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El Congreso de la República del Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien acusa de intervenir de manera indebida en los asuntos internos del país sudamericano.

La decisión fue aprobada este jueves 6 de noviembre con 63 votos a favor, 34 en contra y 5 abstenciones, tras un debate en el que los legisladores peruanos reprocharon las declaraciones de la mandataria mexicana en defensa del expresidente Pedro Castillo Terrones, destituido en 2022 tras intentar disolver el Congreso, así como el asilo político otorgado por México a su exprimera ministra, Betssy Chávez Chino.

“¡El Perú se respeta! El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú”, publicó el parlamento en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con el dictamen aprobado, Sheinbaum habría emitido comentarios “ofensivos” contra el Gobierno de Dina Boluarte, al calificarlo como resultado de un “golpe de Estado” y al mantener un discurso de respaldo hacia Castillo y sus colaboradores.

El Congreso peruano también reprochó que la administración mexicana haya concedido asilo diplomático a Betssy Chávez, exprimera ministra procesada por los delitos de rebelión y conspiración, argumentando que esta acción constituye una intromisión en el sistema judicial de ese país.

Antecedentes de una relación tensa

La declaración de persona non grata contra Sheinbaum se suma a una serie de roces diplomáticos entre Lima y Ciudad de México desde 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador también fue declarado no bienvenido en Perú por expresar su apoyo a Pedro Castillo y cuestionar la legitimidad del Gobierno de Dina Boluarte.

Aunque el pronunciamiento del Congreso peruano es simbólico y no implica consecuencias prácticas inmediatas, refleja la continuidad de una crisis diplomática que ha tensado las relaciones bilaterales entre ambos países, en particular por los casos de asilo político otorgados por México y las declaraciones de sus líderes sobre la política interna peruana.

Hasta el momento el Gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre el nuevo pronunciamiento del Congreso del Perú.

Con casi un mes de retraso, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó puntos de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatal y federal a atender a la población afectada por las inundaciones registradas en octubre en Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, e incluir a los damnificados en los programas de apoyo que se aplican en otras entidades del país.

Durante la sesión del jueves 6 de noviembre, la diputada Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN) presentó una iniciativa de punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Bienestar levantar un censo de damnificados en ambos municipios y otorgar apoyos directos a las familias afectadas.

En el mismo documento, pidió al Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitir la declaratoria de emergencia, la cual —recordó— no ha sido publicada a pesar de que el desastre ocurrió hace casi un mes.

Reyes Calzadías, quien la semana anterior no pudo presentar su propuesta por falta de quórum, señaló que los municipios del noroeste del estado sufrieron severas consecuencias por el temporal, pero no han sido contemplados en los programas federales que sí se activaron en otras regiones del país.

Explicó que, tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la Secretaría del Bienestar estableció el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, destinado a mitigar la vulnerabilidad de quienes enfrentan emergencias derivadas de fenómenos naturales o sociales.

Sin embargo —añadió—, los habitantes de la región noroeste desconocen dicho programa y no han recibido visitas de personal federal para registrar daños ni brindar apoyos como limpieza de viviendas, reposición de muebles o recuperación de documentos extraviados.

“En Chihuahua, al igual que en las tragedias del sur, la resiliencia de la sociedad civil ha sido heroica, estirando la mano una y otra vez por sus vecinos. Pero la solidaridad de la gente no debe sustituir la responsabilidad del Estado”, expresó Reyes Calzadías.

Finalmente, subrayó que la promesa de mitigar la vulnerabilidad de las personas en emergencia debe aplicarse por igual en todo el país, “desde las costas de Veracruz hasta la sierra de Chihuahua”.

Por su parte, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta presentó un exhorto adicional para que el Gobierno del Estado explique las razones por las cuales no se ha emitido aún la declaratoria de emergencia.

Asimismo, con 19 votos a favor y 10 abstenciones, fue aprobada una moción del diputado Carlos Olson San Vicente, en la que se solicita al Gobierno Federal informar por qué no ha atendido la declaratoria de emergencia por las lluvias intensas del pasado 30 de junio en el municipio de Chihuahua.

