El senador Javier Corral Jurado denunció que autoridades del estado de Chihuahua aseguraron una cabaña de su propiedad bajo el argumento de presunta corrupción, una medida que calificó como ilegal, inútil y parte de una estrategia de persecución política impulsada —dijo— por el gobierno estatal.
Aseguró que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua carece de competencia para intervenir en el caso, situación que —afirmó— ya fue resuelta en dos ocasiones por jueces federales y ratificada por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito.
A través de su cuenta en X, el exgobernador y actual senador acusó a la Fiscalía Anticorrupción y a su titular, Abelardo Valenzuela, de mantener el expediente activo pese a resoluciones judiciales adversas.
Corral Jurado enfrenta un proceso penal en el estado de Chihuahua por un presunto desvío de recursos superior a los 98 millones de pesos, que —según la acusación— habría sido cometido junto con el entonces secretario de Hacienda, Artur J. V., durante el proceso de reestructuración de la deuda estatal en 2019.
No obstante, el senador enfrenta el proceso en libertad, debido a que cuenta con fuero constitucional, además de que se impidió su aprehensión en la Ciudad de México durante un operativo de la Fiscalía General de aquella entidad.
El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en el que informó el aseguramiento de una cabaña ubicada en la reserva natural protegida de Basaseachi, propiedad de Corral Jurado.
“Patadas de ahogado”
A juicio del senador, el único recurso que le queda al gobierno estatal es el “golpeteo mediático”, mediante el uso de recursos públicos para difundir una narrativa que calificó como “amarillista y sin sustento”.
Corral vinculó esta acción con la reciente detención del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, a quien calificó como “protegido” del actual gobierno estatal.
Sostuvo que dicho arresto reactivó el interés nacional en la Operación Justicia para Chihuahua y en el caso de la “nómina secreta”, y señaló como principal beneficiaria a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien —recordó— la Fiscalía General de la República ha señalado por presuntos sobornos.
Asimismo, Corral afirmó que el reconocimiento de la competencia federal en su caso ha generado nerviosismo en el gobierno estatal, pues —aseguró— no sólo se demostrará su inocencia, sino que también quedará al descubierto una presunta fabricación de delitos y una colusión entre funcionarios estatales y jueces para consumar una venganza política.
Finalmente, lamentó que la institución encargada del combate a la corrupción en Chihuahua esté encabezada —dijo— por una persona “servil a los intereses del Ejecutivo estatal” y carente de conocimientos jurídicos, lo que —advirtió— debilita el estado de derecho en la entidad.
