Edith Caballero

Del 2020 hasta lo que va del 2023 en México se han registrado 231 asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, 36 de ellos ocurridos en el 2022 y en lo que va de este 2023 han sido 38 las muertes violentas de aspirantes, todas ocurridas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Morelos.

En Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral reporta que durante el proceso electoral de hace tres años se presentó el asesinato de un candidato a presidente municipal en Nuevo Casas Grandes y la solicitud de protección para 17 candidatos por intimidaciones y amenazas recibidas.

Esas solicitudes de resguardo y protección fueron motivadas por amenazas directas, daños y pintas en automóviles o llamadas telefónicas exigiendo que fueran retiradas las campañas de esos aspirantes.

El organismo informa que en lo que va de este año no se han dado esa clase de eventos y que aunque se espera que las elecciones presidenciales del 2024 transcurran en un ambiente de tranquilidad y seguridad, estarán atentos ante cualquier situación que llegara a presentarse.

Asesinatos políticos ponen en riesgo proceso electoral

El organismo ciudadano Causa en Común considera que la violencia crónica que se vive a través de todo México y la indolencia gubernamental ponen en alto riesgo al proceso electoral que se avecina para el 2024.

En las elecciones del 2021 fueron reportados de manera oficial al menos 36 asesinatos políticos de candidatos a puestos de elección popular o de actores políticos relacionados con la cuestión electoral.

En lo que va del 2023 y a poco tiempo para que inicie el proceso electoral 2024 suman ya 38 asesinatos relacionados con lo electoral, ocurriendo 9 de ellos en el estado de Oaxaca, otros 9 en Guerrero, Veracruz con 6 y 4 más acaecidos en Morelos.

Destacando que en el 2024 serán electos más de 20 mil cargos públicos que incluyen la presidencia de la República, 128 senadurías y 500 diputaciones, además de la renovación de 9 gubernaturas y 13 congresos locales, el organismo de la sociedad civil Causa en Común considera que urgen medidas por parte de las tres esferas de gobierno que se aboquen a la protección del proceso electoral y de los candidatos.

El alto riesgo para la integridad de los actores políticos y el proceso demócratico queda demostrado en los reportes de Causa en Común, que informan que a partir del 2020 y hasta octubre del 2023 han sido al menos 231 los asesinatos de actores políticos en México.

Chihuahua, un asesinato político en elecciones 2020-2021

Luis Gutiérrez, consejero del Instituto Estatal Electoral, dijo que hasta ahora lo que se tiene son precampañas para el proceso electoral 2024 y que en lo que va del presente año la institución no cuenta con reportes de hechos violentos relacionados con la cuestión electoral en Chihuahua.

“En el proceso electoral pasado, del 2020 al 2021, hubo un único caso de un precandidato asesinado en Nuevo Casas Grandes, pero fue la única situación de ese tipo que se dio durante todo el proceso electoral”, destacó el consejero electoral.

Sin embargo, comentó que esas elecciones no transcurrieron en total tranquilidad y sin incidentes.

“De hecho, sí tuvimos algunas solicitudes de apoyo en temas de seguridad. Fueron 17 y para todo tipo de candidaturas. Fueron candidatos a presidentes municipales en lugares como Guachochi, alguna regidora en Aquiles Serdán, varió bastante. Algunas diputadas en Ciudad Juárez, pero no tengo detalles específicos de cuáles”, indicó el funcionario electoral.

Enseguida habló sobre lo que procedió por parte de ellos para dar respuesta a las solicitudes de protección de los aspirantes a puestos públicos.

“Nosotros no tenemos competencia en ese tema. Finalmente, nosotros nos dedicamos a organizar elecciones. Lo que nosotros hacemos es dar vista inmediata a las corporaciones de seguridad, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado, policías municipales, Centro Nacional de Inteligencia”, especificó.

“Ya finalmente son las propias corporaciones quienes siguen los procedimientos dependiendo de las competencias que tengan cada uno”, agregó.

El consejero del IEE comentó que la protección fue solicitada por los aspirantes políticos por situaciones que consideraron les ponían en cierto tipo de riesgo.

