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Mientras el sistema penal del estado y del país continúa iniciando causas penales contra personas que incurren en el delito de aborto, en el ámbito oficial esta práctica se lleva a cabo en hospitales públicos, aun sin que la paciente que lo solicita presente un amparo concedido por la justicia federal.

Información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) revela que en lo que va del año se han practicado dos abortos sin que las pacientes se hubiesen acogido a un amparo, a pesar de que el Código Penal estatal sanciona con cárcel este tipo de procedimientos.

Datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indican que dos mujeres —una de 30 y otra de 40 años— se practicaron abortos en la clínica Lázaro Cárdenas del Issste, ubicada en la capital del estado.

Una de ellas recibió cuatro consultas médicas y la otra tres, según el informe entregado por la institución. En ambos casos, ninguna de las pacientes presentó amparo de algún tribunal federal.

Anteriormente, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado había informado a Norte Digital, también vía PNT, que en la clínica Salvador Zubirán se practicaron siete abortos a mujeres que tampoco presentaron amparo judicial.

Todas esas intervenciones —que incluyeron consultas médicas previas e interrupciones del embarazo— forman parte del programa “Aborto Seguro” de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Más cárcel que atención médica

Mientras dos hospitales públicos —uno federal, el Lázaro Cárdenas, y otro estatal, el Salvador Zubirán— han practicado interrupciones de embarazo, las autoridades ministeriales detuvieron y presentaron ante la justicia a cuatro personas por el delito de aborto entre enero y septiembre de este año.

En 2024, fueron siete personas acusadas por la misma conducta, tipificada en el Código Penal del Estado.

El artículo 143 establece penas de seis meses a tres años de prisión a quien provoque el aborto con el consentimiento de la mujer, mientras que el artículo 146 contempla la misma sanción para quien lo practique voluntariamente.

Además, al profesional médico —incluidas parteras o matronas— que lo realice, se le retirará la licencia para ejercer.

En Chihuahua, la frontera del tráfico ya no solo se mide en hectáreas, sino en litros de sustancias líquidas, unidades farmacéuticas y gramos de compuestos sintéticos.

Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de casi una tonelada de drogas aseguradas en distintos operativos en el estado de Chihuahua, pero el dato más revelador no fue la cantidad, sino la variedad de sustancias destruidas, que exhibe una transformación del mercado criminal hacia drogas sintéticas, alucinógenas y de laboratorio.

Entre los narcóticos incinerados destacan más de 854 kilos de marihuana, casi 25 kilos de metanfetamina en distintas presentaciones, más de tres kilos de cocaína y clorhidrato de cocaína, así como heroína, amapola, cannabinoides, psilocibina y THC.

Además, se eliminaron 111 litros de metanfetamina líquida y diversos objetos relacionados con delitos contra la salud.

Las diligencias se realizaron en el Noveno Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Juárez y en el campo de tiro de la Quinta Zona Militar, carretera Chihuahua–Delicias, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Fiscales de la federación y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) supervisaron la incineración para garantizar que el proceso cumpliera con la normatividad vigente.

El perfil de las drogas incineradas confirma una tendencia ya visible en la frontera norte: la sustitución de cultivos tradicionales por sustancias químicas de alta rentabilidad.

Mientras la marihuana sigue encabezando los decomisos, el volumen de metanfetamina, cocaína y derivados de THC muestra la consolidación de laboratorios clandestinos y rutas de síntesis que operan desde zonas urbanas.

La inclusión de psilocibina —un alucinógeno derivado de hongos— y de cannabinoides procesados evidencia que el tráfico local ya no se limita al trasiego internacional, sino que abastece también un mercado interno en expansión, con consumidores que combinan fármacos, psicotrópicos y drogas recreativas.

Mediante un comunicado la FGR reiteró que las acciones de destrucción son parte del esfuerzo institucional para impedir que las drogas regresen al mercado negro. Sin embargo, la variedad de los narcóticos incinerados deja claro que la guerra química del narco ha llegado a los laboratorios de Chihuahua.

