En su afán por lograr la salida del exgobernador César Duarte del Cereso 1, su equipo de defensa ha recurrido prácticamente a todo.

Primero, intentó desacreditar al gobierno que lo acusó. No le salió porque ya no tenía mucho crédito en su cuenta política, pero además, el supuesto monstruo torturador solo tiene una denuncia en su contra.

Segundo, la insistencia en el precario estado de salud del ballezano tampoco ha pegado, ni judicial ni mediáticamente. Nada más hay que ver las reacciones que les llegan a través de las redes sociales para sacar por conclusión que no lograron la compasión hacia el enfermo, algo a lo que es tan afecta la sociedad mexicana.

Ahora intentan desacreditar a la juez de la causa, Delia Valentina Meléndez, para quien piden sentencia penal por haber postergado la audiencia intermedia programada para el 24 de abril pasado, sin fijar una nueva fecha.

Fuentes consultadas por esta columna nos dicen que el intento de la “unidad defensiva” de Duarte está recurriendo más a lo mediático que a lo jurídico.

Las constantes versiones de los supuestos infartos o recaídas cardíacas ya no pegan, aunque sean creíbles, hasta cierto punto.

Esos achaques se han vuelto inverosímiles cuando caen justo días antes de las audiencias, como ha ocurrido en dos ocasiones.

Ahora, la carga contra la juez por una supuesta violación a los derechos humanos del imputado parece volvérseles en contra: la jueza no fijó nueva fecha porque el justiciable estaba bajo cuidados médicos y necesitaba que se le diera de alta para programar su presencia en los tribunales.

¿Qué se excuse la jueza de conocer del caso por tener un litigio contra el acusado? Difícil, nos cuentan. Es un recurso hasta cierto punto frecuente entre los penalistas para quitarse de encima a un juzgador o juzgadora que no les resulta a modo.

Nos cuentan que la jueza Delia Valentina le hace honor a su nombre, por aquello de “valentina” y que no se va a amedrentar por una denuncia que bien puede responder un estudiante reprobado de la Facultad de Derecho. A ver quién se cansa primero.

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El Congreso del Estado aprobó ayer dos reformas que obligarán a los gobiernos de Chihuahua, sean estatal o municipales, a repartir a partes iguales los cargos de gabinete, es decir, los de secretaría o dirección.

Si no lo hacen, ahí viene lo peligroso, le caerá el chahuistle al gobierno o al ayuntamiento que incumpla, porque se le tomará como si fuera violencia laboral. Suena fuerte el castigo para alguien que no reparte por iguales los nombramientos de primer nivel.

Otra más: la reforma aprobada este jueves deja clara la advertencia de que, a trabajo igual, se debe pagar igual salario. No hacerlo implicará una sanción propia de quien incurrió en violencia de género. ¡Tómala!

Todo suena muy bien para las mujeres, incluso para los hombres, en el remoto caso de que llegaran a quedar en desventaja (muy, muy remoto caso).

Solo que, como dice Cantinflas, “ahí está el detalle” en el artículo transitorio: la reforma de marras entrará en vigor, para el Gobierno de Estado, hasta el 2027, es decir, cuando termine la actual administración, o dicho de otra manera: “Hágase tu voluntad en los bueyes de mi compadre”.

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Desde la noche fatídica del 27 de marzo, cuando un incendio en la terminal migratoria del INMI cobró la vida de 40 personas originarias de diversos países, el tema de los migrantes ha estado de moda y ha servido para que le saquen todo tipo de raja política, tanto de un lado como de otro.

En Chihuahua, no ha habido sesión del Congreso del Estado donde no se apruebe una llamada a misa… perdón, un punto de acuerdo para exigir que a los migrantes se les dé una “atención integral”. O cualquier cosa que se pueda entender por “integral”.

Claro, los promotores lo han hecho más por el afán de golpear al omiso gobierno de la 4T que por quitarles el sueño y la suerte a los centroamericanos y venezolanos varados en Ciudad Juárez.

De lo que no se han ocupado es de reformar las leyes propias para favorecer el trato a quienes vienen de fuera, sean del extranjero o de otros estados del país.

Ahí está la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, vigente desde el 2007, en la que no se le dedica ni una coma a los migrantes.

Tampoco hay presupuestos suficientes para atender a la niñez que llega de tránsito, ni fondos suficientes para el Consejo Estatal de Población.

Si realmente les importara el tema, podrían dejar de mandar llamadas a misa y ponerse a legislar y a reformar el marco jurídico propio.

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Este miércoles 26 de abril se llevó a cabo la exhibición del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo” en la “grillería” de Javier Corral.

A la proyección del video a donde se narran los calvarios que sufrió una de las activistas sociales más recordadas y añoradas de Chihuahua, si no es que del país, siguió un conversatorio en el que estuvieron la exasesora jurídica de Marisela, Lucha Castro, y Ruth Fierro, coordinadora del Cedeh.

Interesante la velada, sin duda. Solo que a Corral se le vino la caballada encima en redes sociales, de cibernautas que le reprocharon que, cuando fue gobernador, no hizo gran cosa por terminar de esclarecer el homicidio de la madre de Rubí Marisol Freyre, la joven asesinada por Rafael Barraza, su pareja sentimental.

Buena exhibición. Ahora que presente Corral un libro o un documental sobre el caso de Miroslava Breach, sobre todo, en un momento en el que se le cuestiona su actuación, la de él, en persona, y la de todo su gobierno en torno al homicidio de la periodista.