El software espía Pegasus fue detectado en el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, según el análisis forense de Citizen Lab, un centro de investigación digital de la Universidad de Toronto.
Vicente Ovalle, quien coordina el trabajo de la comisión de la verdad, había recibido un correo electrónico en diciembre de Apple advirtiendo que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el estado”, reportó el The Washington Post.
El presunto hackeo es parte de una creciente evidencia de que los civiles que investigan los abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de México, incluidos activistas, periodistas e incluso funcionarios cercanos al presidente, están siendo atacados con malware, mencionó el medio.
El informe de Citizen Lab no abordó la cuestión de quién podría haber usado Pegasus para hackear el teléfono de Vicente Ovalle. El Grupo NSO, que introdujo el software espía, dice que sólo tiene licencia para las agencias gubernamentales. (NSO cuestionó los hallazgos de Citizen Lab).
El New York Times publicó en abril que el ejército era la única agencia en México que aún opera Pegasus, citando fuentes familiarizadas con los contratos.
Vicente Ovalle y Citizen Lab declinaron hacer comentarios. Ni la Secretaría de Defensa de México ni el vocero del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondieron a las solicitudes de comentarios.
López Obrador ha negado que militares vigilen a periodistas o defensores de derechos humanos. El mes pasado, después de que el New York Times informara sobre el descubrimiento de Pegasus en el teléfono de Alejandro Encinas, el subsecretario de derechos humanos, y aliado de López Obrador desde hace mucho tiempo, el presidente reiteró: “Nosotros no espiamos”.
Carlos Pérez Ricart, miembro de la comisión de la verdad, dijo que el presidente está en una encrucijada.
“Un Estado democrático tiene que tener control sobre sus instituciones de seguridad e inteligencia. Todo indica que no es así”, dijo Pérez Ricart, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Encinas supervisa las investigaciones del Poder Ejecutivo sobre la Guerra Sucia y las desapariciones de Ayotzinapa, que han sido atribuidas a policías locales y narcotraficantes con la supuesta complicidad de militares.
Vicente Ovalle trabaja en su oficina. Encinas no respondió a una solicitud de comentarios, reportó el medio.
Citizen Lab y la intervención del teléfono de Ovalle
Citizen Lab concluyó que el teléfono de Vicente Ovalle, u otros dispositivos cuya información estaba respaldada en el teléfono, habían sido intervenidos por Pegasus. El análisis no pudo determinar las fechas de la infección, pero un correo electrónico de Apple que advirtió sobre posibles ataques de “ataques patrocinados por el estado”, recibido por Vicente Ovalle y revisado por The Post, sugiere que tuvo lugar en la segunda mitad del año pasado, mencionó el The Washington Post.
A NSO, cuando se le pidió un comentario sobre el caso de Vicente Ovalle, dijo que “solo vende a clientes de inteligencia y fuerzas del orden que usan estas tecnologías para prevenir el crimen y el terror a diario”. En un comunicado enviado por correo electrónico, dijo que Citizen Lab “sigue produciendo informes no concluyentes que no pueden diferenciar entre las diversas herramientas cibernéticas en uso”.
“Aunque NSO no opera su tecnología y no está al tanto de la inteligencia recopilada, inició la política de cumplimiento y derechos humanos líder en la industria para investigar todas las sospechas de uso indebido”, dijo la compañía. Declaró que había rescindido “múltiples contratos” después de determinar que sus tecnologías se usaron indebidamente.
En 2021, se lanzó la primera comisión nacional de la verdad para investigar lo que sucedió durante la Guerra Sucia, localizar a los desaparecidos y sentar las bases para posibles enjuiciamientos. Se está examinando el periodo de 1965 a 1990, recordó el medio.
Vicente Ovalle fue encargado de supervisar las operaciones diarias de la investigación del gobierno. Destacado historiador, ha pasado años estudiando las desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por el gobierno durante la Guerra Sucia. También tiene una conexión personal con el período: cuando tenía 5 años, sus padres, de una ciudad en el estado de Oaxaca conocida por el activismo de izquierda, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y recluidos en régimen de incomunicación. Finalmente fueron liberados.
Bajo su liderazgo, la comisión obtuvo acceso a los antiguos sitios de prisiones clandestinas dentro de las instalaciones del ejército, lo que permitió la visita de los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. La comisión también accedió a archivos previamente secretos.
Pero la inquietud de los militares con el escrutinio ha sido clara. En un discurso en junio pasado que marcó la apertura de las bases militares para la investigación de la comisión, el ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, desató la indignación al afirmar que los soldados asesinados durante la campaña de contrainsurgencia también serían honrados, recordó el Post.
