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Antonio Flores Schroeder

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene mucha fe en que su gobierno seguirá avanzando y serenando al país porque ya no existe un narcoestado.

“Eso no existe, un narco-Estado, como lamentablemente llegó a imperar, a prevalecer en nuestro país, por eso tengo mucha fe que vamos a seguir avanzando y serenando a nuestro país”.

En el Campo Militar Marte, al encabezar la ceremonia por el cuarto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que no permitirá retrocesos pues ya inició la transformación de México y nadie va a detenerla.

“Porque el pueblo quiere que siga habiendo justicia, que acabe el clasismo, el racismo, la discriminación”.

Ante el pleno de su gabinete e invitados especiales, el también comandante Supremo de las Fuerzas Armadas destacó que la Guardia Nacional, es una institución con disciplina, lealtad, rectitud y honestidad, y eso sólo se puede garantizar si forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Iniciativa que –dijo- fue rechazada por politiquería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues advirtió que no quiere que la nueva institución se eche a perder como la extinta Policía Federal, pues dependía de «civiles ambiciosos, deshonestos, desleales al pueblo».

“Yo vengo de la lucha social, de abajo y aprendí de las enseñanzas del presidente Juárez que uno debe de mantener siempre en la fe en la causa creciendo y ser perseverante, no me doy por vencido a la primera”, agregó.

Por ello –agregó- antes de terminar su mandato en 2024 cuando inicie la nueva legislatura enviará una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional siga siendo apoyada, formada, conducida, por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Porque eso es lo mejor para nuestro pueblo, para garantizar la paz y la tranquilidad”.

Desde hace varios años, en la selva de Chiapas es un secreto a voces que los miembros de la comunidad lacandona, integrada por indígenas tzeltales y lacandones, están inmersos en el tráfico de migrantes del Caribe, África, Centroamérica y Sudamérica, así como en el trasiego de marihuana y cocaína.

Esto se confirmó el 1 de septiembre de 2021, cuando miembros de la comunidad lacandona detuvieron y desarmaron a cuatro agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete de la Guardia Nacional, quienes habían detenido un día antes a dos hombres que transportaban migrantes rumbo a Palenque.

Los siete soldados, los cuatro agentes y dos niños, hijos de un oficial del INM que habían llegado a la comunidad Frontera Corozal a visitar a su padre, estuvieron cautivos durante cinco días en el poblado El Chikle, muy cerca del río Usumacinta.

En este hecho participaron elementos de la Policía Comunitaria de Lacanjá Chansayab, uniformados como elementos de la Policía Municipal de Ocosingo, al que pertenece ese lugar.

De las antiguas aldeas de Frontera Corozal, San Javier, Nueva Palestina y Lacanjá, con casas de techos de paja y muros de caña, ya no quedan vestigios. Hoy las calles están pavimentadas y hay casonas de colores vistosos. Los lugareños conducen camionetas todo terreno con vidrios polarizados y con los estéreos a todo volumen con narcocorridos.

Por las noches, caravanas de vehículos tipo Urvan circulan a toda velocidad por la carretera fronteriza, que enlaza la selva con Palenque, con decenas de migrantes a bordo que son llevados hacia los límites con Tabasco.

El 16 de diciembre de 2022, lacandones y tzeltales detuvieron, desarmaron y desvistieron a soldados de la 15 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE) de Lacantún, en las inmediaciones de Lacanjá Chasayab.

Los soldados se habían rezagado de un grupo que transportaba cocaína decomisada al cuartel, cuando tzeltales y lacandones armados con fusiles de asalto los rodearon. “De aquí no se van mientras no devuelvan el cargamento”, amenazó uno de ellos.

El hombre al mando obligó a un soldado a grabar un video con su teléfono para pedir el intercambio de él y sus compañeros —12 en total—, junto con sus armas, a cambio de que les devolvieran la droga.

Los mandos militares que recibieron la grabación en sus teléfonos aceptaron devolver la droga y fueron liberados los soldados.

A principios del segundo semestre de 2021 se registró el aterrizaje de una avioneta en los alrededores de la comunidad Lacanjá Chansayab. Cuando los soldados llegaron a Bonampak, a unos 20 kilómetros, lacandones y tzeltales los detuvieron y los obligaron a retirarse.

