A poner las barbas en remojo, todo el mundo, porque el Poder Judicial de la Federación acaba de emitir un fallo con el cual, las puertas de la cárcel se abrirían de par en par para cientos, tal vez miles de presuntos delincuentes, de diversa peligrosidad.

Este miércoles, se supo que el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, estableció una jurisprudencia que señala que basta con una demanda de amparo, para que se ordene suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves.

Estos delitos, contemplan los sexuales, los cometidos contra menores, el feminicidio, el homicidio, la violación, el secuestro, la delincuencia organizada y otros más.

Dicho sea de otra forma: que la “protección de la justicia federal” cubrirá con su manto a personas acusadas de algunos de los delitos más lacerantes de cuantos le aquejan a esta sufrida sociedad mexicana.

¡Que viva la impunidad, pues! Porque, si vamos a esperar a que se resuelva y se emita una sentencia, podemos ir a sentarnos y a armarnos de paciencia, porque ya hemos visto cuánto puede llevarse un juicio. Años, completitos, y durante todo ese tiempo, el presunto homicida, secuestrador o el largo “etcétera” andará suelto.

Lo peor del caso para nosotros, habitantes de este enorme estado, golpeado por la delincuencia y el desorden, es que estamos entre las entidades donde aplicaría ese criterio jurídico, junto con Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 

Si bien la FGE ya emitió un comunicado en el que reprueba ese fallo, no le quedaría de otra más que apegarse a él, si es que realmente sienta jurisprudencia.

La dichosa resolución, dice que la FGE, “pone en peligro inmediato a las víctimas de todos esos delitos”.

Y no solo a estos, sino también a los ofendidos, a sus testigos y, ¿por qué no? A la parte acusadora, que es el MP.

Todos ellos quedarían en una condición de altísimo riesgo y sin protección alguna, al menos, del aparato de justicia.

Y, para todos estos ciudadanos aquejados por el delito, ¿no hay un “amparo de la justicia federal” que los proteja?

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De los cuarteles del frente PRIAN-PRD nos llega el dato de un cambio de estrategia en la difusión de las campañas electorales tendiente a fomentar el voto, sí, en favor de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, pero enfáticamente, en los aspirantes al Congreso de la Unión.

Según nos comentan enterados del tema, la probable victoria de la candidata de la 4T, Claudia Sheimbaum, no deja de preocupar a los sectores más reacios a las reformas del actual régimen.

Sin embargo, lo que más les preocupa es que, de darse un “tsunami guinda”, como el del 2018, Morena y aliados se hagan de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y proceda a modificar la Constitución a diestra y siniestra.

Eso sí que quita el sueño. Así que, con todo y la pena, se van a centrar en hacer el llamado al electorado a que vote por los diputados.

Más aún: que no le fallen, como en otros procesos electorales donde hubo coaliciones, cuando no les dijeron a sus electores cómo usar la crayola y cruzar la boleta al momento de estar dentro de la mampara.

Ahí, nos dicen, es muy importante que el elector cruce un solo recuadro, el de su preferencia, para evitar que su voto se “parta en tres”. Así, podrán acumular porcentaje de votación para los tres partidos de la “X”, aunque, seamos sinceros, los principales beneficiarios serían el PAN y el PRI.

Todo sea por evitar que los morenos, petistas y “pverdistas” se lleven la bolsa entera de las canicas.

No les queda mucho tiempo, así que más vale que le apuren, porque los morenos sí que andan tendidos en busca de las curules necesarias para completar los dos tercios en San Lázaro.

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Desde las lejanas tierras del noroeste chihuahuense nos llega el dato de la probable ausencia de candidatos en municipios donde hay fuertes disputas entre bandas delictivas por el control de “la plaza”.

Concretamente, nos comentan el caso del municipio de Ocampo, donde la candidata a la Presidencia Municipal por el PRI, Ana María Sáenz Campos, sencillamente, ya no se ha vuelto a aparecer en actos de campaña.

¿Dónde anda? Buena pregunta. Era la abanderada por todo el frente que integra al PRI, al PAN y al PRD, al menos hasta el corte de este día.

Por el estilo andan las cosas en otros municipios del noroeste o de la región sur de la Sierra Tarahumara, donde en últimos años han ocurrido hechos violentos, ya sea por actos de grupos delictivos o por enfrentamientos entre bandas enemigas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Nuevo Casas Grandes, donde la alcaldesa actual, Cynthia Marina Ceballos Delgado, se encuentra separada del cargo y sujeta a proceso penal.

La violencia allá tocó a las puertas de la administración municipal en diciembre del 2023, cuando el oficial mayor del municipio, Pablo Lara Chávez, fue acribillado de manera brutal.

Ni qué decir de Urique, donde operó durante años el tristemente célebre José Noriel Portillo, alias El Chueco, a quien se le atribuyó el homicidio de dos sacerdotes jesuitas, un jugador de beisbol y un promotor turístico, el 20 de junio del 2022.

Ese mismo año, la Secretaría de Seguridad Pública estatal desarmó a 50 efectivos de la Policía Municipal de Urique, aunque a la fecha no se conoce el curso que han seguido las investigaciones.

Así andan las cosas en la parte occidental del estado. Hasta la fecha, se desconoce cuántos candidatos han solicitado la protección de las Policías Municipal o Estatal para tener algo de garantías y salir a hacer campaña.

Por lo pronto, ya hay una aspirante –¿ex aspirante?– a presidenta kunicipal que no ha vuelto hacer campaña.

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El uso del transporte colectivo en la ciudad de Chihuahua va de bajada.

Un estudio del Inegi nos muestra que, en enero pasado, fecha más reciente de cuantas se tengan datos, se tuvo la cifra de usuarios de transporte público más baja desde principios del 2022.

El dato indica que en ese mes fueron apenas 671 mil pasajeros los que usaron el “camión” para trasladarse de un lado a otro. Muy baja, si se compara con los 901 mil de marzo del 2023.

En términos generales, descendió un 2.7 por ciento el uso de ese servicio. El sistema elegido por el Inegi para valorar y medir el uso del transporte colectivo en diversas ciudades del país fue el de tipo troncal, por lo que a Chihuahua le tocó el turno al sistema “Vive Bus”.

Así lo refirieron, pese a que ya lleva el nombre de Bowí, desde la administración de Javier Corral.

Este declive ocurre justo en el periodo durante el cual entró en vigor el llamado “tarifazo”, que representó un incremento de la tarifa del transporte, de 9 a 12 pesos por pasajero.

El sistema troncal “Vive Bus” también subió, a 10 pesos por pasajero, con un descuento del 50 por ciento a estudiantes, personas de la tercera edad, con discapacidad o miembros de pueblos originarios.

Por lo visto, eso de fomentar el uso del camión para reducir el congestionamiento de las calles no cascó. Y menos, si la famosa “modernización” del transporte sigue colgada de un hilo.