En medio de un debate político entre el bloque mayoritario y la bancada de Morena, la 68 Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos autorizar al Poder Ejecutivo de Chihuahua a contratar financiamiento hasta por 3 mil millones de pesos que serán destinado a inversión pública productiva, refinanciamiento de deuda y la contratación de instrumentos financieros para mitigar riesgos por alzas en las tasas de interés.
El decreto faculta al Ejecutivo estatal a realizar las operaciones de financiamiento por un monto de 3 mil millones de pesos, además de los recursos necesarios para cubrir costos asociados, gastos de implementación y fondos de reserva, bajo los términos establecidos en el dictamen legislativo.
Durante la presentación del proyecto ante el Pleno, la diputada Carla Rivas Martínez (PAN), defendió la contratación del nuevo crédito, al señalar que ésta se sustenta en un análisis previo de la capacidad de pago del Estado, el Techo de Financiamiento Neto aplicable a Chihuahua y la definición de fuentes de pago claras. Todo o anterior, afirmó, permite garantizar la sostenibilidad de la deuda.
De acuerdo con lo aprobado, los recursos se destinarán principalmente a infraestructura carretera, al desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como al refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, contratados durante el período de gobierno del 2010 al 2016.
Además, se contratarán instrumentos derivados para reducir la exposición financiera del Estado ante posibles incrementos en las tasas de interés.
Desde la bancada mayoritaria, se argumentó que el financiamiento permitirá impulsar proyectos estratégicos, fortalecer la infraestructura estatal y mejorar las condiciones para el desarrollo económico, sin comprometer las finanzas públicas, al tratarse —subrayaron— de inversión pública productiva.
En contraste, legisladores de oposición expresaron reservas sobre el alcance del endeudamiento, al advertir riesgos en la ejecución de los recursos y en el nivel de compromiso financiero a largo plazo, además de exigir mayor claridad y control sobre los proyectos específicos que serán financiados con el crédito autorizado.
El decreto establece que los recursos del Financiamiento para Inversión Pública Productiva (IPP) deberán destinarse a proyectos como abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones, vías de comunicación e infraestructura urbana, edificación no habitacional y equipamiento, infraestructura y equipamiento en seguridad pública, justicia y salud.
También piden destinar recursos al rubro “Desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras”.
¿Cómo quedará la deuda pública de Chihuahua?
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa en su reporte “Financiamientos de Entidades Federativas y sus Entes Públicos”, la deuda pública de Chihuahua asciende a 55 mil 731 millones de pesos, al corte del 30 de septiembre.
Con el monto recién aprobado, la deuda pública estatal ascenderá a 58 mil 731 mdp, lo que mantendrá a Chihuahua como la cuarta entidad más endeudada del país, Nuevo León, con 108 mil 60 mdp de deuda; Ciudad de México, 99 mil 301 mdp y Estado de México, 61 mil 955 mdp.
En los artículos transitorios se precisa que el detalle de los proyectos deberá quedar asentado en los contratos mediante los cuales se implemente el financiamiento, lo que fue uno de los puntos señalados por la oposición como clave para el seguimiento legislativo.
Durante la discusión, el Pleno aprobó una reserva presentada por el diputado Jorge Soto Prieto, mediante la cual se establece que tanto los créditos como los instrumentos derivados deberán ser registrados ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la normativa federal, incluyendo de manera expresa la clave de registro de cada financiamiento.
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