescates, incluso cuando la víctima se encuentra a salvo. Los ciudadanos canadienses no están exentos de ser blancos.

Transporte y carreteras, puntos críticos

El gobierno canadiense recomienda evitar por completo los cruces terrestres desde Estados Unidos y desplazarse únicamente por vía aérea. Las autopistas de cuota, especialmente en la costa del Pacífico y el norte del país, siguen siendo escenario frecuente de asaltos armados y carjackings.

Sheinbaum minimiza el impacto: “No sirve de mucho” y destaca récord en turismo

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, restó importancia a la alerta canadiense, afirmando que “no sirve de mucho” porque el flujo de turistas canadienses sigue en aumento pese a las advertencias.

“Las alertas de viaje no sirven de mucho porque siguen llegando turistas estadounidenses, canadienses, europeos al sureste, a todo el país”, señaló, al tiempo que instruyó a contactar a la Embajada de Canadá para exigir una explicación detallada.

Sheinbaum destacó que México es “hermosísimo” y que el turismo internacional continuará creciendo.

La Secretaría de Turismo de México (Sectur) respaldó la postura presidencial, asegurando que “las principales destinos turísticos del país son seguros”.

Sin embargo, la actualización canadiense coincide con alertas similares emitidas recientemente por Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, lo que genera preocupación en el sector hotelero.

Canadá es el segundo mercado emisor de turistas hacia México después de Estados Unidos.

En 2024, más de 2.1 millones de canadienses visitaron el país, principalmente en invierno.

Los viajeros canadienses que decidan visitar México pese a las advertencias deben contratar un seguro médico con cobertura de evacuación aérea, mantenerse en zonas turísticas, evitar desplazamientos nocturnos y registrarse en el servicio “Canadienses en el extranjero” del gobierno.

El aviso completo puede consultarse en:

https://travel.gc.ca/destinations/mexico

La tarde transcurría sin sobresaltos en San Buenaventura, Chihuahua, cuando un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) irrumpió en un yonke del municipio. Horas después, la escena ya era otra: detonaciones al aire y una comunidad entera desbordada en reclamos.

Lo que inició como una inspección por vehículos robados terminó convertido en un enfrentamiento entre policías y vecinos, y ahora es motivo de investigación interna.

De acuerdo con la versión oficial, los elementos de la Policía Estatal acudieron al yonke para una inspección realizada con el consentimiento del encargado. En el sitio localizaron dos vehículos con reporte de robo, además de autopartes irregulares. Ante ello, procedieron a detener al responsable del establecimiento.

Ese momento fue el punto de quiebre. Lo que había sido un operativo aparentemente controlado cambió en segundos, cuando vecinos comenzaron a acercarse a reclamar, cuestionar y luego impedir que los agentes sacaran al detenido.

Primer video: un agente cercado y la tensión al límite

Uno de los videos grabados por habitantes muestra la tensión acumulada en el yonke. Un agente estatal aparece rodeado por colonos que avanzan, reclaman y señalan.

El policía, visiblemente replegado, levanta su arma larga en posición ascendente, vigilando a quienes lo rodean. La cercanía es extrema: apenas un par de metros entre la autoridad y los habitantes.

Según testigos, segundos después se escucharon las primeras detonaciones al aire.

Otro video revela que la presión sobre los agentes crecía desde varios puntos de la calle. Más vecinos se aproximan, algunos grabando, otros gesticulando, hasta formar un cerco cada vez más denso.

En esta toma, un policía estatal retrocede entre vehículos estacionados mientras observa a quienes avanzan. La calle angosta y el tumulto generaron una situación de encierro que derivó en caos: movimientos bruscos, reclamos directos y un ambiente cargado de confrontación.

Es en ese contexto —con los agentes superados en número y sin espacio para maniobrar— se realizaron los disparos disuasivos al aire, con la intención de abrir paso y contener a la multitud.

La versión oficial: “fue conforme a protocolo”

El vocero de la SSPE, Jorge Armendáriz Fernández, justificó las detonaciones señalando que los colonos lanzaron amenazas e intentaron agredir físicamente a los oficiales.

“Para proteger la integridad del personal y restablecer el orden, se realizaron detonaciones disuasivas al aire”, declaró.

Agregó que la actuación estuvo en estricto apego a lo previsto en el Artículo 279 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que permite el uso de disparos al aire como advertencia previamente a cualquier otro nivel de fuerza.

Para los habitantes, lo ocurrido no fue una intervención ordenada, sino un operativo que se salió de control. Los videos muestran a los colonos interponiéndose en la detención, sí, pero también registran a los agentes en repliegue constante, rodeados, tensos y con escaso margen de acción.

El desconcierto y la indignación crecieron cuando las detonaciones rompieron el aire. Si bien no hubo personas lesionadas, si un fuertereclamo ante la presencia de niños en el lugar del operativo.

Tras las denuncias, los reclamos vecinales y la difusión de los videos, la Subsecretaría de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para revisar el actuar de los agentes estatales durante todo el operativo: desde el cateo, la detención y el manejo del conflicto con la comunidad, hasta la decisión de realizar disparos al aire.

La dependencia determinará si los policías actuaron conforme a los protocolos establecidos o si hubo uso indebido de la fuerza. En caso de encontrarse irregularidades, se aplicarán las sanciones correspondientes.

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