En ninguno de los puntos de acuerdo aprobados se mencionó al municipio de Juárez, donde más de 20 colonias resultaron afectadas y cientos de viviendas sufrieron daños por el desbordamiento de arroyos e inundaciones, sin que hasta la fecha se haya incluido a los damnificados en programas de apoyo oficiales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno no pasará por encima de los intereses de los ejidatarios de Témoris para garantizar la operación del gasoducto que cruza el estado de Chihuahua y se extiende hasta Sinaloa.

Durante la conferencia mañanera del 6 de noviembre, la mandataria fue cuestionada sobre las demandas de los habitantes de esa comunidad, perteneciente al municipio de Guazapares, quienes denuncian el incumplimiento de una sentencia judicial que obliga a la empresa operadora del ducto a pagar por el uso de sus tierras.

Al respecto, Sheinbaum sostuvo que, como en otros conflictos agrarios, “tiene que haber diálogo” para resolver las diferencias. Subrayó que, si bien el país requiere infraestructura energética, “no se harán las cosas como en el pasado”, cuando las obras se ejecutaban sin el consentimiento de las comunidades afectadas.

“Es un agravio”, dijo la presidenta, al referirse al hecho de haber construido el gasoducto sin la autorización de los ejidatarios ni un beneficio directo para ellos.

“No se pueden hacer los proyectos como se hacían en el pasado, en contra de las comunidades. Tiene que ser con las comunidades”, enfatizó.

Sheinbaum destacó la relevancia de los gasoductos para abastecer plantas estratégicas —como la petroquímica de Tula, Hidalgo, y la termoeléctrica de Sinaloa—, pero insistió en que debe prevalecer el diálogo y el respeto a la voluntad de las comunidades.

Un conflicto que lleva años sin resolverse

El conflicto se originó en 2015, cuando la empresa TC Energy (antes TransCanada) construyó el gasoducto en la zona serrana de Chihuahua. Los ejidatarios se inconformaron y obtuvieron un fallo del Tribunal Agrario del Distrito 5, con sede en la capital del estado, que declaró nulos los contratos y escrituras firmados con la empresa trasnacional.

La resolución, emitida en 2018, ordena a la compañía celebrar nuevos contratos “justos y apegados a la ley”, al considerar que los anteriores vulneraron los derechos agrarios de los comuneros.

Sin embargo, los ejidatarios reclaman que, siete años después, la empresa no ha cumplido con la sentencia, por lo que han advertido que podrían volver a cerrar el gasoducto en señal de protesta.

El ducto parte de El Encino, en Chihuahua, y llega hasta Topolobampo, Sinaloa. Tiene una extensión total de 540 kilómetros, de los cuales 17 atraviesan la comunidad de Témoris.

Para entender:

¿Qué está en juego en Témoris?

El gasoducto El Encino–Topolobampo forma parte de la red nacional que abastece de gas natural a plantas eléctricas e industrias del norte del país. Sin embargo, en su paso por la sierra de Guazapares, atraviesa tierras ejidales que los habitantes aseguran fueron ocupadas sin consentimiento ni pago justo.

Para los ejidatarios, la disputa no solo es económica: representa la defensa de su territorio y del derecho a decidir sobre el uso de sus tierras. Para el gobierno federal, en cambio, el reto es mantener la operación de una infraestructura estratégica sin repetir los abusos ni las imposiciones del pasado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó este jueves la identidad del presunto responsable del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

El fiscal Carlos Torres Piña informó que el agresor era Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario del municipio de Paracho, quien habría actuado bajo los efectos de metanfetaminas y con vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con la autoridad estatal, el cuerpo del joven fue reconocido y reclamado por sus familiares la tarde del miércoles. Los parientes declararon que el menor se había ausentado de su domicilio una semana antes del ataque armado.

Torres Piña explicó que la prueba de rodizonato de sodio aplicada al cuerpo del adolescente dio resultado positivo, lo que indica la presencia de residuos de plomo y bario en sus manos, y confirma que fue quien disparó en al menos seis ocasiones contra el alcalde.

El funcionario añadió que el análisis toxicológico reveló consumo reciente de metanfetamina, dato corroborado por los familiares del atacante.

La Fiscalía indicó que el joven no actuó solo, y que la investigación continúa abierta bajo la línea de delincuencia organizada, pues se presume la participación de al menos dos personas más en el atentado.

El crimen, perpetrado a plena luz del día y frente a decenas de asistentes al festival, ha generado una fuerte condena nacional e internacional.