El edificio que alberga al Poder Judicial del Estado de Chihuahua requiere ya no de una remodelación o ampliación, sino de una cirugía mayor.

Según nos cuentan usuarios y los mismos empleados que laboran en ese poder, la enorme torre que sobresale en el centro de la capital del estado por su tamaño y su reluciente color blanco, ya no da para más y se ha convertido en un centro de trabajo casi disfuncional.

Inaugurada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto el 30 de octubre del 2015—hace poco menos de ocho años—, la llamada “Ciudad Judicial” comenzó a dar muestras de insuficiencia y mala planeación prácticamente desde el inicio de sus operaciones.

La prensa de la época dio cuenta de las fallas tanto en el diseño como en la construcción del edificio, así como de las enormes goteras que provocaron inundaciones en diversas secciones de sus dos torres.

La inconformidad creció a tal grado hacia la construcción y los constructores de la obra que el siguiente gobierno estatal, el de Javier Corral, se negó a pagar la parte que dejó sin cubrir su antecesor, César Duarte, ante lo cual, la contratista emprendió un litigio judicial que terminó por ganar en enero del 2022.

La cantidad que pagará la actual administración es 513 millones de pesos, dividido en tres partes. Es decir, que entre el 2022 y el 2025 se cubrirán 171 millones de pesos por año.

El “Centro de Justicia”, nombre oficial que se le ha dado a todo ese conjunto, ya no tiene para dónde crecer y su estacionamiento está completamente saturado, según lo ha expresado la propia presidenta, Myriam Victoria Hernández Acosta.

Actualmente, se analizan alternativas para habilitar nuevos espacios, pero todos estarían fuera del terreno del edificio y, a estas alturas, los predios cercanos ya subieron de precio casi tanto como la deuda a pagar por la “Ciudad Judicial”.

Por otro lado, el deficiente sistema de movilidad, compuesto por dos ascensores de escasa capacidad, y unas escaleras demasiado altas e igualmente insuficientes, ya no dan para más.

La presidenta ha contemplado la instalación de escaleras eléctricas, pero otra vez, no hay espacio dónde colocarlas.

Todo eso sucede en un edificio que no ha cumplido 10 años, que todavía se debe y donde ya ni en las salas de juicio caben procesados, acusadores y defensores.

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La encuesta “México: Comparativo de aprobaciones” de abril 2023, publicada por Consulta Mitofsky, debería tener preocupados y ocupados tanto a los gobiernos estatales como a la 4T y al mismísimo presidente AMLO.

Para los gobiernos estatales, particularmente los que encabeza Morena, solo en una excepción que ya comentaremos, el índice de aprobación del presidente fundador del partido y de la 4T está por encima—en algunos casos, como Tabasco, muy, pero muy por encima—, de sus gobernadores.

Si ese es motivo de inquietud para el partido guinda, para el blanquiazul debe ser peor, porque solo en uno de los cinco estados donde gobierna tiene una clara ventaja sobre el mandatario “populista”, como le llama el panismo.

En dos más: Guanajuato y Querétaro, está virtualmente empatado, en otro, Yucatán, tiene una ligera ventaja el gobernante auriazul y en uno más, Chihuahua AMLO los supera por poco la aprobación de la gobernadora emanada del partido de Manuel Gómez Morín.

De todas las comparaciones, el Gobierno local queda por encima del presidente únicamente en tres: Aguascalientes, donde la ventaja es abismal, con 53.3% de la gobernadora Tere Jiménez (PAN) contra 39% del mandatario nacional; en Yucatán, donde el presidenciable panista Mauricio Vila tiene una ligera ventaja de 59.2 contra 56.8 del morenista.

En Guanajuato y Querétaro, la proporción es casi idéntica, lo mismo que en Nuevo León.

El dato que debería preocupar a los 4Ts es que en su bastión, la Ciudad de México, la jefa de Gobierno y “corcholata” Claudia Sheinbaum domina con un aceptable 54.4 sobre un 52.3 de “su” presidente. Es una aceptación “de panzazo” para ser la ciudad que gobernó entre los años 2000 y 2005.

