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Durante 2025, varios tramos carreteros del estado registraron una serie de asaltos y despojos de vehículos que encendieron alertas entre usuarios, transportistas y autoridades locales, tanto por su recurrencia como por la violencia con la que actuaron los grupos responsables.

Reportes oficiales y registros periodísticos revisados por este medio dan cuenta de numerosos atracos cometidos en distintos puntos del estado, particularmente en la zona sur y sureste: la vía corta Chihuahua–Hidalgo del Parral, el tramo Parral–Jiménez y la ruta hacia Torreón, Coahuila.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha difundido un informe anual consolidado, los hechos documentados muestran un patrón persistente en tres regiones: la carretera Parral–Jiménez, la vía corta Parral–Chihuahua y la zona Cuauhtémoc–Chihuahua. En estos puntos se concentraron los incidentes más relevantes, con familias enteras afectadas, autobuses de pasajeros asaltados y episodios que derivaron en homicidio.

Asaltos a autobuses y despojos de vehículos

Uno de los casos que mayor indignación generó ocurrió en junio, en la carretera Chihuahua–Hidalgo del Parral, a la altura del entronque a Naica. Según reportes periodísticos, el asalto sucedió a escasos metros de un punto de revisión de la Guardia Nacional. La víctima fue una familia que viajaba en una camioneta Chevrolet Silverado y fue interceptada por un grupo armado.

A lo largo del año continuaron los despojos en ese mismo tramo, especialmente cerca de Satevó y en el entronque Valerio en el municipio de Valle de Zaragoza, donde automovilistas denunciaron ser obligados a detenerse por hombres armados.

Entre el 13 y 14 de abril, un autobús foráneo fue asaltado en la carretera Parral–Jiménez. Testigos señalaron que un grupo armado detuvo la unidad y despojó a los pasajeros de sus pertenencias; no hubo personas detenidas.

En otra zona conflictiva, la carretera Cuauhtémoc–Chihuahua, la Agencia Estatal de Investigación (AIE) aseguró varios vehículos con reporte de robo presuntamente relacionados con asaltos registrados en meses previos.

Más recientemente, se documentó el ataque a un autobús en la carretera Jiménez–Torreón, donde individuos armados abordaron la unidad y robaron a los pasajeros.

El 9 de noviembre, un grupo de ocho asaltantes interceptó a dos familias que viajaban en caravana rumbo a Chihuahua por la vía corta. Los sujetos, vestidos con uniformes tipo militar y equipo táctico, obligaron a los viajeros —incluidos menores de edad— a descender de sus vehículos para luego robárselos.

Casos con desenlace fatal

A inicios del año, una persona reportada como desaparecida fue localizada sin vida en la carretera Parral–Jiménez, en un caso que pasó de desaparición a homicidio. Aunque no se trató de un asalto en sentido estricto, forma parte de la misma secuencia de violencia en la zona.

El episodio más reciente ocurrió el domingo 16 de noviembre, cuando la Agencia Estatal de Investigación encontró siete cuerpos a la orilla de la carretera a Parral, todos con impactos de bala.

Diversas versiones apuntan a que la violencia en el sur del estado deriva de una disputa entre grupos criminales por el control de una región históricamente vinculada a la producción y trasiego de drogas.

Las corporaciones estatales y municipales, junto con la Sedena y la Guardia Nacional la Guardia Nacional, emprendieron operativos conjuntos para abatir el delito de asalto en esa carretera.

Para ese efecto, movilizaron a 179 efectivos de todas las corporaciones posibles, así como vigilancia con drones y el vuelo de un helicóptero.

El resultado fue la recuperación de 90 unidades y una disminución casi a cero casos, pero solo durante unos meses.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum afirmó esta mañana que la marcha convocada bajo el nombre de la Generación Z recibió un impulso financiero de 90 millones de pesos, presuntamente aportados por la oposición y un empresario, con la intención de proyectar a nivel internacional una imagen de represión en México.

“Aquí se mostró que hubo un impulso de 90 millones de pesos, entregados desde la oposición y de un empresario”, declaró durante La Mañanera del Pueblo, al insistir en que la protesta no surgió de manera genuina entre jóvenes.

Sheinbaum sostuvo que la mayoría de los asistentes no correspondían al perfil generacional con el que se promocionó la marcha.

La mandataria añadió que un grupo que llegó al Zócalo lo hizo “muy violento”, equipado con martillos, marros y ganzúas, con la supuesta intención de derribar la valla colocada en la plancha.

“El objetivo era generar un hecho que pudiera ser presentado afuera como represión del gobierno”, aseguró.

Sheinbaum dijo que quienes financiaron y acompañaron la movilización buscaban “construir una narrativa” de agresiones oficiales contra manifestantes, principalmente jóvenes.

“Al revés, aquí protegemos a los jóvenes”, insistió.

El Gobierno de México dio a conocer las acciones del Gabinete de Seguridad realizadas del 14 al 16 de noviembre en 16 estados del país, entre ellos Chihuahua, donde las intervenciones federales dejaron al descubierto nuevamente la tensión que persiste en zonas estratégicas del territorio.

En Hidalgo del Parral, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y Policía Estatal aseguraron 12 vehículos y retiraron dos tractocamiones utilizados para bloquear una carretera, un método recurrente de grupos criminales para obstaculizar operativos y controlar territorios.

Aunque no se reportaron detenciones, el retiro de los camiones confirma la presencia activa de células que operan con capacidad logística suficiente para afectar rutas regionales.

En Ciudad Juárez, personal del Ejército Mexicano detuvo a una persona que transportaba 127 kilos de marihuana y 49 kilos de goma de opio, cargamento valuado en 2.2 millones de pesos.

El operativo incluyó el aseguramiento del vehículo utilizado para el traslado, lo que refuerza la importancia de Juárez como corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las acciones en Chihuahua forman parte de un despliegue federal que se extendió a Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde se realizaron cateos, detenciones y aseguramientos de armamento y droga.

Aunque el gobierno federal destaca estos resultados como parte de una estrategia constante, los hechos revelan que los grupos criminales continúan operando con movilidad y recursos en varios puntos del estado.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) abrió su propio diagnóstico: los reportes de violencia en las escuelas de Chihuahua todavía se levantan “a mano”, con formatos en papel y procesos que complican el seguimiento de casos en tiempo real.

Durante un conversatorio de seguridad escolar con docentes de los subsistemas estatal y federalizado, el subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado, reconoció que la medida “de mayor impacto” para el personal directivo será digitalizar el protocolo de actuación, detección y prevención de violencia, además de incluir la violencia digital en los acuerdos de convivencia.

La admisión deja ver el rezago operativo en la gestión de conflictos escolares, en un contexto donde los planteles enfrentan desde agresiones físicas y acoso hasta incidentes vinculados con violencia digital.

Según lo anunciado, la herramienta permitirá a las y los directores levantar reportes desde sus escuelas u oficinas, con acceso al protocolo completo, y mantener un registro institucional que hoy no existe de manera homologada. El objetivo, afirmó Parga, es que Chihuahua se convierta en el primer estado del país en armonizar los acuerdos de convivencia de 2023 y 2025 emitidos por la Federación.

La SEyD adelantó también la apertura de una oficina de mediación de conflictos al interior de la Secretaría, ante la necesidad de canalizar casos que las escuelas ya no pueden manejar con los mecanismos actuales.

El encuentro se realizó en la Escuela Normal del Estado como parte del Programa de Convivencia Escolar, y reunió a dependencias estatales y organizaciones civiles integrantes de la Mesa de Prevención en Adicciones y Violencia “Todos Juntos por Chihuahua”.

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