Ayer jueves, un grupo de síndicos, encabezados por la chihuahuense Olivia Franco, se apersonaron en el Congreso del Estado para pedirle al nuevo jefe del Legislativo, el diputado panista Alfredo Chávez Madrid, que le ponga mano a esa figura que ha ido quedando tan descolorida a lo largo de los 25 años que tiene de vida.

Lo que no le han dicho a la síndica chihuahuense y a personas que la acompañaron es que ya existe un proyecto de reformas a la sindicatura, pero no va en los términos que ella o cualquier otro demócrata quisiera.

A estas alturas, el diputado Chávez y el panismo en general ya deberían haberles avisado a sus efectivos políticos, incluidos sus síndicos, que tiene una reforma de calado hondo en la cual se contempla la desaparición de las sindicaturas, al menos como las conocemos actualmente.

El proyecto de reformas constitucionales que presentará el PAN en fechas próximas incluye eliminar al síndico de la boleta electoral, como figura independiente y producto de una votación aparte, para incluirla en la de Ayuntamiento, cual si fuera un producto más en la lista del “súper”.

Así de menguada y desfigurada quedará la sindicatura que creó el Congreso del Estado con la reforma constitucional y electoral de 1997, a propuesta e impulso del diputado, Dagoberto González, del PRD en aquella lejana época cuando ese partido se comportaba como oposición de izquierda.

Lo que buscó en aquel entonces el perredista, de crear una instancia de fiscalización independiente del cuerpo de gobierno municipal, quedará en una cartera más por repartir entre las burocracias partidistas.

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Todo indica que los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2021 del Gobierno del Estado terminarán en una serie de acciones penales en contra de dos de los principales operadores del corralismo: Arturo Fuentes Vélez y Eduardo Fernández.

Al primero, le quieren echar el guante desde hace tiempo, y no solo por el tema de los presuntos desvíos de recursos etiquetados para cubrir otro tipo de gastos —lo que en casa le llamamos “hacer un hoyo para tapar otro”—sino por el rasposo caso del pago a una empresa de plástico que supuestamente hizo la reestructuración de la deuda.

Nada más para darnos una idea: el expediente de la “asesoría” para refinanciar los dinerales de deuda que dejó César D.J. habla de un desvío superior a los 90 millones de pesos. Es una suma similar a la que tiene hoy en día en la cárcel al exgobernador.

Activistas del panismo le contaron a Doña fregona que la muina que el actual Gobierno le tiene al exsecretario de Hacienda corre por cuenta propia y no necesariamente está ligada a la fobia que se le tiene al exgober Corral.

Según las cartas que nos llegan desde el rancho blanquiazul, el “entre” que se trae el grupo que ahora gira en torno a Maru Campos en contra de Arturo Fuentes Vélez viene de tiempo atrás, de aquellos años dos miles, cuando los mismos panistas denunciaban a sus compañeros de partido por hacer las mismas triquiñuelas en los procesos de selección de candidatos que tanto le señalaron al PRI.

Lo de Lalo Fernández tampoco se irá dioquis: ahí está el petate del muerto de las medicinas caducas, tema del que ningún Gobierno mexicano, y tal vez extranjero, puede hablar sin morderse la lengua.

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En la actual legislatura, como en todas, hay quienes simplemente ven pasar los días del cobro de dieta sin despeinarse un pelo, y los que a como dé lugar quieren tener el micrófono y la tribuna a su servicio.

A ese tipo de diputados les han llamado “exhortistas”, porque no se saben de otra que estar subiendo “respetuosos exhortos”.

La diputada cetemista Georgina Zapata está en ese grupo, aunque justo es decir que sí se molesta en proponer un que otro cambio a las leyes vigentes en el estado.

La lata para ella es que a veces pide que se instaure lo que ya está escrito en la ley, como esa propuesta que hizo ayer, de reformar la Ley del Notariado que promulgó Javier Corral hace apenas dos años.

Lo que la priista juarense pide está ya plasmado en la ley de marras, así que no se le ve por dónde. Si hubiera propuesto topes a los groseros cobros que hacen los notarios por hacer una escritura de una casa de interés social, a lo mejor sí le hubiera pegado.

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La nota que publica este jueves el Washington Post, sobre un supuesto acuerdo entre los Gobiernos de Joe Biden y AMLO está como para poner a temblar a los Gobiernos fronterizos de México, y en especial al de Chihuahua, con Juárez en situación particular.

Según el pomadoso diario gringo, las dos administraciones habrían alcanzado un acuerdo para que México reciba a miles de deportados desde Estados Unidos, pero de las más diversas nacionalidades.

El detalle aún se desconoce, pero el modito ya nos lo sabemos los chihuahuenses, aunque no hayamos estado adentro de la oficina donde se hizo esa oscura negocia.

Desde tiempos de Obama, al Gobierno vecino le dio por dejar a los migrantes caribeños y centroamericanos en el mero puente, como para que ya nada más le caminaran hacia adentro de Juárez y de ahí pa’ delante, que se las arreglaran como pudieran, los migrantes y las autoridades mexicanas.

Si ya de por sí no nos la acabamos con tanta persona que deambula por las calles de Juárez y de Chihuahua pidiendo “una ayuda” para sobrevivir en tanto vuelven a intentar el cruce hacia los Estados Unidos, no sabemos cómo nos iría de resultar cierto este dichoso nuevo acuerdo.

Para el Gobierno federal de la 4T ha salido muy barata la crisis migratoria porque deja pasar, ve cómo se amontonan en las fronteras y nada más les echa porras a los gobiernos fronterizos para que le hagan frente al problema. De plano, a temblar con este nuevo amasijo que se traen entre manos los dos gobiernos.