No muy bien quedaron las cosas entre el rector Luis Alfonso “Sport Billy” Rivera Campos y el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mario Alberto Duarte Bustillos, por aquello del Presupuesto Participativo del Municipio de Chihuahua.

Para hacer memoria: en aquella ocasión, cuando se celebraron elecciones para determinar cuáles proyectos recibirían presupuesto del gobierno municipal de Marquito Bonilla, la Rectoría de la UACH y la facultad antes mencionada le entraron al quite, pero por cuerda separada.

Rivera Campos, empeñado en hacer de la UACH una potencia en futbol americano—aunque ande por los suelos en otras evaluaciones—pidió “kórima” a la Presidencia Municipal para renovar el alumbrado del “estadio” Nido de Águilas.

Duarte, a su vez, pidió el recurso municipal para realizar obras de mucho mayor impacto social e incluso académico, pues tienen que ver con adecuaciones a la planta física de esa escuela para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad.

Desde noviembre pasado, cuando se llevó a cabo la votación, Rivera Campos y Duarte Bustillos caminaron por sendas propias, con estrategias de “campaña” particulares y sin compartirse el uno al otro ningún esfuerzo para que ambos salieran ganando.

Lo cierto es que el proyecto de rectoría estaba cuesta arriba, pues buscaban ponerle alumbrado a algo que es más un lote baldío que un estadio de fútbol americano. De hecho, el dictamen les indica eso: que no se puede destinar recurso público a un proyecto que, en la práctica, aún no existe.

Así que la Facultad sí recibirá su recurso y hará sus obras de mejoramiento, mientras que el “Nido de Águilas” seguirá como el breñal intransitable que es hoy, a menos que le encuentren otro uso más razonable a ese terreno.

Ni hablar, parece que Luisito la perdió por balón suelto en el último cuarto. Así es el “americano”.

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La diputada morenista Leticia Ortega se quedó con la mano levantada, porque fue la única que aprobó la propuesta de llamar a comparecencia de tres secretarios del gabinete estatal para que respondan preguntas y aclaren dudas en torno al II Informe de Gobierno.

Solo ella y nadie más, porque el resto de la Comisión Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado votó en contra: Isela Martínez (PAN), Edgar José Piñón Domínguez (PRI) y Francisco Sánchez Villegas (MC) lo hicieron en contra.

Lo que pedía la morenista era que trajeran a comparecer a la secretaria de Educación y Deporte, Sandra Elena Gutiérrez Fierro; al de Salud, Gilberto Baeza Mendoza y, ¡cómo podía faltar! Gilberto “de la Torre (Centinela)” Loya, de Seguridad Pública.

Sin embargo, batazo de cuatro esquinas fue lo que recibió en la sesión del 8 de marzo de la mencionada comisión.

El priista Edgar Piñón propuso que, en dado caso, se les envíen preguntas a las y los secretarios, si es que algún grupo parlamentario así lo considera, y más o menos en el mismo sentido opinó “El pistolero” Francisco Sánchez, quien luego de hacer su propuesta nada más se desapareció de la transmisión y ni adiós dijo.

Lo que no tuvo desperdicio fue la justificación para no llamar a más gente a comparecer fue la de la presidenta de la Comisión, Isela Martínez, porque consideró difícil juntarlos a todos otra vez, ya que es frecuente que no completen ni el quorum legal. ¡Y eso que son nada más cuatro!

Así que el martes próximo se vuelven a juntar, después de la sesión ordinaria del Congreso. A ver cuándo terminan, porque, al paso que van, se les va a juntar con el III Informe, el del año próximo.

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La o las personas encargadas de la página web de Gobierno del Estado no han completado la alineación titular del gabinete de la gobernadora Maru Campos.

Bajaron, eso sí, la foto y el nombre del cargo de la secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, la que dice ser licenciada y arquitecta. No lo dice: hasta lo ha firmado en documentos oficiales.

Ya no aparece ni su foto ni el nombre de la dependencia que tuvo a su cargo. Y eso que se retiró, según la versión oficial, de manera temporal y para atender “asuntos personales”.

Esos “asuntos personales” son más bien electorales, y a nadie debería apenarle. Por el contrario: se le dio la muy digna función de ser candidata suplente a diputada federal de Manque Granados, con grandes posibilidades de quedarse con la titularidad si aquella apunta para cargos más altos.

Lo curioso es que el nombramiento de José Iván Cruz Estrada como secretario de Cultura se anunció en comunicado oficial desde el 22 de febrero pasado y aún no se le coloca en la galería de funcionarias y funcionarios de gabinete.

¿Será porque no le han tomado la protesta de ley? Quién sabe.

Al nuevo funcionario y miembro del cuadro de honor le tocará torear una de las áreas de la administración pública que más ampollas ha levantado en los últimos tres años.

Ahí estuvo el tema de la obra de teatro “La golondrina y su príncipe” y su presupuesto de casi 40 millones de pesos; la cancelación del Festival Internacional Chihuahua en el 2022 y los reclamos de la comunidad teatral por el pésimo estado en que se encuentran los teatros del estado.

Fácil no la tiene, pero, a juzgar por lo que dice su currículum, tiene vasta experiencia en materia administrativa y no desconoce el tema cultural.

Así que, suerte en el encargo, y que pronto lo pongan en el “Cuadro de honor”.

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El Instituto Estatal Electoral aprobó recientemente su Programa de Educación Cívica, Participación Ciudadana y Capacitación Año 2024, en el cual se incluye un diagnóstico que nos indica que no andamos tan bien en democracia como creíamos.

En el diagnóstico se señala “como elemento crítico”, que Chihuahua tiene alto índice de marginación democrática de las comunidades y pueblos originarios.

Este sector de la población ha estado “históricamente marginados, atendiendo y escuchando sus demandas mediante consultas, mesas, foros y capacitaciones y contribuir con ello a la construcción de políticas públicas”, dice.

Los datos del Índice de Desarrollo Democrático colocan a nuestra entidad en el lugar 22 en el ranking de los 24 estados que cuentan con un número significativo de población indígena, en condiciones de exclusión de derechos sus y libertades, particularmente en lo relativo al acceso a educación y trabajo.

Eso nos lo dicen ahora, cuando está en puerta el proceso local para renovar el Congreso del Estado y los 67 Ayuntamientos.

Nos dicen, en otras palabras, que después de no pocos años de meterle dinero a partidos políticos, a programas de difusión de cultura electoral y de fomentar la no discriminación y la inclusión, estamos casi en las mismas.

Nada más hay qué echarle un ojo a las candidaturas que registrarán los partidos políticos para ver que serán pocos, muy pocos los registros de personas pertenecientes a alguna comunidad originaria.

Y eso no es todo: también nos dicen que, respecto a la percepción de la legalidad, una encuestadas desconocen o no han oído hablar de la democracia.

¡Con la que salimos! Tanto dinero gastado en organismos, en spots, cancioncitas, actividades, carteleras y demás, y no hemos podido plasmar el mensaje de legalidad que convenza a la población de que la democracia sirve, y mucho.