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La carretera vía corta entre Chihuahua y Parral, un sueño largamente acariciado por los habitantes del sur del estado, se ha convertido en una pesadilla para quienes viven en sus alrededores.

Sobre todo, para los conductores que, sin imaginar el peligro que los acecha, deciden tomar ese rumbo que no siempre los lleva al destino deseado.

Desde hace años, un grupo delictivo opera de forma permanente en ese tramo para asaltar a automovilistas, especialmente a quienes conducen camionetas de doble cabina o tipo van, todas de modelo reciente.

En eso se convirtió uno de los proyectos carreteros más ambiciosos de los gobiernos anteriores.

En la segunda mitad de la década de 1980, el Gobierno del Estado de Chihuahua inició las obras para concluir la carretera que acortaría la ruta entre Parral y la capital, y también hacia la frontera norte.

En ese entonces, aquello sonaba como un sueño hecho realidad: llegar a Chihuahua en dos horas y media tras recorrer 225 kilómetros, sin pagar casetas.

La otra opción era recorrer 305 kilómetros —de Parral a Jiménez y de ahí a Chihuahua— en tres horas con quince minutos.

El ahorro de tiempo era atractivo, pero más aún el económico, pues evitar la autopista significaba librarse del pago de tres casetas de peaje que, a precios actuales, ascenderían a 298 pesos por viaje, o 596 pesos en un recorrido redondo.

Ahorro en peajes y en gasolina, una hora menos de camino y la oportunidad de conocer paisajes poco transitados. Sonaba perfecto… pero no lo fue.

Después de escuchar las experiencias de más de 50 automovilistas y sus familias solo entre 2024 y lo que va de 2025, la ruta “corta” no unió una ciudad con otra, sino a las víctimas con sus victimarios.

Los 600 pesos ahorrados en casetas se vuelven centavos frente al terror que hoy se vive en la carretera Parral-Chihuahua.

Problema añejo que arreció en 2024

Aunque los asaltos en la vía corta son historia añeja, la problemática se acentuó en 2024, según los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante ese año y meses, la carretera vía corta Chihuahua–Parral fue sinónimo de miedo. Familias completas que regresaban de vacaciones, viajeros que venían de Estados Unidos o personas que transitaban entre comunidades rurales fueron interceptados en la oscuridad por grupos fuertemente armados que robaban sus camionetas y los abandonaban en el monte, maniatados con las agujetas de sus propios zapatos.

“Comenzamos a notar que los robos ocurrían dos veces por semana, casi siempre de noche o madrugada. Los asaltantes actuaban igual: vehículos recientes, pick-ups, preferentemente con placas de Estados Unidos”, relata Marisa Yahaira Domínguez Núñez, coordinadora de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía de la Zona Centro.

La funcionaria recuerda que a mediados de 2024 el número de asaltos se disparó. “Iban encapuchados, con ropa táctica y armas largas. Primero obligaban a bajar a las víctimas, pero después empezaron a subirlas a las camionetas para abandonarlas kilómetros adelante. Fue cuando vimos que la violencia iba en aumento”.

Los asaltantes se movían con precisión. De acuerdo con las investigaciones, llevaban los vehículos robados hacia sitios conocidos como San José del Sitio y Valerio, en el municipio de Satevó, puntos estratégicos para internarse por brechas y desaparecer sin dejar rastro.

Familias enteras bajo amenaza

Entre las víctimas había niños, adultos mayores y viajeros provenientes de Estados Unidos. “Les quitaban todo: teléfonos, equipaje, credenciales, visas. Por eso muchos tenían miedo de denunciar, sentían que los podían localizar”, cuenta Domínguez.

Ante el aumento de casos, la Fiscalía formó un grupo especial de atención, no solo para investigar los robos, sino para acompañar a las víctimas. “Les dimos atención psicológica, jurídica y apoyo para recuperar documentos. Incluso alojamiento y traslado, porque muchos ya no querían regresar por carretera”.