Numeralia

•⁠ ⁠Total destruido: 884 kilos de sustancias ilícitas

•⁠ ⁠Marihuana: 854 kilos

•⁠ ⁠Metanfetamina: 25 kilos en distintas presentaciones

•⁠ ⁠Metanfetamina líquida: 111 litros

•⁠ ⁠Cocaína y clorhidrato de cocaína: 3.7 kilos

•⁠ ⁠Heroína: 2 gramos

•⁠ ⁠Amapola: 2.3 kilos

•⁠ ⁠Cannabinoides y THC: más de 1,500 unidades

•⁠ ⁠Psilocibina (hongos alucinógenos): 100 gramos

•⁠ ⁠Psicotrópicos varios: 3,300 unidades

•⁠ ⁠Objetos de delito destruidos: 5

•⁠ ⁠Lugares de incineración: Ciudad Juárez y Chihuahua capital

•⁠ ⁠Instituciones participantes: FGR, Sedena, AIC y Órgano Interno de Control

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) invitó a las personas y asociaciones de vecinos a enlazar sus cámaras de videovigilancia a la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), sistema que actualmente cuenta con mil 664 dispositivos externos conectados.

Quienes deseen integrar sus cámaras a la red de la DSPM pueden hacerlo mediante un convenio que autoriza el acceso únicamente a las cámaras instaladas en el exterior de los inmuebles, garantizando así la privacidad de los habitantes.

Para recibir información sobre el procedimiento, los interesados pueden comunicarse al teléfono 614-442-73-00, extensión 3102. Un técnico acudirá al domicilio para explicar los requisitos y la forma en que opera este programa.

De acuerdo con la corporación municipal, esta estrategia de enlace con la plataforma de videovigilancia fortalece la seguridad en negocios, escuelas, plazas comerciales y zonas habitacionales.

Con la integración de estos sistemas, la red de monitoreo amplía su cobertura y mejora la capacidad de respuesta ante cualquier incidente, ofreciendo mayor protección a la ciudadanía.

En el marco de la conmemoración por los 200 años del Poder Judicial, fue presentada y entregada oficialmente la primera Unidad Móvil de Justicia Itinerante en el estado de Chihuahua, un proyecto que busca acercar los servicios jurídicos a comunidades apartadas y grupos en situación de vulnerabilidad, con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia.

La nueva unidad fue presentada ante magistradas, magistrados, integrantes del Órgano de Administración y de la Defensoría Pública. Funcionará como una oficina móvil equipada con computadoras, impresora, red de conectividad móvil y mobiliario especializado, lo que permitirá ofrecer atención jurídica en campo, de manera más ágil, directa y con un enfoque humano.

El vehículo cuenta con una mesa con capacidad para ocho personas, escáner para digitalización de documentos, frigobar, sillas ejecutivas y ergonómicas, así como dos escritorios con almacenamiento, todo ello con una inversión superior a un millón y medio de pesos.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, destacó que la Unidad Móvil representa “la semilla de uno de los programas insignia que arrancará de manera integral en colonias y municipios del estado”.

“Este esfuerzo refleja nuestro compromiso de renovar la forma en que el Poder Judicial trabaja, llevando la justicia a las calles, sin dilación, de manera eficaz y humana. La impartición de justicia no es una tarea individual, es una acción compartida en la que cada miembro del tribunal tiene un rol importante”, expresó Herrera Sandoval.

Asimismo, la presidenta del Órgano de Administración, Karla Reyes, reconoció el compromiso del personal del Poder Judicial que brinda atención ciudadana y se suma a los esfuerzos de la justicia itinerante, reiterando el respaldo institucional a las próximas acciones que se desplegarán en distintas zonas del estado.

En congruencia con la filosofía “Justicia Cercana a Ti”, personal especializado del Poder Judicial brindó asesorías jurídicas gratuitas en la colonia Jardines de Oriente, a través del programa 3AM de la Defensoría Pública, donde vecinas, vecinos y familias recibieron acompañamiento legal en materias familiar, penal, civil y laboral, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el acceso equitativo a la justicia.