Tras la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, un juez frenó la desaparición mientras asociaciones alistan más amparos contra esta decisión, por la que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que “no hay ningún problema” y “se va a resolver”.
Luis Asali, presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE), explicó a EL UNIVERSAL que trabajan en amparos porque esta decisión es “profundamente lesiva a la democracia en México, a la independencia judicial y a la división de poderes”.
El abogado indicó que este acto implica una “arbitrariedad” impulsado desde el Poder Ejecutivo y “consumado con la venia” del Legislativo, por lo que se busca defender a la ciudadanía “porque es a los ciudadanos a quienes más puede lastimar el que se afecte la independencia judicial”.
“Lo que estamos viendo es cómo dos poderes que tienen la misma ideología, pueden perjudicar al otro poder. Evidentemente, en la medida en que un poder puede o pretende someter al otro desde el lado del presupuesto, con eso está tratando de vulnerar su independencia.
“El presupuesto de un Poder no debiera, en lo absoluto, poder ser vulnerado por el otro”, dijo Asali.
El presidente del CNLE señaló que además de los de la ciudadanía, también se encuentran en juego los de los trabajadores del Poder Judicial.
“Que se logre suspender de inmediato la totalidad de la ejecución de esta decisión, o por lo menos de aquellas que tengan que ver directamente, que son en su mayoría, con las prestaciones sociales de los trabajadores del Poder Judicial y sus familias.
“Estamos hablando que son más de 55 mil personas las servidoras y servidores públicos que laboran dentro del Poder Judicial, y estos fideicomisos tienen distintos fines, pero en su mayoría tienen que ver con prestaciones de carácter social”, refirió Luis Asali.
Indicó que “es totalmente falsa la narrativa impulsada desde el Poder Ejecutivo” de que los fideicomisos son privilegios para los ministros.
Llamó a la sociedad a defender la democracia, los poderes y la independencia judicial, así como atraer “receptores internacionales” como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados.
Sobre la posición de la ministra Norma Lucía Piña, presidenta de la Corte, de abrir diálogo con el Ejecutivo para destinar recursos de los fideicomisos a las personas afectadas por el huracán “Otis”, Luis Asali mencionó que se está tratando de tender un puente “con un presidente que solamente se ha distinguido por ser reaccionario y polarizante”.
“La posición de la ministra yo la veo como una posición de una persona sensata, de una persona digna, y de una persona que quiere evitar la polarización y acudir a una racionalidad para tratar de cuidar y proteger a los miembros del Poder Judicial de la Federación”, señaló.
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