“Esencialmente fueron amenazas. Tuvimos algún caso de una candidata a la que se le dañó su vehículo. Se le pintaron amenazas en el vehículo. Tuvimos también a una candidata que recibió una llamada de amenaza solicitando que dejara su candidatura”, describió.

Otras intimidaciones a los candidatos o aspirantes explicó fueron vehículos afuera de sus domicilios o siguiéndoles cuando transitaban por las calles, pero recalcó que ninguno de esos casos pasó a mayores.

Protección para aspirantes a diputadas en Ciudad Juárez

“En el proceso del 2020-2021 tuvimos varias solicitudes de protección de varias diputaciones en Ciudad Juárez, pero no tengo a la mano los distritos porque eso fue hace tres años pero sí, sí hubo algunas provenientes de Ciudad Juárez y, como dije antes, en lo que va del actual proceso no hemos tenido ninguna de esa situaciones”, comentó Gutiérrez.

Pasó entonces a hablar de cómo veía el contexto electoral de seguridad para el próximo año en Juárez y para el estado en general.

“Como se están dando las cosas, yo creo que las condiciones son bastante favorables. Como ya mencioné, en el proceso pasado durante las precampañas se dio este suceso en Nuevo Casas Grandes. Ahorita estamos por terminar las precampañas y afortunadamente no ha acontecido ninguna situación de este tipo”, indicó

Dijo que ya se tienen en funcionamiento las asambleas municipales en los 67 municipios de todo el territorio estatal.

“Tampoco hemos tenido ningún indicio de violencia o de amenazas en nuestras oficinas o con el traslado de nuestro personal a los distintos municipios para hacer justamente las instalaciones, para llevar mobiliario, para instalar el internet. Normalmente nuestro personal se está trasladando a lo largo y ancho del estado y no hemos tenido hasta el momento ninguna situación que ponga en riesgo su integridad”, dijo Gutiérrez.

Declaró que esperan que la situación continúe en esos términos y que obviamente seguirán pendientes en caso de que llegara a surgir cualquier situación de ese tipo para inmediatamente proceder a comunicarse con las dependencias de seguridad.

“Vale la pena mencionar también que hemos instalado una comisión de seguridad en la que nos reunimos mensualmente con los titulares de estas corporaciones para ver cómo van estos temas. Sí tenemos ahí una vía directa de comunicación con esas dependencias y la verdad que son muy receptivas y nos atienden a la brevedad, por lo que esperamos que las elecciones del 2024 se den como un evento totalmente democrático”, pronosticó.

El Colegio de Bachilleres de Chihuahua recibió 22 observaciones, 7 recomendaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatorias y 2 denuncias de hechos, durante la auditoría de cumplimiento financiero practicada en su cuenta pública 2022 por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Entre las observaciones hechas por la ASE, el Colegio omitió realizar la retención del Impuesto Sobre la Renta, el “entero” y expedir y entregar comprobantes fiscales de los pagos realizados por concepto de compensaciones pagadas a los funcionarios y empleados.

Por este motivo, la ASE promovió una acción de Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, para que se haga del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el posible incumplimiento a las disposiciones de carácter fiscal aplicables, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, en relación con la omisión donde la Entidad Fiscalizada prescindió realizar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Además el Cobach no pudo acreditar un sistema de contabilidad conforme a la normatividad aplicable, por lo que no cuenta con el apartado presupuestal y es manejado a través de hojas electrónicas de Excel.

“El Colegio de Bachilleres se encuentra en proceso de implementación del Sistema de Contabilidad denominado Kórima, el cual se ajusta a los requerimientos de la Ley de Contabilidad Gubernamental”, respondió el Colegio, sin embargo, la ASE reiteró no presentó evidencia documental que desvirtúen el objeto del resultado con hallazgo notificado.

Aunado a lo anterior, el sistema de bachillerato omitió la elaboración y publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, no expidió el Manual de Administración de Remuneraciones correspondiente al ejercicio 2022.

Por no pagar a tiempo el entero de Cuotas de Fovissste, SAR e Issste Cesantía y Vejez, realizó un pago por concepto de “Intereses” (recargos y actualizaciones), por un importe de 2 millones 073 mil 321 pesos, misma que justificó “no se contaba con la parte estatal para el pago de las mismas, razón por la cual los pagos se realizaron de forma extemporánea”.

