Las recientes capturas de malandros de alta escuela y peores trazas han preocupado de sobremanera a nuestras autoridades investigadoras, no solo por la cantidad de personas dispuestas a quitarle la vida al prójimo a cambio de dinero, sino por la abundancia de parque, armas y pertrechos que se cargan esos grupos delictivos.
La abundancia es el signo, según lo confirma la FGE en sus comunicados oficiales que emite cada que desmiembra una célula delictiva o desmonta un narcocampamento.
Cascos, uniformes tipo militar, chalecos antibalas última generación, municiones como para llevar y guardar en la alacena y armas del más alto poder, además de vehículos con reporte de robo, además de algunos vestigios de la droga que venden o consumen suelen encontrarse en cada operativo, ya sea con o sin personas detenidas.
Tras la captura de los miembros de la banda conocida como “La empresa”, salió a flote el dato de las armas que se cargaban los sujetos que ya fueron consignados al Ministerio Público.
Si bien no eran muchas, y el calibre es más que conocido, lo que llamó la atención y levantó antenas entre los agentes del orden es el modelo y características de esas armas: tres 9mm y .45 y un arma larga calibre .223 de las conocidas como R15.
A esta columna poco discreta y muy comunicativa llegó el dato de que las pistolas eran la marca Beretta, la misma que se instaló como arma oficial del ejército de los Estados Unidos en las últimas décadas del siglo pasado.
No cualquier Beretta, sino las de última generación, mucho más modernas que las que traen nuestros agentes de seguridad, los que hacen la labor titánica de enfrentarse a sujetos con armamento más moderno y con mucha más abundancia de balas para disparar a diestra y siniestra.
El dato causó, si bien no alarma, sí un estado de alerta y una toma de nota para la próxima vez que haya una reunión de seguridad con miembros de las fuerzas armadas y de la Guardia Nacional.
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El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, regresó el obús como si fuera tenista profesional, cuando se le acusó a él y al Gobierno para el que trabaja de montar todo un operativo para limpiar el terreno que le permita al exgobernador Duarte recuperar no solo su libertad, sino también sus bienes, sus dinerales, pues.
Según el casi recién estrenado fiscal, no fue el gobierno de Maru Campos el que devolvió propiedades incautadas al exgobernador, sino el mismísimo Javier Corral, así como se lee.
Fue durante el gobierno corralista cuando el ballezano logró que le regresaran, al menos en calidad de depósito, el rancho “El Saucito” que le había asegurado la Fiscalía General del Estado como parte de las acciones que en aquel entonces se llamaban “Justicia para Chihuahua”.
Sí, es ese, el mismo rancho que vimos en la tele cuando se difundió la noticia de que se lo habían regresado. Es el que tiene represas, lago artificial propio y más de mil ejemplares del ganado que el Gobierno mexicano importó de Nueva Zelanda para distribuirlos entre productores ganaderos del país.
La incautación de ese rancho causó mucho revuelo, pero no tanto como la devolución que debió hacer el gobierno de Corral a la familia Duarte, tras un costosísimo traspié judicial.
Ese es, hasta ahora, el único bien que se le ha regresado al político, actualmente recluido en el Cereso 1, de Aquiles Serdán. Es el único…hasta ahora, y fue culpa de Corral.
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La exdiputada, exdirigente y cuasi dueña del capítulo Chihuahua del Partido Verde Ecologista de México, María Ávila Serna, mostró que tiene brazo de lavandera para aquello de congregar a políticos (y políticas) de todos los colores y encargos posibles.
Cual si fuera bolsa de confeti, en la exverde, ahora coloreada de naranja, juntó a actores identificados con el azul del PAN, al amarillo del deslavado PRD, tricolores pri-cetemistas y hasta un retoque de guinda morenista.
María Ávila ha sido diputada tanto nacional como estatal y se alternó en el cargo con su esposo, Alejandro Gloria, siempre bajo el rótulo del partido del tucán, pero ahora se hará cargo de una especie de “sector campesino” de Movimiento Ciudadano, muy al estilo del más rancio priismo.
Para que se den una idea del colorido acto de la exverde: Ahí estaban las exdiputadas Lily Ibarra, que representó a la bancada del PAN en la 65ª Legislatura, entre el 2016-2018; la voz fuerte del PRD en Chihuahua, Hortensia Aragón, artífice de la alianza de ese partido con César Duarte; Antonio Andreu, diputado local y federal por el PRI, siempre por el distrito “fifí” de Juárez y el indescriptible Luis Villegas Montes, a quien no le da comezón asumir posturas partidistas, siempre por el PAN, a la vez que detenta cargos en el Poder Judicial del Estado.
Los “emecistas” reunidos el domingo pasado no se cansaron de repetir que irán solos en la elección federal del 2024… pero que no descartan sumarse a Va Por México ¡Por fin!
Si el partido propiedad de Dante Delgado se decanta por sumarse al amasijo pripanista-claudoxgonzalista (y los remilgos del PRD), ya tiene en Chihuahua a María Ávila para lo que se le ofrezca.
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La diputada de juaritos Adriana Terrazas Porras ya dio por concluido el pleito con el resto de su bancada, por aquello de haber aceptado el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a costillas de su compañero casi excompañero Benjamín Carrera Chávez.
Si bien no la han sacado del iglú en el que la metió su bancada, la juarense sigue jurando amor al partido de la 4T y para demostrar su pertenencia, ayer anunció a los cuatro vientos que los órganos de dirección de Morena ya habían desechado las denuncias en su contra y bendecido su cargo como jefa del Poder Legislativo en un estado donde el PRIAN controla todo.
Lo que no acaba de entender, nos dicen, es que Morena no es el PRI y ahí parece que una indicación de los altos mandos se entiende como una orden en contrario. Dicho de otra manera: si allá en el nirvana político de la Ciudad de México te dan una palomita, aquí te lo convertimos en tacha. Así que el Bo.Vo. de Mario Delgado de poco le sirve para recomponer las cosas entre sus compañeros, pero tampoco le apura mucho, por el momento.