Edith Caballero

La presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, pidió al pleno un minuto de silencio por la tragedia ocurrida en la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 39 migrantes.

“El Congreso del Estado seguirá al tanto de esta situación migratoria, la cual impacta a nuestra entidad más que nunca” dijo la diputada del Congreso del Estado.

En un discurso desde la tribuna del Congreso, la legisladora dijo que se reitera el compromiso de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos y en la solución de esta situación.

Posteriormente, solicitó a los diputados y a las demás personas asistentes a la sesión ponerse de pie para ofrecer un minuto de silencio por las personas fallecidas en las instalaciones del Gobierno Federal del Instituto Nacional de Migración.

Por su parte, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y de Atención al Migrante, lamentó que ocurran tragedias así en la frontera.

“Desde hace meses hemos advertido que Ciudad Juárez se encuentra en riesgo por la saturación de migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos. Exigimos a las autoridades esclarezcan los hechos”, enfatizó.

Agregó que es contradictorio que la política migratoria mexicana hable del respeto de los derechos humanos y las puertas abiertas, si aparentemente más de 70 personas se encontraban retenidas en contra de su voluntad en las instalaciones del INM.

El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena en el Congreso del Estado, pidió no señalar responsables de la tragedia en un centro para migrantes en Ciudad Juárez, sin antes conocer el dictamen de una autoridad competente.

En materia migratoria, dijo que existen responsabilidades tanto del estado como de la federación, ya que hay ordenamientos para ambos, no obstante, el gobierno estatal no lo ha querido asumir desde hace algún tiempo.

El deslinde de responsabilidades resultará de una investigación exhaustiva y pulcra, ya que estas situaciones deben ser esclarecidas para poder castigar a los responsables, independientemente de quien sea, añadió el morenista.

Respecto al trato a las personas que llegan en tránsito hacia los Estados Unidos, dijo que se debe respetar lo que dice la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua.

Desde el artículo primero, la mencionada legislación dicta que esta tiene como objetivo proteger y apoyar a los migrantes que se encuentren o transiten por el territorio estatal.

“Necesitamos conocer que fue lo que generó ese incendio que terminó con casi 40 personas, y deslindar las responsabilidades en los ámbitos que a cada quien le corresponda”, expresó.

El gobierno de Chihuahua rentó tráilers con refrigeración para resguardar los cuerpos de los migrantes que perdieron la vida en el incendio de un centro del Instituto Nacional de Migración, informó el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno.

Agregó que, por la naturaleza del evento, la investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGE).

No obstante, la Fiscalía Zona Norte se encuentra apoyando en los trabajos en la medida en que la federación realice peticiones en el tema.

Esta participación es fundamentalmente en el área pericial, ya que cabe recordar que la gobernadora señaló que se había puesto a disposición el Semefo para el protocolo adecuado en este caso, dijo.

“En ese sentido nosotros estamos coadyuvando, poniendo a disposición el personal y ofreciendo toda la colaboración que necesite la FGR para hacer una integración debida de una investigación que es muy importante por los asuntos que acontecieron”, señaló Jáuregui Moreno.

Actualmente el Semefo de Ciudad Juárez a trabaja a toda su capacidad en la identificación de los más de 30 cuerpos, declaró el titular de la Fiscalía General del Estado.

Con pancartas en mano, maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la sección 8 se manifestaron afuera del Congreso del Estado contra de la iniciativa presentada por el diputado del Distrito 11, Ismael Pérez Pavía.

La iniciativa de reforma al artículo 156 del Código Penal del Estado establece que quien no proteja o descuide a un menor en una institución educativa se puede hacer acreedor de seis meses a un año de prisión, esto a raíz de los casos de bullying que se han suscitado en planteles estatales.

“Necesitamos psicólogos, orientadores, capacitaciones; no pueden culpar a quien no corresponde de problemas sociales”, expresaron los maestros a las afueras del Congreso de Estado.

Informaron que de igual forma, esta iniciativa es una traición para los docentes y administrativos de las instituciones educativas, ya que los culpan de un problema social que le compete a todo el estado.

Agregaron que exigen que se atiendan las escuelas, que den prevención y seguimiento a los casos de acoso escolar para que no continúen afectando la seguridad del alumnado.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado, Óscar Avitia se manifestó junto a los docentes, donde reafirmó su apoyo a los maestros y la negativa a esta iniciativa.

“Más del 85% de las escuelas secundarias no cuentan con un psicólogo escolar, por lo que es más importante dotar a las instituciones con una estructura ocupacional completa”, aseguró Óscar Avitia.