Más de 300 organizaciones, colectivos y familias de personas desaparecidas condenaron la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró constitucional la eliminación del presupuesto obligatorio para la atención, asistencia y reparación integral de víctimas.
En un comunicado conjunto difundido el pasado 20 de noviembre, las agrupaciones advirtieron que la decisión abre la puerta a un retroceso normativo sin precedentes, al permitir que medidas esenciales para garantizar justicia y reparación queden sujetas a criterios discrecionales o a la insuficiencia de recursos.
Las organizaciones consideran que la Corte, recién integrada, vulneró el principio de cosa juzgada, reabriendo un debate sobre la constitucionalidad de reformas regresivas que ya había sido resuelto en favor de las víctimas.
“La SCJN decidió darle la espalda a las víctimas”, señalaron el Centro Prodh y Fundar, cuyas posturas fueron respaldadas por decenas de colectivos. Esta resolución reabre un camino que debilita la protección, la atención y la reparación integral”, señala el comunicado.
Una señal de alarma para miles de familias
El documento subraya que la determinación del máximo tribunal pone en riesgo el principio de progresividad, es decir, el deber del Estado de no reducir derechos ya reconocidos.
De acuerdo con los firmantes, sin un presupuesto mínimo garantizado, las políticas de atención, memoria, verdad, búsqueda y reparación podrían quedar reducidas a simples promesas sin impacto en la realidad cotidiana de quienes buscan justicia.
Además, señalan que la resolución se toma en un contexto de violencia persistente, crisis forense y más de 114 mil personas desaparecidas en México, por lo que cualquier retroceso normativo afecta directamente a miles de familias que dependen de estos mecanismos.
Las organizaciones piden:
1. A la Suprema Corte, respetar los avances en derechos humanos y evitar decisiones que reabran debates sobre reformas regresivas.
2. Al Congreso de la Unión y al Poder Judicial, garantizar que cualquier modificación a la Ley General de Víctimas sea transparente, consultada con colectivos y respetuosa del marco constitucional.
3. A las autoridades federales y estatales, asegurar los recursos y el funcionamiento de los mecanismos de atención, búsqueda y reparación sin retrasos ni obstáculos burocráticos.
4. A la sociedad civil nacional e internacional, mantener vigilancia sobre cualquier retroceso institucional que afecte los derechos de las víctimas.
Una lista que revela el tamaño de la preocupación
Entre las más de 300 organizaciones firmantes están colectivos de búsqueda de prácticamente todas las regiones del país, defensores de derechos humanos, organismos civiles, víctimas independientes, madres buscadoras y agrupaciones de acompañamiento psicosocial y legal.
En la lista figuran: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar, Artículo 19, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, Diversos colectivos de Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Ciudad de México, El Espacio OSC, integrado por once organizaciones nacionales e internacionales y Redes de apoyo como la Red TDT y colectivos estatales de búsqueda
Las organizaciones insisten en que esta resolución no solo afecta a quienes hoy enfrentan procesos de búsqueda o justicia, sino que marca un precedente peligroso para la garantía de derechos humanos en México.
“Sin recursos, sin mecanismos y sin voluntad institucional, los derechos de las víctimas quedan en el papel”, advierten.
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