La defensa del exgobernador de Chihuahua recurrió a todo lo que pudo con tal de lograr que su defendido logre: o que le levanten la medida cautelar y lo dejen continuar el proceso penal en su contra en un domicilio particular, o de plano, que se sobresea la causa, esta vez, por violación al debido proceso.

En su afán, el grupo de defensores recurrió a todo lo que tuvo a la mano: desde traer al exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza Flores, para que pidiera la absolución de su “exjefe”, o la aseveración de que el imputado no está llevando un juicio con apego al debido proceso.

Las supuestas agravantes mencionadas por la defensa fueron abundantes: desde el hecho de que el Ministerio Público tardó 641 días en entregarles la carpeta de investigación contra su representado, o de que, a la fecha, no han tenido acceso a la documentación relativa al juicio de extradición que se le siguió en Miami, Florida, Estados Unidos.

Los alegatos antes mencionados son materia y sustancia que bien puede ventilarse en un proceso judicial, y quedaría a consideración del o la juzgadora determinar si son válidos.

Lo que llamó la atención es que el grupo de defensores aludiera a la mala fama del exgobernador como si fuera un elemento violatorio del debido proceso.

Refirieron a un “funcionario”, cuyo nombre no revelaron, que les dijo lo siguiente: en Chihuahua nadie le dará la libertad a su representado.

La mención parecía más un lanzamiento de “slider” contra la juez, Delia Valentina Meléndez, a quien tienen demandada por una supuesta violación al debido proceso por haber suspendido la audiencia del 24 de abril.

Dicho de otra manera: “si no me liberas a mi cliente, es porque ya tenías línea”.

En su larga exposición, el equipo de defensores aludió constantemente al debido proceso y a la soberanía del Poder Judicial, la cual ha sido vulnerada, según dijeron, durante todo el juicio contra Dee Jay (el sobrenombre es de esta columna).

Lo que parece olvidar tanto el procesado como sus defensores es que ese “debido proceso” fue justamente lo que no se cuidó en el período 2010-2016.

Todavía se recuerdan esas desfachatadas declaraciones del entonces presidente del TSJ, Gabriel Sepúlveda, cuando decía que sostenía reuniones con la Fiscalía General del Estado para evitar que “los delincuentes salieran libres”. Tampoco recuerda cuando él hacía juicios sumarios de las personas que la Policía Única recién había detenido.

La audiencia va para largo y es probable que se declare un receso. A saber. Lo cierto es que la causa penal contra el exgobernador ya lleva más de medio año y todavía no sabemos si se le va a juzgar.

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El alcalde de Chihuahua, Marco “Godinitos” Bonilla, estará ausente de sus funciones durante algunos días, contados a partir del 3 de mayo, por “motivos personales”.

“Motivos personales”, la justificante que ya es todo un clásico de la administración pública para separarse temporal o permanente de un cargo.

Es decir, que el señor que cobra como alcalde de Chihuahua tendrá dos puentes: el del viernes 28 de abril al lunes 1 de mayo y el del miércoles 3 al 7 de mayo, período de asueto que a nadie más se lo conceden. 

¡Quien fuera presidente!, porque el permiso se lo otorga el mismo.

Cuando un trabajador asalariado necesita ausentarse, lo hace sin goce de suelto y, si es por motivos de salud, le piden que el Instituto Mexicano del Seguro Social le expida una incapacidad. No le valen ni las justificantes médicas de un consultorio particular ni las testimoniales de familiares. Nada de eso.

Qué irónico: el partido de Marquitos, el PAN, está en contra de establecer la jornada laboral de 40 horas por semana, es decir, de lunes a viernes, pero sí le “pasan” a su alcalde que se tome una semana de 16 horas, o sea, dos días de chamba, pero a los otros y otras si los mandan a la chamba de lunes a sábado.

Nada más falta que se vaya con goce de sueldo.

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La andanada en contra del exdirigente estatal del PRI y actual diputado local, Omar Bazán Flores, tiene mucha más sustancia que el hecho de que haya endeudado a su partido como para dejarlos sin dinero con el solo pago de los abonos a esa cuentota.

Nos cuentan que, tan pronto el líder del Movimiento Territorial del PRI de Chihuahua, Ricardo Santana Flores, como el de la organización Jóvenes por México, Pedro Beristain, solicitaron la expulsión de Bazán por haber dejado una deuda de más de 40 millones de pesos en el Directivo Estatal priista, el exdirigente corrió a presentar una denuncia en contra de sus detractores por “calumnias”.

Quienes saben del tema entienden que una demanda por calumnias es tiempo inocentemente derramado, pero bien que le sirve a Bazán para mostrar que no se quedará de brazos cruzados ante una embestida que él traduce como un ataque del actual dirigente, Alejandro Domínguez, y más aún, de la ex muchos cargos, Graciela Ortiz, cercana al dirigen nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Lo que subyace en el fondo no es, ni mucho menos, una molestia de los priistas por la mala administración de los dineros por parte de Bazán. A estas alturas deberían saber que ese es el signo que caracteriza a las administraciones del tricolor.

Lo que está en juego, nos dicen, es la designación de candidaturas a diputados federales y locales y la anhelada, la disputada candidatura al Senado de la República, la que tanto Bazán como Graciela Ortiz piden a gritos.

A ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, los cercanos a las grillas de alto vuelo del PRI nos comentan que este es apenas una punta del iceberg que pronto saldrá a flote, y que es la lucha por la dirigencia nacional priista de cara a la candidatura presidencial.

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Con fecha 3 de mayo, el Congreso del Estado recibió el oficio No. UJ 742/2023 de la Oficial Mayor del Municipio de Chihuahua, donde informan sobre los daños causados a los bienes municipales durante los disturbios del 8 de marzo pasado, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El Congreso ha pedido ese informe a los 67 municipios por iniciativa de la diputada del PRI, Georgina Zapata, pero hace muchos, muchos días.

Mejor otros municipios ya han contestado que no sufrieron daño—al menos dijeron algo—, pero apenas hasta esta semana, el de Chihuahua detalla el monto y desglose de los daños causados en el marco de la marcha del 8 de marzo.

El Gobierno del Estado y el Congreso no cantan mal las rancheras. Tampoco nos han informado de a cuánto salió la reparación de los daños.