Después de casi seis meses, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda del Gobierno del Estado durante la administración de Javier Corral Jurado.
Se llama Arturo Fuentes Vélez, como es del dominio público, pero en lo subsiguiente se le referirá como Arturo F. V. en diversos comunicados oficiales e incluso en medios de comunicación, por aquello del respeto a la presunción de inocencia, según lo ha dicho la parte oficial.
Es la primera acción penal propiamente dicha contra un funcionario de primer nivel de la administración corralista, tan repudiada por la actual y por la antepasada, la que encabezó el gobernador César D.J. “Dee Jay”.
Sin embargo, aunque el discurso oficial anunció de forma reiterada que incluso se perseguirían las irregularidades cometidas en la administración 2016-2021, fue hasta este 9 de mayo de 2023 cuando por fin salió una orden de aprehensión en contra del titular de la secretaría en la que se hizo una contratación presuntamente irregular.
Fue la ASE, y no la FGE, la que detectó mediante una auditoría forense la contratación del despacho “López Elías Finanzas Públicas, S.C.” para que se encargara de la reestructuración de la deuda de largo plazo del Gobierno del Estado mediante el pago de 98.6 millones de pesos.
El dato lo obtuvo el órgano auditor desde el año 2019, pero la denuncia se presentó hasta el 2022, es decir, tres años después, cuando Javier Corral ya era exgobernador y cuando la administración que lo sucedió anunciaba que iría con todo en contra de él.
La firma referida hizo casi nada a cambio del dinero que se le pagó, según la auditoría de la ASE, pues de las 170 actividades que reportó, 137 las habían hecho los propios funcionarios de la Secretaría de Hacienda.
Fue el trabajo del organismo a cargo del auditor Héctor Acosta el que dio materia para iniciar un proceso penal contra el gobierno de Javier Corral, un año y ocho meses después de que se anunciara el “ni perdón ni olvido”.
El acusado alega en su defensa que nunca le dejaron entregar pruebas de descargo a lo largo de toda la auditoría. Ahora podrá hacerlo, pero ante el juez que siga su causa.
Por lo pronto, la gobernadora ya se excusó de hablar del tema, por respeto al debido proceso. Al menos en ese sentido ya empezó de manera distinta que su antecesor.
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El alcalde de Chihuahua Marquitos Bonilla anunció el cierre del antiguo relleno sanitario y la próxima instalación de empresas generadoras de energías renovables, a las que con toda amabilidad les llaman limpias.
Con gala y todo, el panista informó que el relleno, que comenzó a captar la basura que genera la ciudad de Chihuahua desde principios de los 90as, será transformado en un parque de energía donde igual habrá paneles solares que otros mecanismos para aprovechar los gases que generan los desechos orgánicos.
No acaba todavía la controversia por la contratación de un megacrédito por 132 millones de pesos para construir y equipar el nuevo relleno, cuando surge la duda sobre un posible tráfico de influencias y conflicto de interés con el aprovechamiento del relleno viejo.
El nombre de Jaime Cruz Russek, propietario de la empresa Biogas S.A. de C.V., especializada en generación de energía a base de gases residuales, sería el beneficiado por el ayuntamiento que preside Marquitos.
Indicios de que será el “ganón” de esa asignación los hay, y muchos. Cierto que Biogas es una empresa con experiencia en el ramo y que ya presta servicios de ese tipo en otras partes del estado, pero no se puede dejar de lado que el dueño es hermano del presidente municipal suplente, Jorge Cruz Russek.
Ojo pues con el rimbombante anuncio que hizo Marco Bonilla durante la ceremonia de “Ciudades inteligentes”, delante del “corcholato” canciller Marcelo Ebrard. No vaya a ser que todo quede en familia.
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Tal como lo habíamos anunciado en esta poca reservada columna, la pandemia de Covid-19 terminó por decreto.
Este 9 de mayo, el presidente AMLO anunció la suspensión de la emergencia declarada por su gobierno y prácticamente por todos los países del mundo a partir de marzo del 2020, cuando se propagó la enfermedad a todo lo largo y ancho del planeta.
El decreto, según lo han anunciado autoridades de la Secretaría de Salud, implica la suspensión de las medidas sanitarias, como los aforos limitados, las actividades a distancia y el uso obligatorio del cubrebocas, por citar los que se citaron con más insistencia.
Sin embargo, en el mismo decreto se señala la posibilidad de que en escuelas y hospitales se mantenga el uso del cubrebocas y el lavado constante de manos, así sea con gel antibacterial.
El cubrebocas, uno de los recursos que más controversias generó a lo largo de la pandemia, es el que se queda, por decreto y por uso.
Las aglomeraciones, el saludo de mano y de beso y la distancia “cero” regresaron desde hace meses y al parecer lo hicieron para quedarse.
Llama la atención que, en planteles educativos, sobre todo de nivel medio superior, prevalece la costumbre de usar el cubrebocas entre los escolares, más que entre el personal docente y administrativo.
Nos cuentan que son jóvenes que prácticamente pasaron de sexto de primaria a primero de prepa, pues cursaron casi toda la secundaria en un sistema a distancia.
Para muchos de ellos, el cubrebocas fue parte de su atuendo diario y acaso así se sientan más seguros que cuando no lo traen.
Todo un fenómeno que quedará para el estudio.
Por lo pronto, en Chihuahua, el período de emergencia terminó con 10 mil ,281 fallecimientos; 187,034 casos confirmados acumulados y una tendencia a la baja desde la semana 12.
La emergencia se fue, pero la OMS ya nos lo advirtió: el Covid llegó para quedarse.
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Para no quitarle el ojo de encima al ambiente político que se vive en el noroeste del estado y, muy en especial, en Nuevo Casas Grandes, donde gobierna la neo panista Cynthia Ceballos.
Por un lado, la sindicatura municipal, que encabeza Venus Olmos Hernández, ha presentado sendas denuncias ante la Auditoría Superior del Estado por la venta aparentemente irregular de al menos siete terrenos de propiedad municipal.
Entre esos lotes está uno que le pertenecía a la Cámara Nacional de Comercio de Nuevo Casas Grandes, organismo que se ha sumado a la demanda de que se le practique una investigación a las operaciones inmobiliarias que autorizó la alcaldesa.
Además, una regidora del Ayuntamiento denunció por el mismo motivo: la desincorporación ilegal de terrenos propiedad del municipio.
Por si faltara algo, se gesta una rebelión ciudadana contra la construcción de una gasolinera en una zona habitacional. Esa obra, adivinó usted, fue autorizada por la alcaldesa.
La rebelión en Nuevo Casas va en aumento y a nadie sorprenda que pronto se tengan noticias de más actos de inconformidad contra la alcaldesa que llegó al cargo postulada por el Partido del Trabajo, pero que el año pasado decidió renunciar a esa organización y pedir su adhesión al PAN.
Ni con los de su partido pudo quedar bien.
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Doña Mirone les desea de todo corazón a todas las mamás, un feliz Día de las Madres.