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En la carretera Camargo–Ojinaga, al noreste del estado de Chihuahua, un resplandor rojizo iluminó el horizonte la noche del martes.

El fotógrafo Juan Villanueva registró la escena desde el desierto camarguense, donde el cielo mostró una tonalidad poco común, visible durante varios minutos antes de desvanecerse.

Las imágenes muestran el contraste del paisaje árido con una franja de luz roja que se extendió sobre el horizonte, bajo un cielo estrellado.

El fenómeno coincide con la actividad de tormentas geomagnéticas provocadas por erupciones solares que alcanzaron la atmósfera terrestre durante las últimas horas.

Estos eventos pueden producir auroras —luces polares visibles en zonas cercanas a los polos— que, en condiciones excepcionales, se extienden hacia latitudes más bajas.

En el caso de Chihuahua, las luces se observaron de manera tenue, pero con suficiente intensidad para ser registradas mediante largas exposiciones fotográficas.

Efectos de las tormentas geomagnéticas en el oxígeno

De acuerdo con la información difundida por la cuenta especializada Chihuahua Tiempo Severo, las tormentas geomagnéticas pueden afectar la atmósfera terrestre, incluyendo el oxígeno, de varias maneras:

1.         Ionización del oxígeno: La radiación de alta energía puede ionizar el oxígeno (O₂) en la atmósfera superior, creando iones de oxígeno (O⁺).

2.         Destrucción del ozono: La radiación ultravioleta (UV) puede destruir el ozono (O₃) en la estratosfera, lo que aumenta la cantidad de radiación UV que llega a la superficie terrestre.

3.         Alteración de la química atmosférica: Estas tormentas pueden modificar la formación y destrucción de moléculas de oxígeno y ozono.

El resplandor observado desde el desierto de Chihuahua se suma a los reportes de luces similares en otras regiones del país.

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua autorizó el traslado del exgobernador César Duarte Jáquez a la Ciudad de México para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en una diligencia programada para el viernes 14 de noviembre.

En audiencia celebrada este martes 11 de noviembre en la sala 28, la defensa del exmandatario pidió la modificación de la medida cautelar para viajar a la ciudad de México para realizar el trámite antes mencionado y, para ese efecto, pidió que se le retirara el brazalete de seguridad que porta desde que se le permitió continuar su medida cautelar en libertad, en junio del 2024. Sin embargo, el juez de la causa se negó a acceder a esa petición.

Lo que sí le concedieron es que los custodios que lo acompañarán se trasladen en un vehículo aparte, ya que le resultaba molesto viajar junto con ellos en el mismo auto.

Duarte Jáquez, quien está actualmente sujeto a proceso por delitos de peculado y asociación delictuosa, viajará desde el jueves 13 y regresará el sábado 15 de noviembre, siempre con brazalete electrónico y bajo custodia de agentes de la Fiscalía estatal.

El traslado se autorizó a solicitud de la defensa de Duarte, quien permanece vinculado a proceso desde 2022. La audiencia ante la FGR estaría relacionada con una revisión de carpetas de investigación vinculadas al rancho “El Saucito”, una de las propiedades aseguradas como parte de los bienes presuntamente adquiridos con recursos del erario.

Cabe mencionar que Duarte Jáquez no estuvo presente en la audiencia, sino únicamente su representación legal, la cual difundió el dato de que su defendido acude de manera voluntaria a la capital del país para revisar expedientes y atender gestiones jurídicas, y no por una orden de traslado dictada por la FGR.

El Gobierno estatal informó previamente que el desplazamiento se enmarca en el cumplimiento del oficio FGR/FECOC/FEIAR-1951/2025, aunque sin precisar los detalles de la diligencia ni el carácter procesal del exmandatario durante su estancia en la Ciudad de México.

César Duarte Jáquez fue extraditado de Estados Unidos en junio de 2022 y enfrenta acusaciones por el desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal, presuntamente canalizados a través de un esquema de triangulación con empresarios y funcionarios de su administración.

El segundo lugar nacional que ocupa Chihuahua en homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025 es, para la diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), una muestra de que la Plataforma Centinela no ha dado resultados pese a su alto costo y a las promesas de modernizar la seguridad pública en el estado.

