Antonio Flores Schroeder

El senador Ricardo Monreal presentará una iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer con amplitud y claridad los supuestos en los que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.

En la exposición de motivos, destaca que los problemas que enfrenta nuestro país en materia de corrupción y delincuencia afectan a todos los sectores de nuestra sociedad, pero, en forma relevante, perjudica el entorno empresarial, cuya actividad es fundamental para el desarrollo del país.

El senador Monreal explica que esa reforma contribuye a prevenir y combatir con mayor eficacia y eficiencia la corrupción, así como al fortalecimiento de las normas para dar certeza jurídica y claridad suficiente, tanto a los operadores de la norma como a las personas jurídicas.

Además, de aprobarse, se impulsaría una cultura de legalidad y de prevención del delito por medio de una vigilancia integral, que permita a las empresas detectar a tiempo cualquier irregularidad y llevar a cabo las mejores prácticas encaminadas a lograr una cultura de cumplimiento empresarial.

El coordinador parlamentario de Morena advierte que la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, representa una amenaza para el Estado de Derecho, a la vez de que distorsiona la competencia e impide un crecimiento económico robusto.

Señala que, de acuerdo con los compromisos internacionales adoptados por México en materia de combate a la delincuencia organizada y a la corrupción, “tenemos la obligación de legislar sobre responsabilidad de las personas jurídicas, en este caso, en el ámbito penal, derivada de las actividades que realizan”.

De tal forma, agrega, es un rubro ineludible para nuestro país, por lo que, conforme a los estándares internacionales, el marco jurídico debe contemplar sanciones eficaces, proporcionadas y disuasivas a las personas jurídicas consideradas responsables.

Ello, sin dejar de lado aspectos relacionados con la prevención de actividades ilícitas al interior de estas, así como las circunstancias atenuantes de responsabilidad.

El proyecto incluye con precisión los modelos de organización, gestión y prevención que deben cumplir las personas jurídicas, tendientes a identificar posibles actividades delictivas, así como adoptar protocolos para la adopción de determinaciones, a fin de prevenir delitos y establecer con exactitud las causas excluyentes y atenuantes de responsabilidad.

“En ese sentido, la legislación debe propiciar un régimen regulatorio propio de cada persona jurídica, con el objeto de impulsar una cultura de prevención de conductas delictivas, a fin de evitar que las empresas sean juzgadas por cargos delictivos, lo cual requiere un estricto control de las actividades, así como un efectivo sistema de detección y prevención de delitos en su interior”, explica.

Para ello, acota Ricardo Monreal, se requiere de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales, lo cual favorece la incorporación de sistemas de gestión del cumplimiento normativo.

“También genera conciencia entre sus integrantes, consolida la reputación de las empresas, evita problemas y riesgos para la estabilidad y continuidad de sus actividades”, afirma.