La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023 del Inegi deja muy mal parado a Chihuahua en materia de corrupción, tanto en el ámbito estatal como en el municipal, con vergonzantes primeros lugares o ubicaciones en el “top ten” de ese penoso ranking de mala atención a la ciudadanía.

En cuanto al número de víctimas por actos de corrupción, también nos llevamos esa medalla de oro que ningún atleta olímpico aceptaría, con 21 mil 891 por cada 100 mil habitantes, cifra que queda muy lejos del segundo lugar, el “medalla de plata en corrupción”, que sería Guerrero, con 18 mil 279.

En cuanto a “Actos de Corrupción en al Menos uno de los Trámites”, también al penoso podio, con la medalla de bronce, en tercer lugar, ya que se registraron 31 mil 904 casos, solo por debajo de Guerrero y Durango. La cifra indica que la corrupción en algún trámite, por lo menos, subió en un 107 por ciento.

El costo por cada víctima fue de 827 pesos, el más “barato” de todo el país, pero no por eso el menos preocupante, veamos por qué.

En 2023, la tasa de población que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y experimentó al menos un acto de corrupción fue de 13 mil 966 por cada 100 mil habitantes, a nivel nacional, pero en Chihuahua fue de 21 mil 891, o sea, un 56.7 por ciento más alta que el promedio de todo el país.

Ante todas estas cifras que nos revelan una triste realidad, cabe preguntarse en dónde está, entonces, toda esa estructura existente para revisar el gasto público, la actuación de los servidores y la aplicación de sanciones a quien haga un mal uso de su función.

¿Dónde están las sindicaturas, los órganos internos de control, la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Fiscalización del Congreso, y un largo etcétera?

A todo esto, ¿dónde está el mentado Bayo Valenzuela, zar anticorrupción del estado? Además de ver en qué fallaron los que estuvieron antes de que él llegara, y de ver la forma en que se caigan las investigaciones contra los funcionarios del duartato, ¿qué está haciendo para reducir o sancionar esas prácticas?

Las cifras del Inegi no dejan mucho margen de maniobra, porque Chihuahua quedó muy por encima de los promedios nacionales y en primeros lugares entre las entidades federativas.

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Y siguiendo con ese valioso documento –que publica el Inegi cada dos años, vale aclarar– cabe detenerse un poco y ocuparnos de los índices de confianza en las instancias de Gobierno y ver cómo las administraciones municipales le van ganando a las estatales en eso de granjearse a su población.

A nivel nacional, 48.2 por ciento de la población confiaba en los Gobiernos estatales, pero en Chihuahua, fue menor, de solo el 44.7 por ciento, que lo ubica en el lugar número 23, en el “top ten” de los más bajos, pues.

Esto porque solo 44 de cada 100 chihuahuenses confía en sus autoridades estatales, de todo tipo, no digamos solo de la administración centralizada, pues recordemos que estamos llenos de organismos autónomos, descentralizados y demás.

En cambio, las Presidencias Municipales de Chihuahua la libraron mejor, con un rango de confianza del 51.8 por ciento, cifra que los ubica en el sitio número 15, a mitad de la tabla, pues. Al menos no andan en la parte baja, como en otros indicadores.

A ver si le entendimos: la gente tuvo más confianza en sus alcaldes, en sus Policías Municipales, sus regidores, sus recolectores de basura y demás servicios básicos, que en el estado o, incluso que en la Federación.

¡A ver quién aguanta a más de un alcalde que conocemos!

La otra parte de la encuesta que está como para echarle neuronas es la de las instituciones que generan mayor confianza.

Ahí, la familia se lleva un primerísimo lugar, con un 87.4 por ciento de aceptación, seguido por las universidades públicas, con un 78.7 por ciento; escuelas públicas de nivel básico, con 78.5 por ciento; Ejército y Marina, 71 por ciento. Incluso los vecinos (71.4 por ciento) generan más confianza que otras instancias gubernamentales.

En la parte baja, digamos que en el “sótano”, para hablar en términos futboleros, los partidos políticos se irían a la segunda división, con solo el 28.9 por ciento de aceptación; le siguen las Cámaras de Diputados y Senadores (¡para variar!), con el 34.5 por ciento; los sindicatos, con el 38.5 por ciento; los jueces, con el 39.5 por ciento y los empresarios, con apenas el 46 por ciento.

