Edith Caballero

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero, integrante de la bancada del PRI, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua.

De aprobarse, sería la primera reforma a la mencionada ley, la cual se creó en el año 2020, mediante el decreto LXVI/EXLEY/0581/2019 I P.O.

La iniciativa, según lo expuesto por la legisladora, pretende “fortalecer las facultades de la legislatura local en materia notarial”, para la designación de notarios con base en criterios objetivos y estrictamente técnicos.

Además, busca que el criterio principal para la selección de personas habilitadas para el notariado sea la preparación, experiencia y honorabilidad de los sustentantes.

Otro de los aspectos es el de garantizar la debida profesionalización del notariado, “dando plena seguridad a los usuarios del servicio”.

Para tal efecto, se daría la patente de notaria a aquella persona que demuestre ante sinodales imparciales, ser conocedor del derecho y de la función notarial su capacidad para ejercerla, además de ser la más capacitada para el ejercicio de la función notarial.

“La institución del notariado constituye uno de los pilares para la seguridad de nuestro sistema jurídico y se encuentra presente en la formalización de múltiples hechos y actos relacionados con el patrimonio y la vida de miles de chihuahuenses, lo cual, conlleva una gran responsabilidad en su ejercicio y requiere de cualidades específicas para su ejercicio”, comentó la diputada Zapata. La iniciativa de reforma de ley fue presentada ante oficialía de partes, por lo que será turnada a la comisión correspondiente para su análisis

La diputada Margarita Blackaller Prieto, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, apoyó la aplicación de medidas cautelares en favor de la comunidad Jesuita asentada en la sierra de Chihuahua que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De esa forma, dijo, se puede dar un puntual seguimiento y analizar el contexto en que operan para que un hecho como en el que perdieron la vida dos sacerdotes no vuelva a repetirse.

La legisladora se refirió así a la petición que formuló la CIDH para dar protección a los jesuitas que laboran en la sierra, tras el asesinato de dos de sus integrantes ocurrido dentro del templo ubicado en el poblado de Cerocahui.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado, que el objetivo de las medidas cautelares es proteger a los miembros de la comunidad y garantizar su seguridad en las labores que realizan; además se acordó efectuar un análisis de riesgo, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades.

Blackaller señaló que la Comisión de Justicia del Congreso del Estado trabaja de la mano con el Poder Ejecutivo y se busca también hacer lo mismo con la sociedad civil.

De las medidas a aplicar, la FGE informó que efectuará un análisis de riesgo en la zona, respecto al contexto del lugar donde llevan a cabo sus actividades, así como un encuentro con los beneficiarios, sus representantes.

Personal forense de la Fiscalía General del Estado hizo una búsqueda en un terreno ubicado entre el Ejido Favela y Loma Pelona, en el municipio de Cuauhtémoc, para tratar de dar con Karely Alejandra Rodríguez Rodríguez, quien se encuentra desaparecida desde hace casi dos años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó mediante un comunicado que en el trabajo participa un equipo multidisciplinario, que ha realizado la búsqueda de forma “ininterrumpida”.

Karely Alejandra Rodríguez Rodríguez cuenta con reporte de desaparición interpuesto el 30 de junio del año 2021, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Durante el operativo, personal del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), de la Comisión Local de Búsqueda, Agencia Estatal de Investigación (AEI), Policía Municipal y Servicios Periciales, hicieron un rastreo pedestre que abarcó una extensión de 5 kilómetros.

Cabe señalar que, por este caso, se encuentra vinculado a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado identificado como Eleazar P. P., por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

De acuerdo con la investigación ministerial, fue la última persona que estuvo con la víctima en un domicilio de la colonia Villas de San Antonio en Cuauhtémoc.

Entre la oración, contemplación y la elaboración de rompope, galletas y ostias, también ronda el hambre y la zozobra en las siete religiosas que integran la compañía de Hermanas Clarisas Capuchinas, convento ubicado en la ciudad de Madera, Chihuahua.

A la crisis de vocaciones religiosas se sumó la pandemia, por lo que en un entorno de bajas temperaturas, monjas fallecieron recientemente.

María de los Ángeles Quiroz Benítez, tercera consejera de este convento situado a las orillas de la ciudad clama a Dios y a la ciudadanía, apoyos.

“Quedamos ya nada más siete hermanas y nos enfermamos en la pandemia, pero gracias a Dios sobrevivimos; pero aquí los fríos son muy duros y escasean la leña y el pago de servicios nos dejan en una situación muy delicada”, comentó la religiosa.

Aunque se sostienen con la elaboración de ostias, rompopes y galletas, el crudo invierno que promedia en las mañanas y las noches los -14 grados Centígrados, las han enfermado y han debido pedir crédito en las farmacias de la ciudad de Madera.

Con un poco de apoyo económico o en especie sería posible que las religiosas pudieran preservar su vocación, a cambio de bendiciones.

También advierten las religiosas convocan a mujeres que quieran servir a Dios y a la comunidad, se acerquen a participar y adherirse a su casi extinta orden.

Lo que antes era una compañía de 16 religiosas se ha reducido a siete y la orden corre el riesgo de desaparecer. Los apoyos se pueden enviar a la cuenta número 1450039187 de Bancomer, a nombre de Elvira Quiroz Benitez.