El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, no acudió a la audiencia programada para este día en la Dirección General Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, en seguimiento a la denuncia por posible defraudación fiscal durante su mandato.
La audiencia, programada a las 11:00 de la mañana, se llevó a cabo con la presencia del representante legal de la parte acusadora así como del abogado del exmandatario.
El encargado de despacho de la SFP, Roberto Fierro, confirmó la ausencia de Corral, quien envió a su abogado para presentar alegatos y pruebas referentes a las conductas que se le imputan.
De igual forma, dijo que a partir de este momento cuentan con 3 días hábiles para integrar el expediente y enviarlo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), quien se encargará de emitir un resolutivo, ya que se trata de una conducta que se tipifica como grave.
Por su parte el abogado de la parte denunciante, Alan Alfonso Guevara Contreras, señaló que esta fue la audiencia inicial y esperarán el pronunciamiento del TEJA, en tanto que, para el siguiente paso en el proceso no se tiene fecha definida.
El representante legal de Javier Corral Jurado, abandonó las oficinas de la Función Pública sin emitir comentario alguno.
Cabe recordar que el pasado 5 de julio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) notificó a Corral Jurado sobre la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Lo anterior derivado de dos denuncias hechas ante la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas del 2022.
La primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por un diputado local, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.
A su vez, la denuncia penal se presentó en mayo de 2022 ante la FGE, por un Presidente Municipal, por conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.
Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave.
Concluida la investigación el expediente se turnó al área competente para el inicio del procedimiento de responsabilidades administrativas.
Desahogada la audiencia y por tratarse de una falta grave, el expediente será remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para su resolución.
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