Antonio Flores Schroeder

La divisa mexicana en los mercados internacionales se ubica en los 17.12 pesos por dólar al mayoreo, lo que significa una depreciación de 0.30% o 5 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio presentó volatilidad con sesgo alcista. Ayer, con un bajo volumen de operación por el feriado en Estados Unidos, la paridad hizo una pausa bajista, después de haber tocado un piso en los 17.02 pesos el viernes.

El nivel psicológico de las 17.00 unidades será un soporte importante a corto plazo. En la parte alta, el soporte anterior de 17.15 pesos empieza a conformarse como una resistencia intradía, comentaron los especialistas de Monex.

El Índice Dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación marginal de 0.08%. El euro baja 0.09% frente al billete verde, mientras la libra perdió 0.47%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 1.2%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Así amanecen los mercados accionarios

Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos en su mayoría negativos, después del feriado en Estados Unidos. Adicionalmente, los inversionistas se mantienen atentos a los bancos centrales (China recortó su tasa preferencial), principalmente a las declaraciones en los próximos días de distintos miembros de la Reserva Federal.

En Wall Street los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.3% en promedio, mientras que, en México, el Índice de Precios y Cotizaciones podría ubicarse por debajo de los 54 mil 800 puntos, estiman especialistas de Banorte.

En Asia los mercados cerraron a la baja, el Nikkei subió 0.06% y el Han Seng retrocedió 1.79%, mientras que en Europa las bolsas presentan movimientos de cautela, en dónde el Euro Stoxx 50 opera con una disminución marginal de 0.04%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 1.2%, hay preocupación sobre menor demanda de turbosina a nivel global.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, Álvaro Niño Cruz.

Esto, luego de detectar en al menos cinco casos irregularidades en su actuación, que favorecieron a imputados relacionados con investigaciones del caso Nochixtlán, narcotráfico y de incumplimiento a resoluciones de amparo.

En noviembre de 2022, la FGR imputó a dos exmandos de la entonces Policía Federal que participaron en el operativo de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, que dejó seis civiles fallecidos y 27 heridos por disparo de armas de fuego y a pesar de que debían permanecer en prisión preventiva, el juez determinó que continuarían su proceso penal en libertad.

El juzgador sólo les fijó una garantía de 20 mil pesos a cada uno, contraviniendo la Constitución y las reglas del procedimiento penal.

“En junio de este año, el juez Niño Cruz, nuevamente decidió no imponer alguna medida que restringiera la libertad contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en esos hechos, a quien se le imputó el delito de lesiones por disparo de armas de fuego, pese a la solicitud de la fiscalía de imponer prisión preventiva, por lo que únicamente le señaló la obligación de presentarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional durante su proceso penal”, resaltó la Fiscalía General de la República.

Detalló que, en esa misma audiencia, el juez no vinculó a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán, quien fue señalado por el homicidio de una de las personas que participaban en las protestas de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así como de una persona más, durante la continuidad del operativo de ese 19 de junio de 2016, al considerar que no había pruebas suficientes, contrario a lo señalado y probado por la fiscalía.

Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a corregir la estrategia de seguridad, ya que ha probado ser ineficiente.

Lo anterior, con base en la expansión del crimen organizado en 81% del territorio mexicano, información que dio a conocer ayer El Universal.

El legislador de MC señaló que la “militarización nunca será el camino para una paz duradera, estable e integral”.

Apuntó que es necesario fortalecer a policías municipales y estatales, en lugar de dejarle la tarea a las Fuerzas Armadas.

“La recuperación de la seguridad y de la paz pasa por el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la reestructuración de las fiscalías locales”, comentó.
Afirmó que, si el presidente López Obrador sigue con su estrategia de seguridad, podría agravar los resultados negativos.

“A un año y medio de que termine la administración, el Presidente podría terminar el sexenio heredando un país en circunstancias peores en seguridad respecto al 2018”, lamentó.

Este lunes, El Universal informó que según un análisis de la firma AC Consultores la presencia del crimen organizado se extiende en 1.96 millones de kilómetros cuadrados: exactamente 81% del territorio nacional, en donde 108 millones de personas viven en riesgo potencial. Las garras de los grupos criminales se han hecho presentes por medio de ejecuciones, masacres, narcomantas, extorsiones, secuestros, videos amenazantes e, incluso, asesinatos de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos han sido detectados en mil 488 de los 2 mil 471 municipios del país. Las organizaciones delictivas con mayor presencia son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados; el segundo, en 24.

Se ha detectado la presencia del Cártel del Golfo en 10; del Cártel del Noreste, en ocho; de La Familia Michoacana, en siete; de Los Zetas, en seis. De Los Templarios, en cinco entidades; de Los Chapitos, en cuatro. Organizaciones “menores” como Los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca, Los Talibanes, Los Rojos, Los Salazar y Los Viagras actúan cada una en tres estados.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá y votará este jueves el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, que propone invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo pasado, debido a que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo para su aprobación.

En el decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Partidos Políticos, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El proyecto considera que todas las violaciones acreditadas al analizar la primera parte de este paquete de reformas también se actualizan en este caso porque ambos decretos compartieron, en términos generales, el mismo proceso legislativo.

En mayo pasado, la Suprema Corte declaró inválida la primera parte del plan B, que comprendía el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El proyecto del ministro también refiere que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento de la Cámara.

Tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que no fueron dictaminadas, se presentaron al momento de iniciar la sesión y se aprobaron en tan solo cuatro horas.

En el caso que se discutirá este jueves destacan violaciones adicionales al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior.

Por un lado, se acredita que la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando ya se discutía en el pleno de la Cámara Baja sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.

Además, se demuestra que las cámaras modificaron artículos del proyecto de decreto que ya habían sido aprobados en sesiones anteriores, cuando el artículo 72 inciso E, de la Constitución prohíbe que se revisen los preceptos ya aprobados.

El ministro Laynez remarcó que estas violaciones en su conjunto mermaron gravemente la posibilidad de los legisladores federales de participar de forma activa e informada en la deliberación de las normas sometidas a votación y, por ende, son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado.

Este lunes la Corte difundió el proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek en el que refiere que toda vez que se determinó la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, éste deja de tener eficacia por completo.

En consecuencia, las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían al 2 de marzo de 2023.

Esto abarca las disposiciones reformadas, adicionadas y derogadas de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la totalidad de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se encontraban vigentes hasta antes de la entrada en vigor del decreto impugnado. Además, no podría ser modificado hasta que concluya el proceso electoral 2023-2024.

El proyecto detalla que, si el Congreso de la Unión decide, en ejercicio de sus facultades, legislar nuevamente sobre la materia del decreto invalidado, no deberá incurrir en el vicio de inconstitucionalidad relativo a la ausencia de consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad.

Esto luego que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, así como diputados y senadores de la oposición interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra del plan B de la reforma electoral.