• El cerco que devolvió la calma

Con apoyo de la Guardia Nacional, Sedena y policías municipales, la Fiscalía implementó operativos conjuntos desde Chihuahua y Parral. Un total de 179 efectivos de todas las corporaciones posibles, desplegados en la zona, auxiliados con drones y el vuelo de un helicóptero.

Las cámaras del sistema Centinela resultaron clave para rastrear rutas y ubicar los vehículos implicados.

“En el último operativo revisamos cerca de 90 unidades; logramos identificar cinco pick-ups relacionadas con los asaltos. También aseguramos varios vehículos robados y cateamos puntos sospechosos”, señala la funcionaria.

Aunque los ataques disminuyeron durante varios meses, el pasado 9 de noviembre se registró un nuevo caso: diez viajeros que regresaban de Mazatlán fueron interceptados por ocho hombres armados con rifles y equipo táctico. “Afortunadamente, esta vez hubo una respuesta inmediata. La policía municipal de Satevó acudió enseguida y logramos seguir el caso por cámaras”, explicó.

“Siguen necesitando vehículos”

Domínguez Núñez considera que el repunte reciente obedece a la falta de unidades para el crimen organizado. “Se han asegurado decenas de vehículos en operativos, lo que afecta su capacidad de movilidad. Por eso vuelven a salir a buscarlos”, dice.

Hasta el momento, la Unidad de Robo de Vehículos tiene carpetas agrupadas por modus operandi, con información cruzada que ha permitido establecer líneas de investigación sólidas. “Hemos logrado mantener varios meses con saldo blanco, pero nuestro objetivo es que no vuelva a ocurrir ningún robo”, concluye.

Un total de siete muertos fue el saldo de un ataque armado durante un evento de carreras de caballos ocurrido en el municipio de Parral, donde presuntos integrantes del grupo La Línea atacaron a presuntos jefes del grupo rival Los Salgueiro o Gente Nueva del cártel de Sinaloa. La cifra de lesionados no ha sido determinada.

Un octavo muerto fue agregado a la lista de víctimas, cuyo cadáver desmembrado apareció durante la madrugada de este domingo en el mismo municipio y que sería parte de la respuesta contra los primeros agresores.

A éste último le colocaron una cartulina clavada en la espalda, donde se hacía alusión a la venganza.

Acerca de los siete asesinados, se identificó extraoficialmente a tres de ellos como:

Osvaldo Alonso Sánchez Baca de 21 años, así como Jesús José Nava Villalobos y

David Abraham Solís Torres, ambos de 25 años.

En unas fotografías difundidas, se observó a tres de los masacrados tendidos en el suelo.

El ataque armado durante el evento familiar, llenó de miedo a las decenas de personas que se encontraban en el lugar, donde incluían mujeres y niños, así como músicos que tocaban en vivo.

En un video difundido en redes sociales, se logra captar el momento cuando comienza la balacera, donde se empezaron a escuchar ráfagas de disparos.

La gente empieza a gritar, a tirarse al piso para tratar de protegerse.

Luego de la brutal agresión, se reportaron bloqueos en la carretera Parral–Jiménez durante al menos dos horas, por sujetos armados utilizando tracto camiones de carga, lo cual causó temor, congestionamiento, vial y múltiples molestias.

En Parral y municipios aledaños se implementaron operativos búsqueda de los responsables del crimen, pero no se reportaron resultados.

Un grupo de ciudadanos de distintos municipios del estado se manifestó este sábado en la capital para exigir al Gobierno del Estado la eliminación de lo que consideran cobros “excesivos y sin sustento” en los accesorios de la Revalidación Vehicular 2025. Durante la concentración, los asistentes se encontraron con otro contingente que pedía la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que provocó un choque de consignas entre ambos grupos.

La movilización fue convocada por la organización Reforestemos Chihuahua, cuyo portavoz, Aminadab Corona, afirmó que el malestar por estos cargos se ha acumulado durante años y que en 2025 llegó a un punto “insostenible”.