Por cierto, el Gobierno Federal tiene un nivel de confianza del 59.61 por ciento, mientras que los estatales llegan apenas al 48.2 por ciento.

Son cifras oficiales, así que no nos vengan a reclamar.

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La elección de magistraturas del Poder Judicial del Estado se empantanó a tal grado que, de plano, ya la dejaron “ahí pa’ la otra”.

Como es sabido, para que un aspirante obtenga la titularidad de una magistratura, se requiere de la votación de al menos dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión del Congreso del Estado en la que se lleve a cabo la elección.

Para eso se requieren, más-menos, 20 votos, si tomamos en cuenta que el promedio de asistencia a las sesiones es de 30 diputados con capacidad de voto.

Vistas las cosas así, a vuelo de pájaro, parecería que los votos del PAN y del PRI, juntos, serían más que suficientes, pero algo se “atoró en el camino”, de modo que ya ni entre las fuerzas políticas que dominan el Legislativo estatal se ha alcanzado un acuerdo.

Como se recordará, en noviembre del año pasado, se publicó una convocatoria para cubrir siete vacantes del Poder Judicial del Estado, de un igual número de magistraturas.

La convocatoria, publicada por TSJ, establecía que, de esas siete magistraturas, cuatro estaban reservadas mujeres y tres para hombres.

De las que correspondían a mujeres, tres debían ser para personas que no trabajaran en el Poder Judicial, lo cual motivó que cayeran recursos de amparo en contra del proceso de selección.

Al final de ese proceso, solo se cubrieron dos de las vacantes: Fernando Mendoza Ruiz, para la 8ª Sala Civil del Distrito Morelos, y Karla Esmeralda Reyes Orozco para la Sala I de lo Familiar del mismo distrito.

¿Y el resto? A la buena de Dios, porque al menos en dos casos se tiene que relanzar la convocatoria, y en los otros tres, pues esperar a que se resuelvan los amparos promovidos por las aspirantes quejosas que quedaron descartadas por ser trabajadoras del TSJ.

Así que, a esperar a que esto se acabe de definir, tal como están paradas muchas otras cosas más.

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Tanto que se empeñan “los conservadores” en acabar con la 4T y con su partido insigne, Morena, y tan fácil que es dejarlos que se desbaraten solos.

Ejemplos los hay, y muchos, pero uno de los más notorios es el “tiro” que se traen al menos un diputado y dos diputadas locales contra su “compañera”, la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras.

Se trata de las diputadas Antonieta Pérez y Leticia Ortega, ambas de Juárez, y del diputado y coordinador parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, quienes han desconocido a Terrazas como integrante de la bancada de Morena.

El pleito data desde el año antepasado, cuando Adriana Terrazas aceptó ser presidenta del Congreso, a contrapelo de la decisión que había tomado el grupo, que era en favor de impulsar al diputado Benjamín Carrera Chávez para ese encargo.

El hecho es que el asunto llegó a los “golpes” judiciales, con recursos promovidos por la actual presidenta ante el Tribunal Electoral del Estado, donde ha conseguido sonoras victorias en contra de sus “compañeros”.

Primero, les ganó la partida cuando trataron de desconocerla como miembro de la bancada de Morena, y ahora, ella los tiene demandados por violencia política de género. Sí, a las tres personas: a Cuauhtémoc, a Leticia y a Antonieta.

El problema es que cada una de las personas señaladas están apuntadas como candidatas para diputaciones por los distritos II, en el caso de Leticia Ortega; VII, de Cuauhtémoc Estrada, y el X, de Antonieta Pérez.

Si el round lo ganara Adriana, adiós candidaturas, porque sus tres contrincantes quedarían inhabilitados para contender en esta elección.

De ser así, les quedaría el recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual deberá emitir un fallo antes del 25 de abril.

¡Qué chistoso se va a ver ese Tribunal, emitiendo un fallo a favor de Morena, en contra de Morena!

Les digo, que nada más déjenlos, al cabo se muerden solos.