En Chihuahua, el “Señor de las mañaneras” tiene un 57.1 por ciento de aval contra un 54 por ciento de Maru Campos. Con el factor del margen de error, podría quedar en un empate técnico.

El dato que debería tener en ascuas a los morenistas es que, según Mitorsky, la popularidad del presidente va de bajada en todos los estados y se ha acentuado en el último mes.

De llamar la atención que en Nayarit, estado donde gobierna Morena, ha perdido 22.2 puntos en un solo año. Hay que ver que en abril del 2022 andaba por las nubes en ese estado, con un 78.8, y ahora la libra apenas barrido.

Así están las cosas a unos cuantos meses de que se definan las candidaturas y se disminuya, por tanto, el poder y la influencia del presidente. Así ha sido siempre y, de seguro, así seguirá.

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Finalmente, Lalo F.H. fue vinculado a proceso penal por el presunto delito de “Uso ilegal de atribuciones y facultades” cuando era secretario de Salud y, por consiguiente, director del Instituto Chihuahuense de la Salud durante el gobierno de Javier Corral.

Durante la audiencia de vinculación celebrada el viernes pasado, 19 de mayo, el ex funcionario hizo toda una exposición de las dificultades que pasó como titular de esas áreas durante la contingencia por la pandemia de Covid-19.

Era una época en la que la enfermedad que cobró más de 300 mil vidas en todo el país andaba como Juan por su casa tanto en Chihuahua como en el resto de la República.

El ahora inculpado no aceptó haber cometido acto ilegal alguno cuando contrató un crédito “disfrazado” por 401 millones 364 mil 155.59 pesos, en favor del Ichisal, que se pagó en seis parcialidades mensuales durante ese mismo año.

En su intento por explicar los apuros que pasó en aquel entonces, dijo que era necesario “salvar vidas” y que, por esa razón, lo hizo y lo volvería a hacer.

Según los datos oficiales, en la semana epidemiológica del 3 de marzo de aquel 2021 se habían registrado 752 contagios de Covid-19 y, para ese entonces, ya iban 375 decesos de enero a esa fecha.

Sin embargo, el juez de la causa, César Alberto Villalba Máynez, consideró que no había necesidad de contratar un crédito y, por lo tanto, dicho en pocas palabras, la urgencia no daba como para endeudarse con 401 millones, así se pagaran en ese mismo año.

¡Qué rápido se olvidó el estado ruinoso en el que estaba todo el sistema de salud del estado y del país durante los tres años de emergencia por la pandemia mentada!

A partir de hoy, Lalo F.H. tendrá que buscar otros argumentos de defensa, porque a ojos vistas, lo de hacer un hoyo para tapar otro, así fuera para salvar vidas, no pasa ni pasará.

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Este lunes 21, la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Estado inicia un programa para acercar a los dueños de automóviles que deben el pago del Derecho Vehicular desde hace años y que, por lo abultado de la deuda le han ido sacando la vuelta a la autoridad fiscalizadora.

El viernes 19, Hacienda estatal anunció el inicio de un programa para ofrecer convenios de pago a contribuyentes que deban de 10 mil pesos para arriba.

Si bien los descuentazos terminaron en abril, ahora, la dependencia a cargo de José Granillo opta por pedirle a la gente morosa que se acerque en vez de ir a buscarlos con requerimiento y multa en mano.

Así en vez de pagar gastos de ejecución y demás arrimadijos, le dan el 20 por ciento del total a la caja de la Recaudación de Rentas y el resto en mensualidades.

Para los que cargan la deuda desde el 2021, habrá descuento de hasta el 70 por ciento en adeudos vehiculares.

Está claro que, para Hacienda, como para cualquier otro organismo recaudador, es mucho mejor tener a un contribuyente comprometido que uno evadido. Solo falta que digan de qué sabor será la nieve.