El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal para castigar con prisión las llamadas falsas o de broma al número de emergencias 9-1-1, tras una iniciativa impulsada por el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, y analizada en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.
La modificación adiciona el Artículo 307 Bis, que sanciona a quien, de manera intencional, realice una llamada falsa o comunique un aviso inexistente que provoque la movilización de servicios de seguridad, emergencia médica, Protección Civil o rescate.
La pena base es de seis a doce meses de prisión y multa de 100 a 400 UMAs.
Las sanciones pueden aumentar hasta en una mitad la prisión y hasta en una tercera parte la multa si la llamada genera movilización efectiva de corporaciones o causa daños, lesiones o perjuicios.
El juez evaluará factores como reincidencia, número de reportes falsos y magnitud de recursos movilizados.
La reforma aclara que no se aplicará sanción penal si la llamada falsa deriva de un error de apreciación sin dolo, conforme a las excluyentes de responsabilidad del Código Penal.
La diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, explicó que cada reporte falso ocupa líneas y recursos, retrasando la atención a emergencias reales.
Los operadores deben tratar todo aviso como genuino hasta verificar lo contrario, lo que puede implicar el despliegue de ambulancias, patrullas, bomberos o rescate, dejando zonas sin cobertura temporal.
En 2025, el sistema 9-1-1 en Chihuahua recibió 2 millones 454 mil 268 llamadas, de las cuales 65.30% fueron improcedentes, según datos oficiales.
Esta saturación distrae recursos destinados a incidentes legítimos y representa un riesgo para la seguridad pública.
Con la reforma se busca promover un uso responsable del servicio y priorizar la atención oportuna a quienes realmente la requieren. La medida se alinea con disposiciones similares en otros estados del país.
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