El 20 de marzo pasado, durante una visita a Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que “en la Lacandona, cerca de Bonampak, hay pistas clandestinas; están manejadas por uno de los cárteles. Están aterrizando aviones con droga”, dijo el Mandatario.

Los miembros de la comunidad suscribieron una carta, en la que aseguraron que en el área que administran “no se tiene [detectada la presencia de] pistas clandestinas” para la descarga de estupefacientes. “El pueblo no tiene acuerdo alguno con los narcotraficantes”, declararon.

El presidente del comisariado de los bienes comunales de la Lacandona, Chankin Kinbor Chambor; el subcomisariado Enrique Andrade Vázquez y el subcomisariado de Nueva Palestina, Emilio Bolón Gómez, alegaron que su preocupación es la conservación de la biodiversidad de las 331 mil hectáreas. Sin embargo, los comuneros y los activistas dicen otra cosa.

La avioneta blanca

La fama de los lacandones ha remontado no como los encargados de preservar la selva, sino por un narcocorrido del grupo Extremo Norte, en el que se presume el desembarco de cocaína en la Lacandona: “En la Selva Lacandona hay una fiesta privada… Y lista para el otro viaje quedó la avioneta blanca”.

Un activista que trabaja en la biosfera y pide no ser identificado, asegura que entre Nuevo San Gregorio y Candelaria han sido expulsadas 50 familias por no estar de acuerdo con el uso del territorio “para actividades ilícitas”.

El 25 de enero, elementos de la Fuerza Aérea, de la base El Copalar, y la Guardia Nacional se tras-ladaron en helicópteros a 18 kilómetros al noroeste de San Quintín, donde hallaron una aeronave tipo jet, con capacidad para transportar más de una tonelada de carga. Encontraron dos hombres armados, uno de ellos menor de edad, que resguardaban 270 kilogramos de cocaína.

“Para eso sirven las reservas de biosfera”, bromea el activista. Explica que a pesar de que la Lacandona está militarizada, es muy difícil llegar al punto donde bajan las avionetas con droga.

El presunto feminicida de Ana Elsi “N”, a la que privo de la vida de un disparo en la cara, en el área de un palenque, en la población de Estación Dimas, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva.

Durante la celebración de la audiencia inicial, en la sede de Justicia Penal, Acusatoria y Oral de la Zona Sur, la representación social formuló la imputación con los datos de prueba obtenidos en la carpeta de investigación, radicada en la causa penal 394/2023.

Feminicidio de Ana Elsi

Las investigaciones abiertas, establecen que el pasado 23 de junio, el imputado Salvador “N” y su pareja sentimental Ana Elsi “N”, platicaban en el área del palenque, frente al puesto de venta de comida y de la taquilla, en forma imprevista este sacó un arma de fuego y la detonó en la cara de la mujer, privándola de la vida.

El presunto feminicida fue aprehendido el pasado 29 de junio, fecha en la que se celebró la audiencia inicial donde se reservó su declaración.

A solicitud del Ministerio Público, el Juez de Control y Enjuiciamiento lo vinculo a proceso por el delito solicitado, por lo que este permanecerá en prisión preventiva oficiosa, en tanto que se otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Organismos de defensa de los derechos de los consumidores exhortaron a la empresa de boletaje Ticketmaster garantizar la protección al consumidor en los países donde opera, esto incluye tanto fraudes como las condiciones de venta de boletos.

Durante el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), organizaciones de Argentina, Chile, España y México pidieron a dicha empresa “prevenir fraudes y la falta de transparencia (en los precios; en los términos y condiciones; así como en el número de boletos disponibles)”.

Las autoridades de protección al consumidor pidieron a Ticketmaster mejorar las medidas para proteger a los consumidores de abusos.

En un comunicado, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de Economía de México afirmaron que “el llamado realizado sienta un precedente para evitar que haya trato diferenciado en distintos países, además de entablar un diálogo con Ticketmaster en beneficio de las y los consumidores”.

El titular de la Profeco de nuestro país, Ricardo Sheffield, dijo que “la coordinación y el intercambio de información entre agencias de protección al consumidor es importante cuando las y los consumidores se enfrentan a problemas similares con la misma compañía en distintas partes del mundo”.

Añadió que “un ejemplo de este tipo de problemas fue el que se enfrentaron los asistentes a un concierto del cantante Bad Bunny en 2022 en México, al que cientos de consumidores no pudieron entrar, a pesar de contar con boletos válidos”.

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