Ahora resulta que la violencia en Chihuahua es culpa de los operativos de seguridad en Juárez.

Nada más eso nos faltaba: que por causa de un blindaje policial en uno de los principales focos de conflicto delictivo, la ciudad “de junto” (y ni tanto) se queje con que le echaron para su terreno a las “cucarachas”.

Así lo dijo a Norte de Chihuahua el alcalde Marcos Bonilla, el mismo que ya no sabe ni cómo entrarle al tema de la inseguridad que lo mismo eleva los índices de homicidios que las cifras de muertes por accidentes viales.

Lo único que se le ocurrió a Bonilla fue decir que los malandros que se andan disparando tiros en las calles a plena luz del día y en las narices de sus agentes del orden se vinieron a Chihuahua porque en Juárez hay muchos policías, lo que le llaman el “efecto cucaracha”, porque es bien sabido que esos despreciados animalejos corren a la casa de enseguida en cuanto les echan una buena fumigada.

Si ese es el caso, pues que el alcalde se haga de un buen insecticida y acabe con su propia plaga. Nada más que se acuerde que el problema ya lo tenía, pues desde el 2021 estaba Chihuahua, la ciudad que gobierna, en el lugar 30 entre las más violentas del mundo…y nadie había rociado “flit” en Juárez.

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El juez Adalberto Vences tiene una historia que contar en torno a los casos emprendidos por el gobierno de Javier Corral en contra de exduartistas caídos en desgracia en aquel quinquenio.

Su biografía también pasa por la resurrección, ya sea a punta de nombramientos en las nuevas administraciones estatales, universitarias o municipales, o por amparos o exoneraciones que suenan a bendiciones caídas desde el firmamento político-judicial del país, de toda esa masa de protagonistas de aquellos “Expedientes X” de los que queda ya muy poco.

Como ya se los ha contado esta Doña, Vences Baca votó en contra de sancionar al famoso a la mala, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja” cuando se le acusó de desviar—de robarse, pues—un millón 740 mil pesos de las pobres arcas del Gobierno de Chihuahua.

En aquel juicio celebrado el 7 de mayo de 2019, el juez Vences Baca emitió votó por absolver al tal Coneja porque, según lo dijo en aquella audiencia, la parte acusadora “no presentó los elementos probatorios suficientes” para inculpar al acusado.

En aquella ocasión, Vences no pudo contra los votos de las jueces Hortensia García Rodríguez y Gabriela Córdova, a quienes sí les pareció que había toda pruebas de sobra para fincarle la carga al dirigente priista.

Pero esta semana que pasó quedó en claro que el perseverante Vences pudo decir “vences”, cuando falló en favor de aquel a quien quería liberar desde el 2019.

Ahora, con Gutiérrez Gutiérrez, supuesto artífice de la “Operación Safiro” que le costó al Gobierno estatal cerca de 300 millones de pesos que se fueron directito y sin escalas a las campañas del PRI, libre de toda culpa, vale recordar que ya traía su cauda de fallos en favor del duartismo.

Fue el 4 de septiembre de 2021, último día de la administración de Javier Corral, cuando Vences venció otra vez al gobernador antiduartista, tras fallar a favor del exlíder magisterial Alejandro Villarreal, al retirarle la prisión domiciliaria.

En aquella ocasión, el exdirigente de la Sección 8ª del SNTE venció al corralato con Vences como juez, cuando éste determinó retirarle la prisión preventiva—o medida cautelar—y “catafixiarla” por una indolora prohibición de salir del país.

La causa penal 3464/2018, en la que se le acusaba de peculado agravado por el desvío de un millón 500 mil pesos, quedó sin uñas y dientes.

Villarreal Aldaz cuenta con otras dos causas penales para las que ya logró que los jueces le quitaran el arraigo domiciliario.

Nos cuentan que el caso de La Coneja no era ni el primero—como quedó claro con el expediente Villarreal—pero que tampoco será el único ni el último.

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El sábado pasado, decenas de “activistas” con pinta de empleados de gobierno “tomaron “los cruceros más congestionados de la capital y de otras ciudades para invitar a automovilistas y andantes a interesarse en el informe 1 de la gobernadora Maru Campos.

Hasta ahí, nada de raro: la movilización estaba advertida desde hacía días, y los promotores, si es que eran parte de la burocracia, estaban en horas inhábiles, disfrutando de su “saba-daba” mientras repartían los volantes donde se podía leer el mensaje de la gobernadora.

Lo curioso del caso es que, apenas a media mañana, los operativos habían desaparecido. Alguien dio la contraorden y de pronto ya no estaban en los cruceros.

Una fuente igual de chismosa que una nos comentó que, nada más así, de pronto, les pidieron que se retiraran. Luego, en Gobierno nadie quiso asomar la cabeza para hablar del “operativo”.

O sea, que actuaron como si los hubieran agarrado en la movida, cuando solo se trataba de entregar invitaciones a la gente. ¿Pues cuál era el problema? Piedad, ¿por qué nos dejan así?

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El Gobierno del Estado y en particular la FGE anda trabajando a marchas forzadas para ponerle alto al reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada para habilitarlos como sus ejecutores de crímenes de alto impacto.

El tema, que ya se los había contado en este espacio, llegó hasta la esfera más alta del Gobierno estatal y ha ocupado horas extra a la FGE, a cargo de César Jáuregui Moreno, nos cuentan mironianas fuentes.

El detalle está en que no basta con hacer operativos de “rescate” de los jóvenes para que opten por una mejor condición de vida que la de andar haciendo acciones horribles en vez de conseguirse una forma honrosa de llevar su existencia.

En la mesa del Fiscal se encuentra la propuesta de revisar el marco jurídico con el que se juzga a los jóvenes infractores, porque es ahí donde está el boquete por donde se les fugan hacia la delincuencia y la malandrés.

Ya nos habían advertido en este mismo espacio nuestras mironianas fuentes que las penalidades que se les dan a los jóvenes infractores son de vacilada comparado con la gravedad de los delitos que llegan a cometer, como homicidio, extorsión o secuestro.

Desde el año 2006, cuando México adoptó como ley propia una serie de tratados internacionales en pro de los jóvenes, se complicaron las cosas a grado tal que ya no tienen dónde alojar a los menores infractores que aún no cumplen sus cinco años de condena pero que ya tienen los 18 de edad. A esos no los pueden dejar en el correccional para menores ni meterlos al Cereso como un reo cualquiera.

La cosa está que arde y, por muy tratados internacionales que haya, el Gobierno local le entrará, nos aseguran, a ese campo minado que es la penalización de los delitos que cometen los menores de edad.