De manera unánime, el Congreso del Estado autorizó este miércoles a 66 municipios de la entidad contratar financiamientos en su modalidad de crédito simple, por una suma total de 2 mil 506.1 millones de pesos, cuyo pago estará garantizado con recursos federales.
El dinero que obtengan de esas líneas de financiamiento sólo se podrá destinar a proyectos de inversión pública productiva, según quedó establecido en el dictamen que aprobó el Legislativo, durante su sesión de Período Extraordinario de Sesiones efectuado este jueves 12 de junio.
El municipio que se le dio el margen más amplio de endeudamiento es Juárez, ya que podrá contratar créditos por un total de hasta 986 millones 960 mil pesos, cuyo pago esté garantizado por el fuente de pago al Fondo General de Participaciones, y otros 173 millones 800 mil pesos con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
En total, Juárez podrá contraer créditos por mil 160 millones 760 mil pesos.
Después de Juárez, Cuauhtémoc es el municipio con mayor margen de endeudamiento, con un total combinado de 96.4 millones, y Delicias con hasta 79 millones de pesos.
En contraste, municipios como Santa Isabel, El Tule o San Francisco de Conchos tienen techos de contratación más bajos, con cifras que van desde los 800 mil hasta los 4.6 millones de pesos, según el fondo de respaldo.
La iniciativa fue presentada por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública y dictaminada en el Pleno con base en una reserva propuesta por la diputada Carla Rivas Martínez, mediante la cual se precisaron los montos máximos que podrá contratar cada municipio.
Estos límites dependerán del tipo de fondo que se comprometa como garantía: el Fondo General de Participaciones o el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Durante la sesión, el diputado Roberto Arturo Medina expuso que los créditos deberán cumplir con diversas condiciones: no podrán ser contratados durante los últimos seis meses de las administraciones municipales y deberán pagarse por completo a más tardar el primer día hábil bancario de septiembre de 2027, dentro del periodo constitucional vigente. Esto aplica tanto si los financiamientos se contratan en el ejercicio fiscal 2025, como en 2026.
Los municipios que decidan ejercer esta facultad deberán contar con un Acta de Cabildo que autorice la operación y detalle el proyecto u obra específica que se financiará, siempre y cuando pertenezca a los rubros de inversión pública autorizados por el Decreto.
El Decreto también señala que los importes aprobados no incluyen intereses, comisiones ni otros costos financieros, los cuales deberán establecerse en los contratos respectivos y no podrán hacer que se excedan los montos autorizados.
Finalmente, el dictamen del Congreso subrayó que cada crédito deberá respetar el Techo de Financiamiento Neto que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios permite a cada municipio, a fin de evitar comprometer su viabilidad financiera futura.
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