Quien quiera que pase por las calles que rodean al hospital Star Médica pensará que es una clínica privada más donde cobran hasta la risa.

El ambiente que se respira y, sobre todo, la vigilancia que tiene en su entorno hace pensar que no hay motivo alguno de alarma ni “persona de interés” que se encuentre hospedado-internado en sus instalaciones.

Nada qué ver con el despliegue policiaco que vemos, por ejemplo, en el Hospital Central cuando trasladan a algún reo—perdón, Persona Privada de la Libertad—, a que reciba atención médica. Ahí sí se ve el músculo de las fuerzas del orden público y hasta de las fuerzas armadas, cuando la ocasión lo amerita.

Pero en Star Médica todo era quietud y tranquilidad, salvo los episodios de estrés propios de una unidad clínica.

Así es como luce el hospital donde se encuentra internado el exgobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra ahí desde la madrugada del domingo 23 de abril, aquejado de un problema cardíaco derivado de un añejo padecimiento de hipertensión.

Ningún operativo notorio de seguridad hay en torno al edificio. El ingreso al área de hospitalización parece la cosa más normal y ahí lo único que preguntan es si el visitante es familiar del internado.

Parece que no tienen ahí a un exgobernador que, dicho por su propia defensa y por el entonces fiscal, Roberto Fierro, debe estar en un apartado especial en el Cereso 1 de San Guillermo en vista del cargo que ostentó y a las personas de alta peligrosidad que persiguió el Gobierno de Chihuahua durante su mandato.

No hay, pues, ningún cinturón de seguridad. Si el imputado no representa ningún peligro, entonces bien pueden dar por terminada la medida cautelar y dejarlo que viva el proceso penal en su contra desde su casa, o en el hospital de su preferencia.

Pero si se le ha de tratar como un interno de una unidad penitenciaria, lo menos que se puede pedir es que esté debidamente vigilado.

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Les platicamos en este espacio que el gobierno municipal de Guazapares le debe una disculpa a sus ciudadanos y a los de todo el estado por el vergonzoso episodio donde el jefe de la Policía participó en el secuestro del activista Cruz Soto Caraveo, a quien encontraron muerto apenas unos días después de su desaparición.

Pues bien, la deuda sigue creciendo, porque el actual alcalde, Joel Guillermo Bustillos Ramírez, no quiere dar ni la cara, mucho menos las disculpas.

Norte de Chihuahua buscó al presidente de ese alejado municipio—alejado de todo—, para que contara su versión y si ya había pagado la multa de más de 300 mil pesos que le obliga el fallo del tribunal que sentenció al exjefe policial de ese lugar, Paulino M.R. a pasar 12 años y medio en prisión.

Si no da la cara, mucho menos las disculpas y menos aún la copia del documento que compruebe que ya pagó esa cantidad que debería ser destinada a subsanar, aunque sea en parte, el grave daño causado a la familia de la víctima.

No tienen para cuándo, por lo visto. Y mientras, los tres sentenciados enfrenan penalidades por debajo de la canallada que hicieron, y los otros dos que ya han sido aprehendidos apenas empiezan con el trámite.

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Un año después del anuncio de operaciones especiales de combate al delito, la mejoría en materia de seguridad fue apenas notoria, con 17 mil 48 delitos registrados en el primer trimestre, contra 17 mil 518 del mismo período del año anterior.

Casi nada y los hechos de más alto impacto, como las muertes violentas y el suicidio, no asoman siquiera un indicio de entrar en declive.

Analistas cercanos a la FGE nos comentan que la entidad, como tal, se encuentra

“desbordada” y, por lo tanto, no hay para cuándo baje la marca delictiva ni del estado ni del país.

Por “desbordado”, nos comentan, se entiende la capacidad del Estado, en su conjunto, para enfrentar situaciones de violación a la ley, desde su más pequeña representación—podría ser un auto mal estacionado—, hasta lo más impactante, como un homicidio múltiple.

No se cuenta con la estructura suficiente para detener y menos aún para enjuiciar a tanta persona que anda armada y dispuesta a quitarle la vida a alguien.

Tampoco la hay para vigilar las calles y evitar que proliferen los accidentes viales que cobran la vida o la integridad física de automovilistas y pasajeros, incluso de peatones.

Nos cuentan que, si no hay capacidad de fuerza en las calles, mucho menos en los escritorios, pues los grupos de trabajo del Ministerio Público están tan saturados que cada agente trae entre 800 y mil expedientes por integrar. Así, ni para cuándo.

La explicación que nos dio Marquitos Bonilla de por qué no tienen el registro del automóvil que arrolló al periodista Eduardo Balderrama es auténticamente de colección: no se captó la imagen porque las cámaras de vigilancia estaban apagadas. ¡Ah bueno!

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Este martes, el Congreso del Estado aprobó las reformas al Decreto No. 111/2021, con el cual se le autorizó al municipio de Chihuahua a contratar una mega deuda de 132 millones de pesotes.

Ahora, no solo se le dio la carta abierta para ir a buscar tamaño préstamo, sino que además, se le dio permiso para que contrate con un período de gracia de seis meses, durante el cual solo pagará intereses y no capital.

La parte grande de la deuda se le amontonará a la próxima administración, misma que deberá liquidarlo en su totalidad, según el decreto publicado.

El decreto contempla que la deuda para ejecutar las obras del nuevo relleno sanitario se pagará antes del día 8 de septiembre del año 2027.

Es decir, antes de que termine la próxima administración municipal. Tal vez Marquito Bonilla piense que tiene ganada la reelección, pero, por si las dudas, ya le trasladó el pago de capital a su sucesor.