Después de mantener cancelados los carriles comerciales en todos los cruces internacionales de Juárez y otras fronteras, además de cerrar tramos carreteros en distintos puntos del país, anoche agricultores y transportistas aceptaron los términos de un acuerdo con el Gobierno Federal.
Desde el lunes hasta ayer jueves, las negociaciones se desarrollaron en la sede de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México. El diálogo pasó por un momento crítico cuando, hace dos días, representantes del Frente Nacional para la Defensa del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas se levantaron de la mesa señalando que no había respuestas claras por parte de los funcionarios federales.
Incluso ayer, después de acudir a reuniones en la Cámara de Diputados y el Senado en busca de interlocución y luego de más de 13 horas de discusión, surgió un momento de rechazo por parte de agricultores del noroeste, quienes acusaron al gobierno de estarles dando “atole con el dedo”.
Minutos después de las cinco de la tarde, cuando ya se consideraba un acuerdo preliminar para liberar al menos tres cruces —Jerónimo, Palomas y Guadalupe— los manifestantes regresaron los tractores y volvieron a cerrar los accesos.
En el cruce Jerónimo–Santa Teresa, los productores Kenley Berland y Jacobo Weber, de Galeana y Buenaventura, advirtieron que no se retirarían sin una muestra de seriedad del Gobierno Federal.
“Nos habían dicho que nos iban a avisar nuestros representantes en la Ciudad de México y no nos han hablado, y sabemos cómo le gusta dar atole con el dedo al gobierno, y nosotros no nos estamos rajando”, expresó Berland.
“Como chihuahuenses y mexicanos —agregó— no estamos dispuestos a perder esta batalla, porque nuestras vidas dependen de que no pase esta ley como la quieren pasar”.
La referencia fue a la Ley de Aguas Nacionales, cuya aprobación ahora parece inminente en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Weber —productor de granos de 33 años— señaló que ha dedicado su vida al campo, pero consideró que “como están las cosas, ese esfuerzo se ha quedado sin sentido”.
El bloqueo incluyó los carriles de exportación e importación de los puentes Zaragoza–Ysleta y Córdova–Américas, así como los cruces Guadalupe–Tornillo, Palomas–Columbus y Jerónimo–Santa Teresa.
Más de 8 mil camiones vacíos detenidos en El Paso, pérdidas por varios miles de millones de pesos, riesgo para miles de trabajadores de la industria, desabasto de combustible en estaciones de Juárez y múltiples afectaciones económicas y operativas en frontera fueron expuestas por organismos empresariales horas antes, cuando la posibilidad de una solución aún parecía lejana.
El primer anuncio de apertura parcial fue hecho poco después del mediodía por el delegado estatal del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Arnulfo Arreola, quien informó que serían liberados tres cruces y el acceso en la sede de la Aduana en El Chamizal. Sin embargo, cerca de las 4:00 de la tarde, el mismo Arreola confirmó la caída del acuerdo.
Un largo estira y afloja
Los líderes no se habían retirado de la negociación: permanecían en lo que Arreola describió como un “estira y afloja” con la Secretaría de Gobernación.
A las nueve de la noche, los dirigentes nacionales Baltazar Valdés Armentia y Eraclio Rodríguez Gómez anunciaron públicamente el fin de los bloqueos. Firmaron una minuta con seis compromisos: cinco para distintas instancias federales y uno para el movimiento, consistente en levantar las protestas.
Valdés Armentia pidió en un mensaje público que se liberaran los accesos, condición necesaria para formalizar lo pactado. La minuta fue compartida minutos después a través de grupos de WhatsApp.
Rodríguez Gómez —quien el lunes encabezó la toma de la Aduana en Juárez— declaró a las afueras de Gobernación que dentro del acuerdo se incluyó la realización de modificaciones a la Ley General de Aguas Nacionales.
Aunque por la mañana el director de Conagua, Efraín Morales, aseguró que era falso que la nueva legislación impidiera heredar concesiones, Rodríguez sostuvo que se lograron ajustes para permitirlo. Dijo además que en la iniciativa —aún en discusión en San Lázaro— se establecerán criterios distintos para el uso agrícola, industrial u otros.
El documento firmado, del cual Norte Digital obtuvo copia, describe medidas de apoyo a productores y reconoce omisiones previas de instancias federales. También plantea compromisos en materia de seguridad ante la presencia de grupos criminales en zonas agrícolas.
Las partes acordaron instalar una mesa permanente el 8 de diciembre, para continuar el debate sobre el modelo agroalimentario nacional.
En el punto 4 de la minuta se indica que las observaciones, aclaraciones y adiciones relacionadas con la Ley del Agua fueron integradas en un documento adicional cuyo contenido no fue difundido.
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