El manejo de la pandemia, para película de terror. Lo sucedido en la escuela primaria “Primero de Mayo” de la ciudad de Chihuahua bien puede ser tomado como una muestra de por qué la pandemia de Covid-19 se propagó tan rápido, saturó hospitales y enlutó a cientos de miles de familias en todo el país y a casi 11 mil en el estado.

¡Sea por Dios! Es que apenas si se da crédito. Resulta que, primero, cuatro maestros de esa escuela estuvieron yendo a dar clases a pesar de que traían síntomas de una enfermedad respiratoria muy parecida al mentado Covid-19. Luego, les confirmaron, prueba de por medio, que en efecto tenían la tal enfermedad que tanto dolor ha causado en tan poco tiempo.

¿Y qué pasó? Casi nada, en serio. Cualquiera de los que leen estas líneas pensarán que las autoridades estatales de salud y educación se pusieron la pila y de inmediato, así como para evitar un daño mayor, cerraron la escuela y mandaron a todo el mundo a hacerse pruebas.

Pues no, ni una cosa ni la otra, estimado lector -lectora. La escuela siguió abierta, con el constante entrar y salir de alumnos de quienes no se sabía si también estaban contagiados, debido a la cercanía con su profe enfermo, y tampoco se hizo un barrido sanitario para ver los alcances del problema.

Padres de familia de criaturas que van a esa escuela a cursar su primaria le comentaron a esta Doña que la Secretaría de Educación y Deporte ni cartas tomó en el asunto, mientras que la Dirección de la escuela se opuso al cierre del plantel, aunque fuera de forma temporal, como para calmar las aguas. ¡Abráse visto!

Peor aún: la Secretaría de Salud hizo pruebas de detección del Covid de manera “aleatoria”, o sea, como quien dice, en un “de tin marín de do pingüé…” ¿Con qué criterios seleccionaron a los más de 80 alumnos que estuvieron expuestos a ser contagiados por sus profes? Probablemente se lleven el secreto a la tumba.

Lo que nos comenta una paterfamilia de esa escuela es que hubo el caso de un niño al que no le querían hacer la prueba, a pesar de que se veía enfermito. Después de mucho insistirles a los enviados de la Secretaría de Salud, por fin se la aplicaron y resulta que ¡sácatelas! Sí tenía Covid.

Por fortuna, los mentores contagiados están en franca recuperación y pronto estarán en su cotidiana actividad. Benditos Dios.

Lo malo es que, en el camino, pudieron haber causado un contagio en cadena entre los más de 400 alumnos que asisten a esa escuela pública, de las de más tradición en la capital del estado.

¿De qué tamaño es la bronca? No lo sabremos sino hasta las próximas entregas de los reportes Covid de la Secretaría de Salud. Por lo pronto, todos esos muchachitos salieron de su escuela sin saber si tenían o no el diantre de virus, así se fueron a sus casas y de ahí, a convivir con otras personas que probablemente, a esas alturas, tampoco sepan de qué están enfermas.

“¡Bravo!” por nuestras autoridades de salud y de educación, nos deben una pandemia.

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Cual si fuera un documento clasificado de la CIA se ha manejado el dato de quién iba conduciendo el camionetón blindado de la Fiscalía General del Estado que el domingo pasado atropelló a cuatro personas en un bullicioso mercado del centro de Chihuahua.

Cuando se acerca alguien a preguntar ¿pues quién fue? Hacen cara de “yo no sé quién mató a Kennedy”, porque vaya responsabilidad que tiene sobre sus hombros: nada menos que el delito de lesiones, por decirlo bajito, así sea en calidad de “culposas” o “sin querer-queriendo”, para los que no le sabemos mucho al lenguaje de los jurisconsultos.

El hecho es que, al cierre de esa comunicativa columna, el conductor de la camioneta blindada de la FGE de la marca Chevrolet Suburban, donde viaja el fiscal general, no tiene encima ni una multa de tránsito por lesionar a un joven de 23 años de edad, a una señora de 40 años y dar tamaño empellón a otras dos, sin mayores consecuencias.

Por mucho menos que eso le recogen la licencia a cualquiera y, o lo mandan a la delegación o le “tuercen la mano” para llegar a un feliz arreglo.

¿Pues quién iba al volante? Les preguntaron nuestras mironas y fregonas fuentes, y nada más se pusieron el dedo índice en los labios, haciendo la señal internacional de “¡cállate la boca!”.

Quien quiera que sea el tal jefe, a estas alturas ya debería estar declarando ante el MP, pagando su multota y ofreciendo disculpas a las personas afectadas, pero nadie ha salido a dar la cara.

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Como diría mi general Villa: Primero suba la tarifa, después “viriguamos”. Ayer por la tarde se reunieron los camioneros de Chihuahua, esos a los que elegantemente les dicen “concesionarios del transporte público”, con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

¿De qué hablaron? Fuentes cercanas al salón Carlos Pacheco, donde hicieron la reunión, nos dicen que ya está más que planchado el tema del incremento a la tarifa, pero que solo falta definir el anuncio que emitirá el Gobierno de forma simultánea para que la subida del pasaje no le duela tanto al público que necesita subirse al camión para hacer su vida diaria.

Según nos cuentan, hay un pacto de silencio entre camioneros y autoridades para no volver a tocar el tema de la tarifa, sobre todo, después de que la entonces diputada Carla Yamileth Rivas levantó polvareda cuando dijo que el pasaje quedaría en 9 pesos por persona.

Ni una cosa ni la obra: no se hablará en público de la tarifa, que nos dicen, quedará en 9 “del águila”, ni tampoco de los camiones que financiará el gobierno para que los concesionarios le tapen el ojo al macho y hagan como que ya andan estrenando ruedas y asientos.

El detalle es que, a unos días de que se anuncie el nuevo “sablazo” al bolsillo de los sufridos usuarios, ni los mismos concesionarios pudieron decir la cifra exacta de cuántos camiones tienen y, de éstos, cuales saldrían de circulación, porque de plano, ni los chatarreros los quieren. 

O sea que, como dijo mi general Villa alguna vez: “fusílelos, después ‘viriguamos’”, que para el caso es lo mismo que “súbale a la tarifa, luego vemos cómo le hacemos”.

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El llevado y traído pleito entre Adriana Terrazas y sus “compañeros” de bancada morenista ya parece una de esas telenovelas que nomás no terminan, pero tampoco pasa nada.

Llevan meses diciéndose de cosas, eso sí, en voz baja, y aventando recursos ante las altas esferas del partido de la 4T, para enjuiciar a la diputada juarense por haber osado asumir la presidencia de la mesa directiva.

La verdad, vistas así de simples las cosas, cualquier podría decir ¡ya chole! pero el pleito trae más cola que un dinosaurio.

Las cosas llegan al punto donde el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, se encuentran jugando a las vencidas para ver quién es el próximo candidato al gobierno del estado por Morena. ¡Vaya pues!

Toda una vida legislativa tirada al bote del ácido muriático por un encargo que está muy lejos de definirse, tanto que para ese entonces ya habrá otro presidente…o presidenta de la República.

De plano, ese pleito es la auténtica “pólvora en diablitos”.