Carlos Mario Jiménez, el bateador designado de la Fiscalía General del Estado, a quien siempre le encuentran acomodo, será ahora el encargado de perseguir los delitos electorales en cuanto inicie el período 2023-2024, cuando se renovará prácticamente todo el poder Legislativo y la Presidencia de la República.

Como director general Jurídico de la FGE, Jiménez recibió el encargo de actuar en contra de quien o quienes sean presuntamente responsables de cometer delitos electorales durante el próximo proceso comicial.

Para hacer esa función, podrá designar al personal -que él considere necesario- de las Fiscalías de Zona en las que está dividido el trabajo de la FGE y proceder contra quien haya trasgredido la legislación electoral.

El encargo se lo entregó de manera directa el mismísimo fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, mediante oficio publicado en el Periódico Oficial del pasado sábado 29 de julio.

Así que “Carlos Mario”, como le dicen coloquialmente en su ámbito laboral, engrosará ahora su ya de por sí cargado currículm: fue fiscal Zona Centro en la administración de César Duarte; repitió el mismo rol con Javier Corral y luego con Maru Campos.

Luego, se le encargó la Dirección General Jurídica de la FGE y ahora, además, le endilgan la materia electoral. ¡Todo un milusos!

Por cierto, el director general de Asuntos Jurídicos, Administrativos y Familiares de la FGE, Jorge Alan Puente Campos, también andará en las mismas lides electorales.

Como que quiere el gobierno estatal adelantarse a cualquier víspera, en vista de lo acelerados que andan los tiempos con tanta “corcholata”, “quitapón” y “taparrosca” que anda suelto por las calles.

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Que alguien nos explique: en las primeras horas de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado presentó a Sugey Aguilar como la titular de la Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial, y lo hicieron con gran bombo y platillo, pues era “la primera mujer en estar al frente de un organismo de inteligencia”, nos dijeron.

Pero horas después, la misma SSPE nos informó vía comunicado oficial que esa misma funcionaria pasaba a ocupar subsecretaria de Profesionalización y Especialización Policial.

¿Y quién se ocupará ahora de la de Inteligencia? ¡Bingo!, Héctor Martínez, quien antes era el titular de la subsecretaría que ahora tiene al frene a Sugey Aguilar.

¿A qué vino todo ese entramado de nombramientos y enroques? Difícil saber, pero fácil de deducir.

Horas antes de su “enroque”, la encargada de Inteligencia hizo una de las declaraciones más desafortunadas de que cuantas se tenga registro al menos en la actual administración.

Dijo, así sin ambages, que las fuerzas del orden van “un paso adelante” de las organizaciones delictivas, y que estas saben que están “vigilados”.

En la conferencia de prensa convocada para hablar de los hechos violentos del fin de semana, la flamante subsecretaria aprovechó la ocasión para presumir las herramientas tecnológicas con las que se persigue el delito.

Como que no era el mejor momento para presumir que tienes la tecnología de punta y, a la vez, dices que hubo una serie de ataques de la delincuencia.

Ni cómo ayudarle: afirmó lo anterior para explicar por qué la delincuencia asomó con fuerza el pasado fin de semana, con un saldo de 11 personas asesinadas, incluido un agente de la Policía Estatal, a quien abatieron durante una emboscada a ese cuerpo policial.

Lo bueno es que van un paso adelante y que los tienen vigilados.

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Este lunes entró en vigor una de las reformas más amplias y ambiciosas que se hayan hecho en materia de atención a la salud mental de las y los chihuahuenses.

Se trata de las 14 modificaciones a la Ley en materia de salud mental para el estado de Chihuahua que había aprobado el Congreso del Estado en sesiones pasadas.

Con ese “paquete” de reformas, la práctica de la psicología y/o la psiquiatría pasan a tener una presencia y una importancia fundamental en casi todos los aspectos relacionados con la atención a la salud, particularmente de niños, niñas y adolescentes.

Por ejemplo: el artículo IV dice ahora que el estado debe impulsar políticas públicas “a efecto de prevenir y erradicar los suicidios en el Estado”.

Hasta ahí, todo bien, “peeeerooo…”

Especialistas consultados por esta columna que en todo se mete nos comentan que, en efecto, la nueva legislación es muy noble y sumamente precisa en torno al tema de prevención al suicidio, particularmente, pero no existen las herramientas suficientes para atender ese problema.

Le dicen a esta Doña que hay suficientes egresados de las escuelas de psicología del estado, quienes salen con un grande e importante bagaje de conocimientos, pero poca práctica en la difícil tarea de atender a una persona que tiene intenciones de quitarse la vida.

Por otra parte, los alcances que pretende ese nuevo articulado requieren de abrir una serie de plazas de trabajo para especialistas en psicología, pues el trabajo que se les avecina es titánico y difícilmente lo podrán “atajar” con el personal con que cuentan actualmente.

Así que, como muchas reformas que aprueba el Congreso, ¡Bien por ellos! Pero falta el dinero para hacerlas.

A ver si en la próxima revisión del Presupuesto de Egresos para el 2024 se acuerdan de apretarle las tuercas al gasto del Estado para abrir plazas de trabajo a especialistas en psicología, y para pagar la capacitación que estos necesitan para atender esa problemática.

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Durante el primer semestre del año, el Gobierno del Estado se gastó más de 2 mil millones de pesos en pagar intereses de una deuda bancaria superior a los 36 mil millones de pesos que contrataron las anteriores administraciones.

Es decir, que a la actual le tocó pagar la cuenta que otros se gastaron, y lo peor es que ya ni sabemos en qué se fue ese dinero.

Todavía recordamos las múltiples e indescifrables respuestas que nos daba el gobierno de César Duarte para justificar que la deuda bancaria hubiera llegado a esos niveles, o lo que le hicieron a los 15 mil millones de pesos de los bonos carreteros.

Si al menos supiéramos que ese recurso se fue a alguna de esas obras que detonan actividad económica, como la autopista que va desde Juárez hasta Jiménez, o el Periférico de la Juventud de la ciudad de Chihuahua, por citar ejemplos que a todo chihuahuense le gusta presumir.

A pesar de ese “hoyo negro”, la administración logró campear el temporal, en gran medida por la contribución que hicieron los causantes de impuestos locales, por la recaudación de derechos y cobro de aprovechamientos.

O sea que el gobierno local se las arregló para ingresar, por cuenta propia, más de 13 mil mdp, de los 56.5 mil mdp que obtuvo en esa primera mitad del 2021.

Todavía la semana pasada, el Gobierno Federal presumió sus éxitos en materia de macroeconomía, con reducciones a los índices de pobreza—según el INEGI—e incremento en los ingresos familiares.

Ahora hablan de que la economía crecerá en el 2023 hasta en un 3.6%. Esperemos que eso se vea reflejado también en un aumento en la recaudación fiscal participable y, por consiguiente, en más recursos para los estados…pero que no se olviden de Chihuahua.