Edith Caballero

El Congreso del Estado realizó la Junta Previa para la elección de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos del tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Séptima Legislatura.

La Mesa Directiva quedó integrada por Adriana Terrazas Porras, presidenta; Ivón Salazar Morales, primera vicepresidenta y Rosa Isela Martínez Díaz, segunda vicepresidenta.

Como primera y segunda secretaria quedaron Diana Ivette Pereda Gutiérrez y Ana Georgina Zapata Lucero.

Mientras que las prosecretarías fueron asignadas a Andrea Daniela Flores Chacón, Roberto Marcelino Carreón Huitrón, Luis Aguilar Lozoya y Gabriel Ángel García Cantú.

En la exposición de motivos, el diputado Noel Chávez Velázquez, encargado de dar parte del dictamen de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las personas elegidas ocuparán un año el encargo y podrán reelegirse.

Chávez recordó que la Jucopo es el órgano facultado para proponer la integración de la Mesa Directiva, así como dar seguimiento a los acuerdos que deriven de las tres fuerzas políticas que integren el Poder Legislativo.

Durante la votación con el micrófono cerrado, luego de que se le negará intervención de voto razonado, la diputada Jael Argüelles del Partido de Trabajo, tomó la tribuna junto con las y los diputados de Morena, en el que expresó su inconformidad sobre la conformación de la nueva Mesa Directiva.

La nueva mesa directiva estará encargada del Tercer Año de Ejercicio Constitucional que corresponde al periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024.

Tendrá dos Periodos Ordinarios, el primero del 1 de septiembre, a más tardar el 31 de diciembre. Mientras que el segundo debido a las elecciones ordinarias del siguiente año, quedarán del 1 de febrero y concluirá a más tardar el 30 de abril.

Personas en situación de desplazamiento forzado interno de la Sierra Tarahumara (originarias de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo), reconocidas como víctimas directas del delito y defensoras de derechos humanos, interpusieron una demanda de amparo indirecto.

El recurso se promovió contra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como autoridades estatales, por la omisión de acuerdos firmados e incumplimiento del Plan de Protección aprobado por la Junta de Gobierno del Mecanismo con fecha 29 y 30 de noviembre de 2022.

Lo anterior se dio a conocer por las organizaciones que acompañan y asesoran jurídicamente a las familias en cuestión, en una rueda de prensa en las instalaciones del Centro Estatal de los Derechos de la Mujer (Cedehm).

El amparo reclama el cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades federales, estatales, municipales de implementar correctamente las medidas de protección, para poder garantizar los derechos humanos primordiales como el derecho a la vida y a la integridad personal, pero también derechos como la salud, vivienda digna y el derecho a defender derechos.

Las organizaciones informaron que las personas promoventes son beneficiarias del Mecanismo desde el mes de febrero del año 2014, fecha en que fueron incorporadas por la situación de violencia que se generó en contra de la comunidad y de forma particular contra algunas autoridades tradicionales y representantes comunitarios, entre ellos el defensor Julián Carrillo Martínez, quien fue asesinado en el año 2018.

En el caso de Julián Carrillo, su familia tuvo que salir de la comunidad para salvaguardar su vida. Otro defensor de la comunidad y su familia también tuvieron que desplazarse por la misma razón. Desde entonces permanecen en un refugio de seguridad proporcionado por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En agosto de 2022 nuevamente se registraron desplazamientos forzados, esta vez del gobernador de la comunidad y su familia debido a las amenazas y el riesgo por la labor que realizan a favor de los bienes naturales y su territorio ancestral.

Desde el 2014 son beneficiarios del mecanismo, sin embargo, el año pasado al solicitar su integración como víctimas de desplazamiento forzado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceave) les fue negada la incorporación, toda vez que el gobernador y su familia no realizaron la denuncia correspondiente por miedo a represalias por parte de sus agresores.

