La Fiscalía General del Estado le ha echado una gruesa capa de hielo a una denuncia penal en contra del hoy diputado federal, Salvador Alcántar Ortega, del PAN, que data de cuando era funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural.
La querella data de marzo del 2022, por la sustracción ilegal de 38 cajas llenas de documentación que se encontraban en las bodegas de la citada dependencia, cada una, con 80 expedientes que contenían datos de beneficiarios de programas de apoyo al campo.
¡Lo que vale esa información ahorita, en mera temporada electoral!
Son más de 3 mil expedientes que contienen información personal de cada beneficiario, recibos y facturas de pagos, documentos oficiales, como pueden ser identificación, CURP, Unidad De Producción Pecuaria (UPP), comprobantes de domicilio.
Solo falta preguntar a quienes coordinan campañas electorales si van a querer esa información así, o la prefieren envuelta para regalo.
El promotor de la denuncia fue nada más y nada menos que Juan Carlos Flores Márquez, quien, para aquel entonces, marzo del 2022, despachaba como director del Departamento de Ganadería de la SDR del Gobierno del Estado.
Según lo expuso ante el Ministerio Público, en aquel entonces se percató de la falta de esos paquetes, por lo que procedió a documentar el hecho y a hacer sus propias indagatorias al interior de la SDR.
Fue de esa forma que dio con el video captado por las propias cámaras de la dependencia, cuyas oficinas se encuentran en la Avenida División del Norte, donde se pueden apreciar las imágenes de personas que acarreaban las cajas en “diablito” y luego las subían a una camioneta propiedad de la misma secretaría.
En esas mismas imágenes se apreciaba a Salvador Alcántar Ortega, quien para entonces era jefe del Departamento de Agricultura, a Luis Alan García Carrasco, del Departamento de Uso Responsable del Agua, y el propio encargado del almacén, José Ángel Medina.
El MP recibió la querella el 7 de abril del 2022, pero no pasó nada. Tan no sucedió ni se movió un papel, que Alcántar tomó posesión de una curul en la Cámara de Diputados, como suplente de Mario Mata, quien solicitó licencia para asumir la presidencia de la Junta Central de Agua y Saneamiento.
Por aquellos días, el entonces secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, hizo una declaración acerca del caso que equivalía a carpetazo: “son puras chirinolas”.
Ahora, Jáuregui es el Fiscal General del Estado, la investigación no ha continuado ¿para qué, si eran “chirinolas”? y los paquetes, sepa la bola en dónde quedaron.
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Quienes estén interesados en sumarse a la campaña del candidato a diputado federal del PRIAN por el VIII Distrito, Alejandro Domínguez Domínguez, y deseen saber a dónde dirigirse para pasar lista de presentes, no batallen.
No es necesario que busquen por acá o por allá la casa de campaña. No, basta con que tomen la vialidad Paseo Universidad, esquina con Miguel de Cervantes, y ahí van a encontrar un edificio bastante grande, que es donde en realidad está el centro de operaciones del candidato y líder del PRI estatal.
Nada más no vaya a buscar el letrero de “Casa de campaña”, aunque poco les falta. Más bien fíjense que diga “Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma de Chihuahua”. Ahí mero es.
En ese plantel despacha como director un allegadísimo al candidato-dirigente priista, de nombre Carlos Javier Ortega Rodríguez, quien llegó al cargo después de “participar” en un proceso de elección en el cual ni siquiera se inscribió. O sea, lo pusieron.
¿Pago de favor político? Si no lo es ¡qué desperdicio de pinta!
Apodado “Calín”, el académico de marras tiene un largo currículo de actividades político-partidistas, siempre al lado de Domínguez.
Tanto, que más tardó en sentarse en la silla de la dirección, que en incorporar a la plantilla de trabajadores a Juan Alejandro Domínguez Delgado, hijo del ahora candidato.
Luego, puso en la secretaría administrativa a Ricardo Adrián Santana Flores, pese a que éste no reúne los requisitos establecidos en el Reglamento Interno de dicha Facultad, pues para ese cargo, se pide tener licenciatura en Educación Física o en Motricidad urbana y pues, ni la una ni la otra.