Durante la sesión ordinaria celebrada este martes en el Congreso, la legisladora cuestionó la falta de indicadores verificables, la opacidad del contrato y la baja credibilidad de la empresa encargada del sistema, al tiempo que exigió al Ejecutivo estatal rendir cuentas sobre los recursos invertidos.

Ortega Máynez, representante del Distrito II con cabecera en Juárez, señaló que Chihuahua acumula más de mil 300 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de este año. No obstante, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra oficial al cierre de octubre asciende a mil 527 casos, lo que ubica al estado en la segunda posición nacional, solo por debajo de Guanajuato, con 2 mil 229 víctimas.

En su intervención en el pleno, la diputada criticó tanto el monto del gasto como la opacidad en la información sobre el proceso de contratación y la baja confiabilidad de la empresa a la que se adjudicó el proyecto.

“Las respuestas del Ejecutivo sobre la Plataforma Centinela, más que aclarar, confirman tres cosas: que el contrato se adjudicó de manera discrecional, que el proyecto se maneja con opacidad estructural y que los resultados en seguridad no corresponden al tamaño del gasto”, expresó.

La legisladora explicó que el contrato, identificado como SH/ADE/079/2022, fue tramitado bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, aunque el proyecto incluye infraestructura, equipamiento y software operativo, lo que —dijo— debería someterse a un proceso de licitación pública con mayores controles.

“El presupuesto estatal y la descripción del contrato dejan claro que no se trata solo de un servicio intangible, sino de un proyecto con características de obra pública, que en teoría exige procesos de licitación mucho más estrictos”, puntualizó.

Ortega destacó además que la información del proyecto fue reservada por cinco años, lo que impide al Congreso y a la ciudadanía revisar precios, alcances técnicos y cláusulas de cumplimiento.

“Escogen la ley que les da más margen, aplican la excepción más amplia y ni siquiera demuestran haber cumplido sus propios requisitos mínimos”, advirtió.

La diputada recordó que auditorías y reportes públicos en otras entidades han señalado sobrecostos e incumplimientos de la empresa Seguritech, contratada por el Gobierno del Estado, lo que —dijo— debió considerarse antes de otorgarle un contrato por más de 4 mil millones de pesos sin licitación.

“El Gobierno estatal entregó a Seguritech el contrato más caro en la historia de Chihuahua, pese a los antecedentes negativos y sin garantizar resultados verificables en materia de seguridad pública”, concluyó.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado propuso crear una ley para fomentar, pero también para regular y vigilar el correcto uso y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en la entidad.

El diputado Alfredo Chávez Madrid, coordinador de la bancada panista, presentó en la tribuna del Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua.

La iniciativa contempla prohibir la manipulación subliminal, la clasificación social generalizada y el uso indiscriminado de tecnologías biométricas en espacios públicos, salvo en casos excepcionales debidamente autorizados.

Además, busca garantizar que el avance tecnológico en Chihuahua se desarrolle de manera “transparente, responsable y con respeto a los derechos humanos”.

Con esa ley, dijo el legislador panista, se propone que el desarrollo de la IA en Chihuahua promueva tanto la innovación como la inclusión tecnológica en todos los sectores.

Chávez Madrid explicó que la propuesta introduce una clasificación de niveles de riesgo —mínimo, limitado y alto— para los sistemas de inteligencia artificial, con el fin de definir medidas de supervisión y seguridad acordes a su impacto potencial.

Buscan crear un Consejo Estatal y un Registro de sistemas de IA

La iniciativa contempla la creación del Consejo Estatal de Inteligencia Artificial, un órgano consultivo y multisectorial que se encargará de coordinar políticas públicas, lineamientos técnicos y evaluaciones de impacto social.

Asimismo, se prevé el Registro Estatal de Sistemas de Inteligencia Artificial (Reesia), que permitirá identificar qué sistemas operan en el estado, sus objetivos y niveles de riesgo.

“El propósito de esta ley es claro: fomentar la innovación sin descuidar la ética ni los derechos de las personas. Queremos que Chihuahua sea pionero en el uso responsable de la inteligencia artificial, donde la tecnología sirva al ser humano y no al revés”, afirmó el legislador panista.

La propuesta será turnada a comisiones para su análisis, y se espera que convoque a la participación de universidades, empresas tecnológicas y organismos especializados en el debate sobre el futuro digital del estado.

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