En este caso hubo una reunión con Erick Martín Salas, director del Mecanismo de Protección, así como con Janis Aguirre exencargada de despacho de la Ceave en la que les reiteraron la negativa, a pesar de ser beneficiario del mecanismo, dado que su extracción de la comunidad fue realizada por un cuerpo policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Desde el 2014, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha realizado cinco evaluaciones de riesgo a integrantes de la comunidad y a quienes hoy han decidido presentar la demanda de amparo y en todos los casos se ha indicado que dichas personas se encuentran en riesgo extraordinario impidiéndoles regresar a su comunidad.

Ante la sistemática violación a sus derechos humanos por la inacción del Estado, para que en su lugar de acogida puedan vivir en condiciones de dignidad y no revictimización es que promueven la demanda de amparo indirecto.

Tras la intervención de 10 minutos del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quien reclamó la falta de democracia en el Poder Legislativo por la reelección de su compañera de bancada Adriana Terrazas Porras, se desató una serie de señalamientos entre partidos.

“Yo con mi palabra tengo diputado”, le respondió Adriana Terrazas, presidenta del Congreso del Estado, luego de solicitar a Estrada concluir su participación ya que no pidió explicar su voto razonado, situación por la que él reclamó que pidió el razonamiento y justificó que no hay tiempo límite para sus comentarios.

“Es muy fácil venir a denostar, cuando no tienes la intención de sumar y generar acuerdos. Esta Mesa Directiva tal vez no contenga miembros de Morena, no porque no quieran las otras bancadas, sino porque ellos mismos presentaron de manera autoritaria, una sola propuesta”, expresó la diputada del PAN, Rosa Isela Martínez.

“No pueden quitarse del ADN, la sangre antidemocrática y en su corazón la idea de que las mayorías deben aplastar a las minorías. Quien traiciona sus principios, ya no les queda nada. Para la fracción parlamentaria de Morena que somos 10, esta mesa es una espuria”, respondió el diputado Benjamín Carrera.

“Quisiera hacer un llamado al orden, ya no entendí si estamos en un orden de Morena o en el Congreso del Estado, para votar a la mesa directiva que legitimante elegimos. A mi me separan muchas cosas de Adriana Terrazas, pero nos une el ser institucionales, parece que Morena no lo entiende, ya la expulsaron, sin el debido proceso de audiencia”, reclamó Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.

“No hicimos una expulsión del partido, entiendo que el coordinador no tenga el conocimiento jurídico, se puede poner a estudiar, verá que está equivocado. Esta es la casa del pueblo, aquí podemos debatir, expresarnos y me parece que al decir que es un mitin, trata de denostar”, le recalcó Cuauhtémoc Estrada al PAN.

“Lo que me llama la atención es que en estos momentos han reconocido que implícitamente se han violentado artículos para sostener a una mesa directiva y cierto grupo. Veo que en esta asamblea vienen y hablan de respeto, cuando sienten perdido un debate o la cabeza, me daría vergüenza exhibirlos cuando son ustedes los que bajan el nivel del debate”, expresó en su segunda ronda, América García.

Durante la sesión, Morena denunció que el Mezzanine, recinto oficial del Congreso del Estado donde se realizó la sesión, se “llenó” con personal de las oficinas administrativas, sin razón aparente.

“Yo quiero recordarles que la diputada Terrazas Porras es parte de su bancada”, expresó la diputada del Partido Acción Nacional, Georgina Bujanda Ríos, previo a la votación de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Bujanda Ríos respondió a la diputada de Morena, América García que la reelección de Adriana Terrazas Porras en la presidencia, habla de pluralidad y uno de los principios democráticos que es la reelección.

“Pueden decir que no es nada personal, pero ella pertenece a su bancada (Morena)”, criticó la legisladora albiazul.

Georgina Bujanda expuso que las resoluciones que emiten en el Congreso del Estado tienen soberanía, por lo que es inexacto decir que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es inconstitucional.

“El que este Poder Legislativo pueda elaborar y aprobar reformas, requiere del respeto de todas y todos”, concluyó.