Toda la información anterior circulaba desde hace tiempo en los pasillos de la facultad, pero ahora gira en las redes sociales como video de Tik-Tok, donde además se le acusa a Calín de usar recursos de la institución para la campaña de Domínguez y de Marquito Bonilla.
En bonitas trazas anda la UACH, primero, les sacan la “invitación” que giraron a los estudiantes para ir a un acto de campaña de Manque Granados, y ahora esto. A ver cómo le va al rector Luis “Sport Billy” Rivera Campos cuando toda esta marea baje.
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Al Tribunal Estatal Electoral se le puede aplicar el popular refrán de “aprieta, pero no ahorca”.
Así salen sus fallos sancionadores: señalan la falta, apuntan con precisión los artículos de las leyes que se trasgredieron, los derechos humanos que se trastocaron… pero dejan sin castigo al infractor.
Tal y cual, no se quiera ver sucedió en la sesión del pasado viernes, donde se le dieron sonoros coscorrones al Partido Verde Ecologista de México, versión Chihuahua, y a la diputada en campaña, Rosana Díaz Reyes.
Al primero, le pusieron tremenda papalina por haber “bajado” la candidatura de Sonia Pérez Chávez a la Presidencia Municipal de Nonoava.
A la aspirante se le sacó, con engaños, la renuncia a esa postulación, según el fallo del TEE, aprovechando la ocasión de que la aspirante no sabe leer ni escribir.
Aquí ameritaba no solo reestablecer la candidatura de Sonia Pérez y hasta ordenar la reimpresión de las boletas para elegir Ayuntamiento en Nonoava.
También cabía tundir a multas al PVEM por aplicar violencia de género y discriminación por razones étnicas en contra de Sonia, quien es miembro de una comunidad originaria.
En la misma sesión, el TEE dejó ir viva a la candidata morenista a la diputación por el Cuarto Distrito local, Rosana Díaz Reyes.
A ella le achacan tener más de 130 pintas en al menos tres ciudades del estado, donde se promueve su nombre, aunque no precisamente para que la elijan diputada local, porque esa propaganda data de cuando había una contienda por la candidatura al Senado de la República por Morena.
Hoy en día, la morenista anda a todo lo que da, buscando reelegirse como representante ante el Congreso del Estado de la población que habita en el Cuarto Distrito de Juárez. Ni quién la moleste.
Le dieron el regaño, pero no la mandaron a dormir sin cenar. Hay irregularidad, pero no hay sanción.
Así, nadie se va a asustar por los fallos del TEE.
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Para efectos reales, la diputación de Mario Vázquez Robles ya terminó.
Quien fuera coordinador de la mayoría en el Congreso del Estado, jefe de jefes en ese poder y, en la práctica, “mánager” de su colega coordinador del PRI, Noel Chávez, ya no volverá a pisar la Torre Legislativa, no al menos en calidad de diputado.
Este lunes, entró en vigor el decreto mediante el cual, el Congreso autorizó dar a Vázquez Robles una licencia por “hasta seis meses” para separarse del cargo.
Suena a broma, pero es en serio: “hasta seis meses”, contados a partir del 17 de marzo de este año. O sea que la licencia termina el 17 de septiembre de este año, cuando ya se encuentre en funciones la 68ª Legislatura.
Y bueno, no está de más recordar que el ex líder panista ya no se postuló para reelegirse como diputado local, porque anda ahora metido de candidato al Senado de la República.
Dicen quienes andan cerca de las grillas internas de la Torre Legislativa que algo se “desamarró” cuando Vázquez Robles decidió—¿Lo “decidieron”? —separarse de la curul y, por consiguiente, de la Coordinación Parlamentaria del PAN para asumir la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado.
Nos comentan los “comunicativos” que algunas cosas se quedaron atoradas, porque la nueva coordinación llegaba a acuerdos con su contraparte morenista, pero luego batallaba para “bajar” el dichoso trato hacia el resto de su bancada y, más aún, hacia sus aliados priistas.
En esos ires y venires, se quedó varado el gran proyecto del ahora candidato a senador: reformar la Constitución Política del Estado, de preferencia, con el voto unánime de los grupos parlamentarios.
Ahora, ni unánime ni nada, porque ese proyecto ya quedó guardado para mejor ocasión.
Ni hablar, eso de “chapulinear” de un cargo a otro tiene su precio.