La 67ª Legislatura terminó sus trabajos ordinarios este martes 30 de abril y, tras de sí, quedó un mar de asuntos pendientes y toda una maraña de desentendidos y confrontaciones como para ver si la próxima se avienta “el trompo a la uña” y logra resolverlos.

Tanto la presidenta Adriana Terrazas, como el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Alfredo Chávez Madrid (PAN) se intercambiaron porras, echadas de confeti y lanzamiento de serpentinas por el trabajo realizado en el último año y, en general, desde los inicios de la legislatura.

Sin embargo, una mirada a vuelo de pájaro de los resultados que arrojó este cuerpo legislativo nos da para concluir que no hay suficiente pastel político como para hacer un festejo.

Empecemos por decir que solo resolvieron el 75 por ciento de los asuntos que llegaron a comisiones. O sea, uno de cada cuatro se quedó esperando a que se le analizara, se le dictaminara y lo pusieran a votación. Bien podemos esperar sentados, porque ya se quedaron en el archivero.

Son 727 asuntos que quedaron ahí, como para que se aviente el trabajo el que viene, y pues así no hay manera de salir a festejar.

Luego, de 2 mil 159 iniciativas presentadas, dejaron para la otra 675, como para que los 33 que vienen a partir de septiembre próximo les abran cancha y las saquen de la congeladora.

Fue esta una legislatura que solo aprobó 5 reformas a leyes, que dejó en el olvido 45 decretos y 622 puntos de acuerdo. ¡Bravo!

Por si faltara poco, no lograron completar el nombramiento de siete magistrados que cubrieran un igual número de salas del Tribunal Superior de Justicia, después de llevar a cabo un proceso trompicado donde intentaron colocarle la toga a una dirigente de partido político y al hijo de uno de los caciques del sistema electoral del estado.

En cuanto al proyecto estrella, la reforma constitucional, anunciada con bombo y platillo, quedó como mero recuerdo, porque nadie la volvió a tocar desde que su precursor, Mario Vázquez Robles, dejara su curul para sumarse al Gabinete estatal.

Ahí están los resultados y son datos del propio Congreso. Si eso da para festejar, que no nos inviten, por favor.

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Hace unas semanas, expertos en materia hidráulica recibieron un pronóstico climático que abrigó esperanzas de un posible fin de esta prolongada e inclemente sequía.

Ese pronóstico indicaba que habría una interacción de vientos húmedos con el llamado fenómeno de El Niño que podría causar la entrada de masas de aire frío a territorio nacional.

Esto, a su vez, traería humedad y, en su caso, lluvias de torrenciales a fuertes en diversos puntos del país.

Se vale soñar, porque los más recientes pronósticos indican absolutamente lo contrario.

Expertos en la materia, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, han advertido que este 2024 será casi tan seco como el 2023, que ya de por sí quedó registrado como uno de los peores años desde que se mide la cantidad de lluvia recibida.

El Monitor de Sequía ha colocado a casi todos los municipios del estado de Chihuahua en condiciones graves de sequía.

En 33 de los 67 municipios se registra el grado más alto de sequía, clasificado como “Sequía excepcional” en los términos de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua.

En otros 29 se siente lo que la Conagua define como “Sequía Extrema” y solo cuatro municipios la libran, y eso más o menos, con un grado de “Sequía severa”.

Según expertos, la sequía se caracteriza como un periodo prolongado en el que las precipitaciones no llegan o lo hacen en forma muy escasa.

Ya en otras entregas, esta Doña advirtió sobre el abatimiento de mantos acuíferos en la zona que rodea a la capital.

Esa condición pondría en riesgo la disponibilidad de agua para abastecer a la ciudad, pues solo cuenta con tres fuentes como para cubrir la demanda de una ciudad que ya tiene el millón de habitantes.

La frase popular dice “ves la tempestad y no te hincas”; pues aquí podemos decir lo contrario: no vemos la tempestad, porque no habrá lluvias, y todavía no nos apoyamos en las rodillas.

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El sistema de justicia para adolescentes enfrenta una seria disyuntiva entre mantener el tratamiento actual que se le da a los infractores menores de edad, o aplicarles una penalidad mucho más severa.

El tema ha vuelto a la mesa de la discusión ahora que ha trascendido la cantidad de crímenes de alto impacto social cometidos por personas jóvenes de no más de 18 años.

Nada más en Juárez van 134 detenidos en lo que va del 2024, acusados de diversos delitos, incluido el homicidio, así como secuestro, portación de armas para uso exclusivo del Ejército y narcomenudeo.

De ese total, tres entraron a proceso penal acusados de homicidio y, de estos, dos lo cometieron en la modalidad de “homicidio doloso”.

La legislación actual no permite que a una persona menor de 18 años se le impongan sanciones equiparables a las de un adulto, así haya cometido un crimen igual o peor de abominable que el de un mayor.

De acuerdo con el Inegi, en todo el país hay mil 392 adolescentes. En Chihuahua, hay dos centros penitenciarios específicamente destinados a albergar a menores infractores.

Sin embargo, la cantidad de delitos cometidos por personas no mayores a los 18 años de edad va en aumento y las autoridades aún no le encuentran el modo al problema.

Ojo, pues, con el tema de los menores infractores, porque la discusión va a ser larga y el problema ya está tocando la puerta.

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Esta semana, le volvió el color a la cara del rector Luis “Sport Billy” Rivera Campos, luego de que tribunales federales emitieran fallos a favor de la UACH en los juicios de amparo promovidos por estudiantes que demandan la gratuidad total de la educación pública de nivel superior

En total, son mil 500 los estudiantes que buscaron la protección federal, pero ya se han emitido más de 300 fallos en favor de la institución educativa, lo que puede marcar un criterio de la justicia federal en favor de las universidades públicas y los tecnológicos.

Estamos hablando de poner a salvo un concepto de ingreso que le genera a la UACH cerca de 400 millones de pesos al año.

De ese total, la gran mayoría proviene de las inscripciones en nivel licenciatura, que en promedio tienen un costo de 4 mil 200 pesos.

Y decimos que les volvió el color a los directivos universitarios, porque nada más no se ve por dónde encontrar otra fuente de ingreso que les genere esos 400 millonsotes que se volverían humo en caso de perder el juicio por la gratuidad.

No había, ni remotamente, la posibilidad de que el Gobierno del Estado o el Federal le entraran al quite con recursos frescos, mucho menos con nuevos subsidios o elevación de la tasa al Impuesto Universitario.

Si han de ganar esa batalla, que al menos deje algo de enseñanza y se ponga la UACH a trabajar en un concienzudo plan de austeridad, y una sustantiva mejora en el nivel educativo que haga a los estudiantes sentir que el dinero de su inscripción sí que lo valió.