Durante los trabajos de auditoría se revisó el contrato número 006/22-AD, para la adquisición y suministro en sitio de artículos de oficina para los diversos planteles y centros de costo, registró erogaciones por la cantidad total de 933 mil 813 pesos y realizó pagos en el ejercicio 2022 por la cantidad de 846 mil 990 pesos; no obstante, no acreditó la excepción a la licitación pública.

A lo que se suma que omitió aplicar penas convencionales por un importe de 62 mil 898 pesos, por la entrega extemporánea de los bienes adquiridos. Tampoco realizó la supervisión y vigilancia del cumplimiento al contrato 002/2022 P.S., presentada por la moral MICROPESE, S.A. de C.V. misma que establece que los 51 equipos de impresión, los cuales ni siquiera “tenían los contadores iniciales del equipo instalado”.

Mientras que su propio Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, tomó en cuenta un Dictamen que no cumple con los elementos mínimos de la normativa aplicable y por el cual autorizó la adjudicación del contrato 001/2022-P.S., a favor de la moral Vertraun, S.A. de C.V. por un monto de 449 mil 550 pesos para el servicio de Fumigación y Sanitización para los 37 centros de bachilleres.

En este sentido, también se añadió que la empresa contratada no se encuentra en el padrón de Proveedores de Gobierno del Estado, no entregó las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos, que la moral Baeza Duarte y Asociados, S.A. de C.V. es una persona moral diferente a la autorizada por el Comité y que se realizaron pagos sin evidencia documental de la prestación de los servicios devengados.

“Para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, presente la denuncia correspondiente ante la autoridad competente, por la posible comisión de hechos delictivos a los servidores públicos que en su gestión, autorizaron y pagaron sin contar con documentación justificativa que obligue al pago por la cantidad de 231 mil 768 pesos, hechos que pudieran en delito del Código Penal del Estado de Chihuahua”, responde sobre el servicio también de fumigación la ASE.

Además de que también realizó otros pagos sin evidencia documental de la prestación de servicios devengados por concepto de mantenimiento correctivo de equipos de aire del Gimnasio de Ciudad Juárez, por la cantidad de 676 mil 134 mil pesos, hechos que pudieran derivar en la actualización del supuesto de otro delito en el Código Penal del Estado de Chihuahua.

En el mismo tenor, fue el ejercicio de la excepción para la prestación del servicio de mantenimiento de equipos de clima del Gimnasio de Ciudad Juárez a la licitación pública, relativa al contrato 003/2022-P.S., de la cual no se localizaron documentos evidencias de investigación de mercado, vicios ocultos, entre otros.

El Cobach, administró y ejerció los recursos correspondientes a aportaciones federales y estatales a través de cuentas bancarias distintas a las productivas específicas. Y no cuenta con los inventarios físicos actualizados debidamente valorizados y conciliados con los registros contables.

Sobre los uniformes, no ejerció recursos públicos en 2022, relativos a la compra de uniformes con la empresa Uniformes de Chihuahua S. de R.L.M.I. y toda vez que no se encuentran registros contables dentro de la Cuenta Pública de la Entidad Fiscalizada correspondientes al ejercicio 2022, el órgano fiscalizador se declaró sin atribuciones, por lo que dio vista al Órgano Interno de Control competente para que en el ámbito de su competencia realice las investigaciones que estime pertinentes.

El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) informó que en el periodo de enero a noviembre de 2023, 17 mil 487 personas mayores concluyeron un nivel de Educación Básica, ya sea alfabetización, Primaria o Secundaria.

De acuerdo con cifras de la institución, en 11 meses se alfabetizaron 691 personas; a 4 mil 948 se les apoyó para que terminaran la primaria y 11 mil 848 concluyeron la secundaria y ahora cuentan con sus certificados oficiales físicos y digitales.

El director general del ICHEA, Mario Eberto Javalera Lino, manifestó que durante el próximo año se intensificarán las acciones contra el rezago educativo, por lo que se incrementarán los proyectos estratégicos, así como los convenios de colaboración y promoción entre la sociedad y estudiantes, para que se incorporen como asesores en la tarea educativa.

