El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y votará este jueves el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que propone invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo pasado, debido a que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo para su aprobación.
En el decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El proyecto considera que todas las violaciones acreditadas al analizar la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso porque ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.
En mayo pasado, la Suprema Corte declaró inválida la primera parte del plan B, que comprendía el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El proyecto del ministro también refiere que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento de la Cámara.
Tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que no fueron dictaminadas, se presentaron al momento de iniciar la sesión y se aprobaron en tan solo cuatro horas.
En el caso que se discutirá este jueves destacan violaciones adicionales al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior.
Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara Baja sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.
Además, se demuestra que las cámaras modificaron artículos del proyecto de decreto que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, cuando el artículo 72 inciso E, de la Constitución prohíbe que se revisen los preceptos ya aprobados.
El ministro Laynez remarcó que estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.
Este lunes la Corte difundió el proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek en el que refiere que toda vez que se determinó la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, éste deja de tener eficacia por completo.
En consecuencia, las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían al 2 de marzo de 2023.
Esto abarca las disposiciones reformadas, adicionadas y derogadas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la totalidad de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado. Además, no podría ser modificado hasta que concluya el proceso electoral 2023-2024.
El proyecto detalla que, si el Congreso de la Unión decide, en ejercicio de sus facultades, legislar nuevamente sobre la materia del decreto invalidado, no deberá incurrir en el vicio de inconstitucionalidad relativo a la ausencia de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad.
Esto luego que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores de la oposición interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra del plan B de la reforma electoral.
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