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La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) lanzó una alerta a la ciudadanía debido a que se detectó una cuenta clonada en redes sociales, en la cual se pretende suplantar la identidad del subsecretario de Estado Mayor, Luis Aguirre.

Según informó la corporación, a través de esta cuenta falsa se han enviado mensajes solicitando códigos de verificación para supuestamente unirse a grupos de mensajería instantánea, como WhatsApp.

Sin embargo, se trata de un intento de engañar a la ciudadanía para obtener información personal, vulnerar la seguridad y clonar sus cuentas personales, por lo que se exhorta a la población a no responder ni compartir información personal o códigos de acceso.

Además, piden denunciar y reportar el perfil falso en las plataformas donde se detecte.

La Policía Cibernética de la SSPE dio a conocer que mantiene una campaña permanente de prevención sobre el uso responsable de redes sociales y recuerda a la ciudadanía no difundir información confidencial, así como verificar la autenticidad de los perfiles antes de interactuar y evitar compartir enlaces o archivos de procedencia desconocida.

El estado de Chihuahua se encuentra entre las entidades donde el crimen organizado recluta con mayor frecuencia a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con una publicación de Milenio y con advertencias de organizaciones civiles que exigen una respuesta urgente del Estado mexicano.

El medio nacional documenta que más de 250 mil menores en todo el país están en riesgo de ser utilizados por grupos delictivos como halcones, vigilantes, mensajeros, transportistas, extorsionadores o sicarios.

En Chihuahua, la mezcla de pobreza, deserción escolar, violencia y presencia sostenida de células criminales ha creado un terreno fértil para que los reclutadores operen con impunidad, principalmente en zonas periféricas y comunidades rurales.

Las organizaciones advierten que los grupos delictivos aprovechan la vulnerabilidad social y la falta de oportunidades, ofreciendo dinero fácil, pertenencia y protección a jóvenes que, en muchos casos, carecen de alternativas reales de vida.

El fenómeno, señalan, se agrava con la influencia de contenidos musicales y digitales que glorifican el narcotráfico y la violencia, lo que normaliza la figura del joven involucrado en actividades criminales.

A nivel nacional, Milenio ubica a Chihuahua, Colima, Baja California, Estado de México y Ciudad de México entre las entidades con mayor riesgo, y subraya que, pese a la gravedad del problema, no existe en México una sola persona adulta procesada por reclutamiento de menores, ya que este acto no está tipificado como delito.

Las organizaciones civiles urgen al Gobierno federal y a los congresos locales a reconocer el reclutamiento forzado de menores como una forma de violencia extrema y a crear políticas integrales de prevención que ataquen las causas estructurales de esta práctica.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un mensaje firme frente a quienes han sugerido la participación de Estados Unidos en los asuntos internos del país.

“Se equivoca el que llama a la intervención de Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie. Somos un país soberano e independiente”, declaró durante su conferencia mañanera de este martes 11 de noviembre.

Sheinbaum recordó que cada vez que México permitió la intromisión de una potencia extranjera, el costo fue enorme. “La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaran la mitad del territorio”, dijo en referencia al conflicto de 1846 y al Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual el país perdió más de dos millones de kilómetros cuadrados.

Las declaraciones se produjeron tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, hecho que algunos sectores han utilizado como argumento para insistir en una intervención extranjera.

“Nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos”, puntualizó la mandataria.

Sheinbaum insistió en que México mantiene una relación de respeto con otros países, pero no de subordinación. “La cooperación no significa sumisión. La historia nos enseñó a defender nuestra soberanía, y no vamos a renunciar a ella”, afirmó.

Con ello, la presidenta envió un mensaje de unidad nacional y reafirmó su postura frente a cualquier intento de injerencia extranjera: México, dijo, “resolverá sus desafíos con justicia, con paz y con independencia”.

El fiscal anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, acusó al juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez de actuar “de manera furtiva e ilegal” al asumir la competencia del caso penal que se sigue contra el exgobernador Javier Corral Jurado, su exsecretario de Hacienda Arturo F. V. y un empresario particular, por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal.

En conferencia de prensa, Valenzuela informó que un juzgado federal concedió al Gobierno de Chihuahua la continuación de la causa penal 3050/24, en la que los tres señalados están acusados de peculado por el presunto desvío de recursos destinados a la contratación de servicios para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El fiscal señaló que el fiscal especializado en Asuntos Relevantes de la FGR intentó atraer el caso “de manera ligera”, cuando dicha facultad corresponde exclusivamente al titular de la Fiscalía General de la República.

Denunció además que la audiencia donde se determinó la atracción del caso se realizó sin notificar ni permitir la participación de la Fiscalía Anticorrupción ni de la Secretaría de Hacienda estatal, reconocida como víctima en el proceso.

“La audiencia se llevó a cabo de manera furtiva. Se violaron las garantías de audiencia y acceso a la justicia. Pretenden obsequiar un pase de salida al hoy imputado Javier Corral”, declaró Valenzuela.

El fiscal sostuvo que la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) carece de fundamento legal, pues no existe un acuerdo formal de atracción emitido por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, como exige la ley. Afirmó que la FGR busca sustraer el caso del ámbito estatal sin tener competencia ni denuncia federal que lo justifique.

Explicó que los recursos involucrados en el presunto peculado corresponden a participaciones federales ya ministradas al Estado, por lo que adquirieron naturaleza estatal.

“El peculado afecta única y exclusivamente al patrimonio de Chihuahua. La competencia es del juez local del Distrito Judicial Morelos, no del ámbito federal”, recalcó.

La Secretaría de Hacienda estatal promovió un juicio de amparo contra la resolución del juez federal, al considerar que se violó su derecho de audiencia, mientras que el juez local presentó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, para definir qué instancia deberá continuar con el proceso.

Valenzuela añadió que una jueza federal otorgó la suspensión definitiva del amparo promovido por Corral, lo que impide entregar la carpeta de investigación a la FGR.

“No vamos a descansar hasta que los 98.6 millones de pesos desviados sean devueltos a los chihuahuenses. La justicia no puede ser objeto de arreglos o maniobras políticas”, afirmó.

Finalmente, el fiscal subrayó que la defensa de la jurisdicción estatal no representa una confrontación política con la Federación, sino un ejercicio de soberanía y respeto al pacto federal.

“Es alentador constatar que aún existen jueces que mantienen su independencia. Contra la verdad y la ley, no hay maniobra que valga”, concluyó.