“Al finalizar el año vemos que muchos usuarios festejan con sus familias haberse graduado de primaria o secundaria, así como quienes orgullosamente han aprendido a leer y escribir, y demuestran que para la educación, con voluntad, no hay edades”, expresó Javalera Lino.

Agregó que los servicios de asesoría, materiales, exámenes y entrega de certificados oficiales son brindados de manera gratuita, y están dirigidos a personas que no han concluido la Educación Básica, incluyendo amas de casa, integrantes de comunidades indígenas y menonitas, trabajadores de maquiladoras, jóvenes que abandonaron las aulas, entre otras.

“También atendemos a niñas y niños en edades de 10 a 14 años, quienes por alguna situación abandonaron la escuela, para ello gestionamos un permiso ante la Secretaría de Educación Pública, y así están en posibilidad de regularizarse y recuperar el tiempo para continuar su educación”, finalizó el funcionario.

La auditoría especial forense practicada al Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua en el que se abordó la adjudicación directa de la obra “La golondrina y el príncipe”, permanece en “revisión” de acuerdo al portal oficial de la Auditoría Superior del Estado.

La ASE inició esta auditoría para verificar el procedimiento de contratación ICM-JUR-18/2022 por un monto de 34 millones 800 mil pesos, por posibles conductas irregulares denunciadas entre el ente fiscalizado y la empresa denominada AEFE, S.A. de C.V.

La auditoría notificó 3 hallazgos al ICM, la primera que realizó cambios en el convenio modificatorio sin autorización expresa del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, el cual inicialmente era la” Plaza del Ángel” y se cambió al denominado “Parque el Palomar”.

La segunda observación se hizo por la falta de evidencia de publicación en el Portal de Internet del ICM y en la Plataforma Nacional de Transparencia del contrato y convenio modificatorio, situación que, aunque trató de ser justificada por el Instituto por la “migración de la web oficial”, quedó como no aclarada para la auditoría.

La observación 3, se hizo porque el registro contable estaba en una cuenta distinta a la establecida en la normatividad aplicable, es decir, el ICM registró la cantidad de 17 millones 400 mil pesos por el recurso recibido de Gobierno del Estado en una subcuenta contable 4221-2 denominándola “Transferencias Extraordinarias”, perteneciente a la cuenta “4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones”, debiendo registrarse en la cuenta “4.2.1.3 Convenios”.

En este sentido, la ASE solo pidió que se asegure que invariablemente se registren las operaciones financieras en apego a lo dispuesto en el denominado “Plan de Cuentas” del Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Además de asegurar que en lo subsecuente se difundan de manera permanente la información de sus contratos y convenios modificatorios en su portal de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Y presentar una acción Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el órgano Interno de Control sancione por las posibles irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, suscribieron el convenio modificatorio ICM-CONV-MODIF-01/2022, por no contar con la aprobación del comité.

Sobre los pagos, el monto no licitado de la obra y las denuncias señaladas por artistas, promotores y activistas culturales, no hubo ninguna observación, por lo que en términos del artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, durante la ejecución de la revisión no se impusieron multas, ni se encontraron datos relevantes.

Protestan artistas en Chihuahua contra “La golondrina y su príncipe”

Cabe señalar que la empresa reportó que se llevaron a cabo 12 funciones del 11 de noviembre al 4 de diciembre de 2020, con una duración aproximada de 2 horas con 15 minutos cada una, “siendo un evento nunca antes visto con un escenario “, con 70 bailarines y actores en escena, en su mayoría talento local, 25 temas interpretados por solistas y aproximadamente 50 mil asistentes en el total de las presentaciones.

Cierra “La golondrina y su príncipe” presentaciones con transmisión en vivo

La ASE informó que también realizó inspección física al mobiliario adquirido, el cual se encuentra en desuso “desmontado y almacenado” en la bodega y oficinas del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, el Centro Cultural Quinta Carolina, en espacios de la Secretaría de Cultura ubicados en las colonias Ávalos y Centro.

Cuestionan destino de escenografía de “La golondrina y su príncipe”