Dos estudiantes resultaron heridos tras un ataque a balazos en el CBTIS 128, ubicado en las avenidas Zaragoza y Mora.
Los primeros datos indican que se trata de una alumna y un alumnos lesionados.
La escuela aplicó un operativo para desalojar a todos los estudiantes de sus salones, para concentrarlos en una cancha deportiva.
Una estudiante fue llevada en condición delicada a la clínica 66 del IMSS.
A su vez se dijo que el otro joven se debate entre la vida y la muerte.
“Si no para el flujo migratorio, no solo vamos a tener un problema con el gran número de personas, sino además vamos a empezar a ver brotes de enfermedades” fueron las palabras del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, luego de dar a conocer que se detectaron brotes de sarampión y chinches en comunidades migrantes en la zona.
El funcionario estatal dijo que esto refrenda lo que se ha pedido por parte del Gobierno estatal ya que la situación no solo creará una crisis en materia de alimentos y espacio, así como servicios, ya que ahora esto puede generar que enfermedades que no se presentan en Chihuahua tengan un rebrote.
Esto, dijo, debido a que se desconoce si los migrantes cuentan con el esquema completo de vacunas, por lo que se pudiera generar una situación de enfermedades.
De la Peña Grajeda señaló que actualmente la situación de migrantes en Ciudad Juárez es preocupante, no solamente para el Gobierno estatal, sino también para Estados Unidos.
El secretario general dijo que como Gobierno, continuarán dando trato digno a los migrantes, sin embargo, afirmó que a nivel nacional no se cuenta con una política migratoria adecuada, ya que por una parte dan a conocer que desarticularán una caravana y posteriormente les otorgan visa.
La diputada local por Morena, América García, solicitó imponer penas de hasta 8 años de cárcel a quienes generen violencia vicaria en contra de sus parejas separándolas de sus hijos.
Explicó que la violencia vicaria es la acción u omisión en la que se provoca la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia.
De acuerdo con información proporcionada por el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, en el 2021 un total de mil 865 mujeres fueron víctimas de violencia vicaria; mientras que con respecto al 2022, hubo un aumento de un 167% con 7 mil 670 casos.
Esto con el fin de manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, ocasionando así, un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos.
Asimismo, para desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor.
“Me están acompañando madres que lamentablemente están pasando por este tipo de violencia, que dentro de ese proceso judicial todavía no han podido tener una sentencia efectiva en beneficio de ellas o de sus menores, ya que no se encuentra tipificado dentro del Código Penal del estado de Chihuahua”, dijo la diputada.
Es por este motivo que se presentó una iniciativa con carácter de decreto para que se reformen diversos artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua.
De manera que se puedan imponer de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos días de multa, a quién, en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros.
Asimismo, se busca reformar el artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, en la que se establecen los tipos de violencia en contra de las féminas, para que se sancione con penas de 3 hasta 8 años de cárcel a quien cometa la violencia vicaria.
Con estas reformas dijo la diputada, no solo se abrirán las puertas a nuevas políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, conociendo a ciencia cierta cómo poder trabajar para eliminar la violencia vicaria, y cómo se va a educar a la sociedad sobre este tipo de violencia que afecta a la mujer de manera física y mental.
“Esto ocasiona no sólo daños físicos en las mujeres, sino que también puede ir desde trastornos de alimentación, afecciones músculo esqueléticas y daños cardiovasculares, hasta síntomas de afecciones mentales como la depresión, trastornos de ansiedad, irritaciones y estrés postraumático, desembocando en la utilización desmedida de alcohol y drogas”, finalizó la legisladora.
Cinco elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fueron retirados de la corporación, debido a que fueron vinculados a procesos penales por violencia intrafamiliar y corrupción.
El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, informó que los policias obtuvieron las resoluciones que confirman sus faltas y violaciones a los principios de honradez, legalidad y respeto a los derechos humanos.
El oficial con nombre Marvin J. G., se encontraba vinculado a un proceso por el delito de violencia intrafamiliar por lo que la Comisión de Honor y Justicia de la DSPM, así como Asuntos Internos, encontraron elementos suficientes para que fuera removido de la coordinación.
Otro de los agentes, que responde al nombre de Damián F.C., quien junto a su hermano agredió de manera física y psicológica a su esposa. Por lo que de inmediato fue removido de sus funciones dentro de la DSPM.
Asimismo, al elemento Raul P.P., quien de igual forma agredió a su conyuge de manera física.
El exservidor Kevin P.L., fue acusado de molestar y hostigar a su esposa, psicológica y físicamente, por lo que mientras se encontraba en un proceso penal, se impuso como medida cautelar retirarle la unidad, el arma y reasignarlo con actividades administrativas.
No obstante, dicho elemento, al recibir la resolución, fue retirado de sus actividades.
Por último, el agente Juan C.O., fue retirado de su cargo al ser encontrado culpable de actos de corrupción al exigirle 10 mil pesos a una familia rarámuri, faltando así a los principios de legalidad y profesionalismo; se le regresó el dinero a la familia afectada.
Según informó el alcalde y el director de la DSPM, Julio Salas González, estos cinco elementos son los primeros en lo que llevan del año de ser retirados de la corporación, no obstante, se encuentran abiertos a las denuncias y a los trámites de otros elementos que infrinjan la ley, de la misma manera que sus excompañeros.
