Si las protestas con motivo del 8 de marzo levantaron ámpula y alarma entre una parte de la sociedad chihuahuense, en especial, a la de perfil más conservador, la otra lucha jurídica de organizaciones feministas podría hacer reventar las ampollas.

Se trata de la campaña que emprendieron tres organizaciones civiles para ofrecer asesoría jurídica a mujeres que quieran apegarse a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para practicarse un aborto legal, por decirlo de alguna manera.

Las promotoras ya hasta hicieron colocar un anuncio espectacular en una de las avenidas más atiborradas de autos y peatones de la ciudad, como es la Tecnológico, justo frente a uno de los emblemas del pomadoso y muy conservador sector empresarial de Chihuahua: el Expo Chihuahua Centro de Convenciones y Exposiciones.

Según le dieron a conocer a este medio, las organizaciones no llevarán la disputa a las calles, como sí se hace con otras causas allegadas al feminismo, sino a los mismísimos tribunales del fuero común y del fuero federal, donde no quede otra más que acatar los criterios que ha establecido la Corte, que no son ni de cerca del agrado de los antiabortistas.

Ese criterio, emitido desde el 2021, establece que la negación de los servicios médicos para efectos de suspensión de embarazo es “inconstitucional” y, por lo tanto, la parte que se niega a practicarlo incurre en una infracción a la ley básica del país.

Amparo o no, el tema siempre ha levantado sarpullido, sobre todo en las regiones centro y sur del estado, donde recibe de inmediato un encendido rechazo de parte de diversos sectores.

Habrá que ver cómo termina esa disputa y si esta se mantiene en los pasillos de los tribunales, y si de ahí se pasa al salón de plenos del Congreso de Estado para una reforma que, al igual que otras, no dejará contentos a todos…o a nadie.

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Ahora que el Gobierno del Estado anunció con toda la pompa que hará una inversión millonaria en la Deportiva Zona Sur de la ciudad de Chihuahua, salió a relucir la millonaria suma que se ha fugado a causa del robo y los actos vandálicos que sufre esa instalación.

Datos proporcionados por el Instituto Chihuahuense del Deporte nos ponen los pelos de punta, porque son más de 20 millones de pesos los que han perdido las finanzas estatales a causa del robo de materiales eléctricos en esa concurrida ciudad deportiva.

Son 20 millones que suman por el robo de los cables de cobre que se instalaron para los sistemas de alumbrado, para otros objetos que se han robado, sin contar con el costo que tiene la reparación del equipamiento por actos vandálicos.

Esos robos no se dan en comercios, industrias o casas-habitación, sino en una instalación gubernamental situada entre avenidas más congestionadas del sur de la capital.

Es decir, que delante de todos los viajantes que llegan desde el sur o que salen rumbo a esa dirección, los ladrones se han llevado lo que han querido.

Si así vigila nuestra policía municipal las cosas propias del gobierno ¡cómo nos vigilarán a todos nosotros! Bien vale preguntarnos en manos de quién estamos.

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El ayuntamiento de Guadalupe y Calvo ya se arremangó la camisa y se puso a atender a los habitantes de su demarcación que padecen pobreza alimentaria. Hambruna, para decirlo de una manera más cruda, como es el problema.

El alcalde Julio César Chávez Ponce informó ayer que atendieron el llamado desde el momento en que les llegó la notificación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que atendieran la falta de acceso al derecho a la alimentación que sufren cientos, tal vez miles de sus habitantes.

“¡No como otros!”, diría el buscapleitos. Según la administración estatal, el problema ya estaba atendido porque les habían repartido raciones de un alimento a base de cacahuates.

Por las dudas, no vaya a ser que el mentado plan no valga tres cacahuates, pero el municipio ya se puso la pila.

Bien dice que refrán que el hambre “es canija, pero más el que se la aguanta”. No vaya a estallar por ahí un foco de irritación social.

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El asesinato del joven Adriel Anselmo Leyva Ceballos de 23 años, de oficio enfermero, y su padre, Anselmo Leyva, de 56 años, ocurridos en el poblado rural de Santa Ana, Guachochi, no solo enlutó a la familia y al pueblo donde trabajaba, sino que vino a complicar la prestación de servicios de salud en las regiones más alejadas.

La demanda de los jóvenes egresados de la Facultad de Medicina de la UACH ya estaba en la mesa: no quieren ir a prestar servicio social a las comunidades serranas porque temen por su vida. 

El IMSS, nos cuentan, tiene necesidad de colocar al menos 30 vacantes de prestación de servicios social a los alumnos recién egresados de la Facultad de Medicina, pero se está quedando con las plazas vacías, porque los egresados no quieren salir de su ciudad.

Si el problema ya era mayúsculo, tras los hechos terribles del sábado pasado en Guachochi se pondrán poquito peor. Menos aún van a querer ir hasta comunidades como Santa Ana, donde no hay otra ley que valga que no sea la del más ¿fuerte?