“Tenemos casi seis años con cargos injustificados. Los accesorios se supone que son para obras, pero esas obras no se ven. Es un abuso notorio”, declaró.

Corona explicó que, según reportes de ciudadanos, los montos varían de manera significativa: los más bajos rondan entre 4 mil y 6 mil pesos, pero hay casos que alcanzan 12 mil o incluso 22 mil pesos, sin que exista información clara sobre su origen o justificación.

Además, denunció que el Gobierno estatal estaría aplicando recargos por no pagar el trámite de 2025, pese a que el año fiscal aún no concluye.

“No pueden cobrar recargos por un año que ni siquiera termina”, reclamó.

El pasado 22 de octubre, José Granillo Vázquez, secretario de Hacienda estatal, anunció el programa “Borrón y cuenta nueva”, que contempla reducciones, quitas y descuentos para deudores morosos de diversos créditos fiscales.

Con este esquema, los contribuyentes pueden ponerse al corriente en sus pagos vehiculares y en otros impuestos estatales, así como en la renovación de licencias de tránsito, transporte y gobernación.

Durante noviembre se aplican los descuentos más altos, alcanzando en algunos rubros hasta el 95%; en diciembre los descuentos llegan al 80 porciento, y en enero al 70 por ciento.

Acusan intento de fragmentar la protesta

Corona también señaló que la marcha del sábado habría sido “intencionalmente dividida” mediante convocatorias separadas difundidas a lo largo del día.

“Se promovieron tres marchas: dos por la mañana y otra por la tarde. Eso dispersa a la gente y reduce el impacto”, afirmó.

A pesar de ello, aseguró que el movimiento sigue activo y que continuarán presionando para que se revise el esquema de cobros. Los manifestantes avanzaron hasta la Plaza del Ángel, donde tenían previsto colocar una consigna.

Al llegar a la plaza, los asistentes se encontraron con personas que participaban en una manifestación previa contra la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena.

Desde ese grupo se escucharon gritos como “Fuera el comunismo” y “Fuera Morena”, a lo que los integrantes de Reforestemos Chihuahua respondieron que su protesta no estaba vinculada a ningún partido político.

La movilización convocada por la llamada Generación Z terminó en episodios de tensión frente al Palacio Nacional, luego de que un grupo de manifestantes derribó parte del cerco metálico instalado para resguardar el recinto.

La protesta inició la mañana de este sábado en el Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y Eje Central. Durante el trayecto no se registraron altercados relevantes y el flujo peatonal se mantuvo controlado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Al llegar al Zócalo, un grupo de participantes se concentró frente al Palacio Nacional, donde estaban colocadas vallas de más de tres metros de altura.

Fue en ese punto donde comenzaron los desbordamientos:

•⁠  ⁠Manifestantes treparon y empujaron las vallas.

•⁠  ⁠Varias barreras metálicas cedieron y cayeron hacia la calle.

•⁠  ⁠Desde dentro del cerco, personal de seguridad utilizó polvo de extintores para impedir que avanzaran.

•⁠  ⁠Se lanzaron objetos como botellas y piedras hacia los elementos de seguridad.

Las imágenes del momento muestran caos, gritos y una nube blanca cubriendo la entrada principal del recinto.

Operativo rebasado

Aunque la SSC desplegó alrededor de 800 policías en el circuito del Centro Histórico, la contención en el punto crítico no fue suficiente para impedir el derribo de la protección metálica.

El uso de extintores —visible en varios videos difundidos en redes— generó mayor descontrol y obligó a los elementos a replegarse momentáneamente hacia el área interior de Palacio Nacional.

Debido a los disturbios, el Metro cerró temporalmente estaciones en el primer cuadro de la ciudad. El tránsito en calles aledañas quedó bloqueado varias horas.

Hasta el cierre de esta nota no se habían informado:

•⁠  ⁠sobre personas detenidas

•⁠  ⁠sobre lesionados

•⁠  ⁠sobre evaluaciones de daños materiales

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