Edith Caballero

Personas de origen rarámuri eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas en la Sierra, hasta que uno de ellos escapó y llevó a la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos a integrar un caso por el delito de trata de personas con penalidad agravada en la modalidad de trabajo forzado.

La Fiscalía Especializada ejerció acción penal en contra de dos integrantes del grupo que obligaba a realizar trabajos a cuatro adultos y un adolescente de la etnia rarámuri.

Henri Jovany V. B., alias “El Chiapas” y Domingo V. B., alias “El Mingo” quedaron vinculados a proceso por el delito de trata de personas con penalidad agravada en la modalidad de trabajo forzado, informó la Fiscalía General del Estado.

Ambos quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva. Los ahora vinculados formaban parte de un grupo estructurado que ejercía tratos inhumanos con las víctimas, a quienes amenazaban de muerte y castigaban físicamente si en algún momento intentaban huir del lugar.

De acuerdo con los datos de la carpeta de investigación, el 13 de febrero de 2022, una de las víctimas logró huir e informar a la autoridad sobre la situación, y a partir de ese momento personal de la Fiscalía Especializada inició con las intervenciones ministeriales para esclarecer el caso. 

A través de una serie de investigaciones, conducidas por la Unidad de Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Tortura, se documentó la participación de los imputados.

De acuerdo con la Fiscalía, las pruebas presentadas ante un Tribunal de Control del municipio de Guerrero, demuestran que los imputados atraían a las víctimas por medio de falsas promesas de trabajo, ofreciendo un pago diario de entre 200 y 300 pesos por acudir a colocar postes en la localidad de Yoquivo, municipio de Ocampo.

Una vez que los atraían, los trasladaban del lugar conocido como Lago de Las Garzas, en la población de Guachochi, a los campamentos en donde les quitaban sus pertenencias y los obligaban a trabajar por más de 12 horas diarias, todos los días de la semana.

 El Ministerio Público acreditó la violación grave a los Derechos Humanos de las Víctimas, al aprovecharse de su vulnerabilidad por la falta de trabajo que existe en la región. 

El Juez de Control resolvió que existen suficientes elementos para sujetar a proceso penal a los involucrados bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure su proceso.