Un elemento que, se supone, debió servir para que mejorara la calidad del servicio del transporte público en el estado, es ahora el que tiene atorado el avance de las negociaciones entre el Gobierno y los concesionarios para aprobar una nueva tarifa y proceder a la compra de unidades nuevas.

Resulta que, desde la administración de Corral, el Gobierno ha obligado a los camioneros a instalar un sistema de localización en cada una de sus unidades para verificar que cumplan con el recorrido de rutas y horas de servicio a las que están obligados.

Sin embargo, pese a que el Gobierno obliga a los concesionarios a pagar 2 mil 700 pesos por el servicio de localización vía GPS, pero no se los da.

Es decir, que aunque los camiones traen su artefacto para que los anden siguiendo mediante señales de satélite, el Gobierno no ha echado a andar el sistema y pues así ni cómo ayudarles.

Nos comentan algunos comunicativos transportistas que es el Gobierno el que nunca les ha dado el “link” para conectar la señal de los GPS de los camiones con la central de mando del Gobierno. Al no haber esa conexión, tampoco hay supervisión y eso propicia que sigan los mismos vicios de hace años, como el “corte” de rutas a temprana hora.

Ahora, cuando el actual Gobierno se ha comprometido a mejorar ese sistema de localización para, de una vez, avanzar en el tema de la tarifa, muchos camioneros prefieren no estar conectados para que no los multen cada vez que cambian de ruta.

Así, para cómo van las cosas, no hay para cuándo resolver la discordia y mientras, el público usuario será el que pague. Como siempre.

………………

A propósito de los desmanes del pasado 8 de marzo, nos cuentan fuentes allegadísimas al tema que los disturbios no solo dejaron al descubierto la lámina blindada que protege las puertas del Palacio de Gobierno, sino también, el jaloneo que se traen los cuerpos de seguridad que están ahí para proteger al edificio más emblemático de la ciudad.

Las bieninformadas fuentes que seguido nos visitan contaron una interesante historia ahora que salió a la luz que agentes policiales aventaron bombas de gas desde el balcón “del grito”.

Nos comentan que, en torno a la vigilancia del Palacio se han incorporado agentes de la Policía Municipal que trabajaron con el actual equipo de Gobierno cuando estaban justamente en ese encargo.

Esa “importación” de agentes de otra corporación, que además era una “municipal”, como lo dicen despectivamente los estatales, ha dado paso a una áspera disputa al interior que ya ha estado a punto de llegar a mayores.

Lo que vimos el miércoles no solo fue la quiebra del orden público, sino también el resquebrajamiento entre los equipos de seguridad. A temblar todo si ni ellos se ponen de acuerdo.

………………

El estado de Chihuahua sigue con malaria financiera. El sistema de alertas de deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo mantiene en color amarillo, es decir, en una situación de “Endeudamiento en Observación”, o dicho en otras palabras: “te tengo puesto el ojo por si te endeudas de más”.

El reporte de la SHCP que abarca todo el año 2022 mantiene a Chihuahua en amarillo, como está desde hace algunos años, porque tiene demasiado comprometidos sus ingresos de “Libre disposición”, como le llaman en el lenguaje hacendario al dinero que los gobiernos pueden gastar en lo que mejor les parezca, siempre que se apegue a la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que les hayan aprobado sus congresos respectivos.

Como quien dice, el dinero que no viene con etiquetas ya está comprometido y de qué manera: la deuda de largo plazo de Chihuahua va para 15 años y seis meses, o sea, que la presente y las dos próximas administraciones tendrán que perderle el cariño a unos dos mil millones de pesos anuales, a valor actual, nada más para darle el abono a los bancos.

Y eso es hasta ahora, porque si el Gobierno la reestructura, seguramente se irá más lejos la fecha de liquidación. 

El tablero que publica la SHCP nos dice que la deuda global del gobierno chihuahuense supera los 50 mil millones de pesos y que esa cantidad equivale al 107% de los ingresos de los que les hablábamos, los que se pueden gastar incluso en pagar la nómina.

El otro punto amarillo es el gasto que se debe hacer para pagar el abono, que equivale casi al 10% de los ingresos de los que les hablábamos.

En lo único que salió bien librado fue en lo de la deuda con proveedores, que ya le bajaron de los seis mil y pico que dejó Corral, a casi 3 mil 200.

Ahí la lleva la gente de Hacienda, pero no está cerca, ni mucho menos, lo del cambio de color. Chihuahua seguirá en color amarillo por un buen rato, y más ahora que pidan la nueva línea de crédito.

A esta Doña le dicen que el Gobierno del Estado ya prepara el bolígrafo para firmar una nueva contratación de deuda de largo plazo, esta, por 249 millones de pesos.

No son los miles que César Duarte apuntaba en el “cartoncito” del Gobierno, ni las pateadas de bote de Javier Corral, pero deuda es deuda. Hasta eso, hay que reconocer que ya se aprendió la lección y que no se van a echar los miles de millones de pesos al “cartoncito” para que pague el que venga. Los bancos no “apuntan en el hielo”.

………………

Tal como se los adelantamos en entregas pasadas, la grilla-librería de Javier Corral fue el centro de atracción de políticos en la banca y viudas/os del gobierno corralista, quienes en esta ocasión se reunieron a escuchar al antiguo líder y amalgama de la izquierda mexicana: el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Con su hablar pausado y su austeridad de palabras, el candidato en tres ocasiones a la Presidencia de la República presentó su libro “Por una democracia progresista”, donde plantea, así en pocas palabras, una alternativa de cambio de régimen más-menos de izquierda, más-menos social demócrata, pero sin incurrir en las rupturas y excesos autoritarios del actual régimen.

A sus casi 90 años, el “Hijo del Tata” sigue congregando ya no a aquellas multitudes que le llenaban el Zócalo. Ahora esas son para otros, pero sí atrae a quienes no están de acuerdo con la 4T pero tampoco quieren volver al pasado político reciente.

Aquí en Chihuahua, la concurrencia estuvo variopinta: los actores de primera línea del corralato, junto con activistas sociales y en defensa del medio ambiente y algo de público en general.

Gustavo Madero, Alma Gómez y Víctor Quintana, todos exfuncionarios del gobierno de Corral, fueron los presentadores y entre el público estuvieron otros panistas vetados por el grupo que está en el poder.

Son nuevos tiempos, ni quien lo dude, porque todavía hace dos décadas, los malosos eran los políticos priistas y el terror era el “comunista” que quería llegar a la presidencia a como diera lugar. Ahora, los exgobernadores priistas son los invitados de honor y el Ingeniero es el adalid de la democracia.